La persistente alza y dispersión de precios, ya sea con mayor o menor intensidad dependiendo del momento, es un potente generador de mal humor colectivo. Provoca la erosión de la base social de los gobiernos. Aquí y en cualquier otro país. Esos ajustes a veces son exagerados por los grandes medios, debido a la tensión que existe en el universo de la política. Es cierto que no existe un alza generalizada que lo defina como un período de inflación alta. Pero las subas en diferentes rubros, según la temporada, derivan en un clima de insatisfacción, a pesar de que los ingresos pudieran estar acompañando esa tendencia. En un contexto donde el debate sobre el Indec ha disminuido, debido a la apertura en la comunicación de la conducción del Instituto, a la convergencia con los índices privados y al canje de deuda con CER, se presenta la oportunidad de instrumentar una consistente política de ingresos. La coordinación en la estrategia de precios y salarios, junto a una clara exposición del rumbo estimado en materia monetaria, cambiaria y fiscal, brindaría la posibilidad de definir un sendero que disminuya el ritmo de remarcación. La cuestión no pasa por unas décimas más o menos en el índice de precios al consumidor de cada mes, sino en reconocer que se requiere exteriorizar que la gestión económica tiene como objetivo trabajar sobre ese problema. Tanto en el frente de las expectativas económicas con la política de ingresos como en la propia estructura económica para ampliar la frontera de producción con inversiones y con competencia. El tema precios no reviste el nivel de dramatismo de experiencias traumáticas pasadas, pero refleja que la dependencia responsable en el organigrama del Ministerio de Economía no está mostrando resultados satisfactorios. La prueba del mediocre saldo en la tarea de la Secretaría de Comercio se expone en la sucesión de anuncios sobre descuentos en canastas de bienes diversos (medicamentos, productos de Navidad, alimentos y bebidas en supermercados). Si se necesita instrumentar una medida para reducir precios vía cesta de productos, por un período variable de semanas, implica que antes hubo ajustes por encima de lo deseado para el presupuesto familiar.

La sucesión de acuerdos del secretario Guillermo Moreno con las grandes firmas para definir descuentos tiene destino previsible: la frustración. Anuncios que despiertan una expectativa desmedida que luego las empresas no cumplen porque no existen normas de premios y castigos en esos pactos. Sólo la construcción realizada por la cadena nacional de medios privados de un personaje que alimenta anécdotas acerca de sus destempladas reacciones pudo ubicar a Moreno como un funcionario que arremete contra las empresas. El resultado de su gestión en materia de precios no refleja esa supuesta dureza en las negociaciones con compañías líderes de mercados sensibles. La cuestión de los precios adquiere hoy aún más relevancia no porque haya un ciclo de alza más intenso, sino porque la economía está superando la fase recesiva, reanudando un período de crecimiento. Las presiones inflacionarias entonces reaparecerán, teniendo en cuenta la inercia en el comportamiento de los principales agentes económicos, así como también por las características de la estructura productiva local. El antecedente inmediato enseña que con una economía oligopolizada creciendo a ritmo sostenido, con una firme demanda, los precios se aceleraron. Por ese motivo, la gestión económica debería estar atenta con una política más sofisticada que la de ser espectador de anuncios de una serie de canastas de productos con descuentos.

Los controles de precios son muy importantes para superar un proceso de alta inflación. Así lo muestran experiencias locales e internacionales, como la comandada por uno de los grandes economistas del siglo pasado, John Kenneth Galbraith, en los Estados Unidos en el período de la Segunda Guerra Mundial. Luego de aplicar un control exitoso, la recomendación de los especialistas es pasar a un diseño más complejo que consiste en una política de administración de precios. Ni una ni otra estrategia ha formado parte del menú de la Secretaría de Comercio Interior. La actual situación necesita de una política de administración de precios instrumentada en forma profesional. Para ello se requiere de una estructura estatal capacitada para analizar e intervenir en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de los productos esenciales de la canasta familiar de bienes y servicios. De ese modo se estaría en condiciones de detectar las distorsiones en cada etapa de elaboración para acomodar los vínculos entre los protagonistas de esa cadena, así como también la relación entre sectores. Todo ello para defender el presupuesto del consumidor final y la actividad económica dependiente de los productores de insumos intermedios.

El alza de precios en estos años no ha tenido a los motores tradicionales de ese habitual proceso en la economía argentina. No se verificaron factores que lo hayan alimentado por el frente monetario o fiscal, ni por el lado de los costos o de una demanda desbocada. Existe una presión constante por la política cambiaria por un tipo de cambio relativamente elevado, pero las retenciones a las exportaciones actúan de amortiguador. La política para mantener un tipo de cambio elevado –es decir, por fuera del nivel de equilibrio al que tendería en ausencia de la participación del Banco Central en el mercado– requiere de manera necesaria de instrumentos adicionales que impidan que el valor alto del dólar se traslade íntegramente a los precios de los bienes transables en el mercado local. Por eso es que un tipo de cambio alto debe combinarse necesariamente con retenciones a las exportaciones (para todos los productos, incluyendo los bienes industriales) y acuerdos de precios en las ramas más concentradas, especialmente para los bienes no transables.

En este último aspecto aparece la debilidad de la política oficial con relación a los precios. Se sabe que cuanto mayor sea el poder monopólico, tanto en la producción de bienes como de servicios, mayor será también su capacidad para apropiarse del resultado del incremento de los precios por encima de los costos, obteniendo así una ganancia extraordinaria. Y la pronunciada concentración del capital que se evidencia en la economía argentina no ha hecho más que crear las condiciones para que las empresas de ciertas ramas puedan multiplicar sus ganancias extraordinarias. Los balances de las principales firmas del rubro alimentos son elocuentes en ese sentido. Molinos (controlada por la familia Pérez Companc), Ledesma (Blaquier) y Arcor (Pagani) registran utilidades que van del 20 al 30 por ciento por encima de las contabilizadas el año pasado. Parte de esas ganancias se obtuvo por sus negocios con el exterior y con eventuales mejoras en la productividad y baja de costos, pero una porción importante de esos fabulosos resultados se anotaron por alza de los precios de los productos que venden en el mercado doméstico. Ajuste que lo pueden aplicar sin miedo a perder participación en las ventas del sector porque ejercen una posición dominante en el mercado.

El problema de los precios no es sólo una cuestión técnica, que indudablemente debe considerarse y abordarse con una consistente política de ingresos. Pero reclama a la vez que se lo considere analizando la estructura de la economía. Así se revelaría que los ajustes también tienen su origen en la posición dominante que ejercen grandes empresas, que las lleva a defender y ampliar sus ganancias extraordinarias vía aumentos de precios.

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