El Banco Central pretende cubrir las reservas internacionales de cualquier embargo que puedan intentar los fondos buitre a partir de la decisión del Gobierno de usar parte de las divisas de libre disponibilidad para el pago de deuda. Esos grupos de acreedores podrían alegar que las reservas se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo utilizando sólo un decreto. El presidente del Central, Martín Redrado, quien recibió la semana pasada una carta de un grupo de legisladores de la oposición para que no ceda las reservas al gobierno nacional, envió a la Subgerencia General jurídica de la entidad el decreto para que evalúe la legalidad de la iniciativa. Desde el organismo señalaron que “se trata de una simple formalidad”, aunque reconocieron que “si no es tratado por el Congreso, traerá complicaciones con los fondos buitres”.

A pesar de que no es la primera vez que se utilizan reservas para abonar compromisos financieros, los canales por los que transitará la decisión de crear un Fondo para las deudas de 2010 comienzan a generar divisiones entre el Central y Economía. El punto más discutido de la iniciativa es que se haga mediante un decreto de necesidad y urgencia. “La primera comparación que se hace respecto del pago al Fondo es que en ese momento hubo aprobación parlamentaria”, señalaron a Página/12 desde el Central. El riesgo es que, si no se trata en el Congreso, podría debilitarse la posición de la Argentina frente a los fondos buitres. “Hay que cuidar el tema del alter ego”, esgrimió la fuente, en referencia a que se interprete que las reservas son del Estado y no del Central.

En referencia al envío del decreto al departamento legal del Central, el directivo aseguró que se trata de una “formalidad”. “Siempre que hay una decisión que afecta al banco se remite allí para su análisis”, explicaron a este diario. De hecho, los pasos parecen corresponder a los transitados cuando se determinó abonarle anticipadamente al Fondo Monetario con reservas. Luego de que se anunciara el pago y se publicara el decreto, se envió al departamento legal del BC. Más tarde, con la aprobación de la cámara de Diputados y del Senado, se trató nuevamente en Directorio del Central y se liberaron los fondos.

La vaguedad en el destino de los fondos –se utilizará para deuda en moneda extranjera– también promete ser un escollo ante un reclamo de los holdouts que están en litigio con el Estado argentino. “Fue mucho tiempo de litigios para evitar los embargos, por suerte exitosos para el país, pero que salga por decreto nos juega en contra”, reconoció un estrecho colaborador de Redrado.