“Redrado no es el dueño del Banco Central. Es sólo su presidente. Es el número uno de un directorio de diez personas, todas nombradas por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado. Si el directorio dicta una resolución por mayoría con la que Redrado no esté de acuerdo, la tiene que cumplir. No tiene poder de veto”, escribió Gustavo Arballo, profesor de abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa. El jurista tocó un punto clave de la pelea entre el Gobierno y el titular de la autoridad monetaria. Si Redrado insistiera en permanecer en el puesto y la Justicia lo siguiera amparando, tal como hizo la jueza María José Sarmiento, la Casa Rosada buscará acorralarlo a través del directorio del Banco, el verdadero órgano de gobierno de la entidad. El escenario que le espera es de derrota en todas las votaciones, dado que la correlación de fuerzas le es contraria por siete a tres. El desgaste y la presión interna no le serían fáciles de asimilar.

El presidente del Central está obligado a convocar a reunión de directorio una vez cada quince días. Si hay empate en las votaciones, su voto vale doble, pero no tiene poder de veto si su posición resulta derrotada. Además de Pesce, los directores que responden al Gobierno son Sergio Chodos, Carlos Sánchez, Arnaldo Bocco, Gabriela Ciganotto, Waldo Farías y Arturo O’Connell. Este último, sin embargo, se encuentra de vacaciones y –en principio– tiene previsto regresar hacia fin de mes. Del lado de Redrado se ubican Carlos Sánchez y Zenón Biagosch, quien a su vez estaba a punto de emprender un viaje. Los directores oficialistas preparan para esta semana una ofensiva sobre el ex golden boy, en caso de que permanezca en el cargo.

“Incurrió en abuso de poder. El tendría que haber convocado a reunión de directorio, que es el órgano que toma las decisiones”, dijo un encumbrado funcionario a Página/12. En lugar de someterse a ese cuerpo, acusó, Redrado desconoció el decreto de necesidad y urgencia que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario y anuló el llamado a una sesión del directorio prevista para el último jueves. Ese es uno de los ejemplos que ponen en el Gobierno para demostrar que Redrado está haciendo política y no un trabajo técnico, como pregona.

“El presidente del Central no puede hacer per se control de constitucionalidad ni de oportunidad o mérito de las leyes que le ordenan cosas: no puede abstenerse de hacer algo porque no está de acuerdo”, advirtió Arballo. “El Ejecutivo usó el mecanismo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) previsto en la Constitución y regulado en la ley 26.122. Por esa vía se puede legislar cualquier cosa que no sea materia penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos. En tanto el DNU 2010/09 de Fondo del Bicentenario está vigente, Redrado está incumpliendo la legislación que debe aplicar”, consideró. También hizo referencia a otro punto de debate en estos días: “El BCRA es autónomo en el sentido de que no puede recibir órdenes del Ejecutivo, pero no es un sujeto soberano con libertad de acción”. Por lo tanto, concluyó, tendría que haber cumplido con el DNU.

En el Central creen que aun con nuevos fallos judiciales en su favor –que estiman poco probable–, Redrado terminará renunciando en dos o tres semanas, porque estará encorsetado en el directorio y no podrá coordinar la política monetaria y cambiaria con el Poder Ejecutivo. “Es una locura. El costo político de causarle daño a la economía por esta crisis le terminará alcanzando. Los empresarios tampoco se lo van a bancar”, especuló un hombre del Gobierno.

Entre las ideas que circulan en el Ejecutivo, una de ellas es que el Central adelante la transferencia de utilidades del ejercicio 2009, que debería concretarse en abril. La autoridad monetaria obtuvo ganancias en torno a los 20 mil millones de pesos el último año (unos 5200 millones de dólares) por el aumento en la cotización de los títulos públicos que forman parte de sus reservas, entre otros motivos. El Gobierno podría apelar a esos recursos de manera anticipada para ir concretando los pagos de deuda que proyectó con el Fondo del Bicentenario.

La discusión de fondo, sostienen en el Ministerio de Economía, es entre un gobierno que busca liberar recursos del presupuesto para gastar más en obras y desarrollo, y la oposición de derecha que quiere el camino del ajuste. A las críticas que le llegan desde el centroizquierda les atribuyen mera especulación política y las acusan de ser funcionales a los intereses de la derecha.

“Pino Solanas nos corre con argumentos de izquierda, dice que hay que discutir la legitimidad de la deuda, pero lo único que hace es sumarse al coro de los que no quieren que usemos las reservas para gastar más en rutas, centrales eléctricas y en la asignación por hijo”, reprochan. La versión del oficialismo es que resulta una buena idea sumar recursos al Tesoro de las reservas del Banco Central –por demás excedentes– para pagar vencimientos de deuda y, de ese modo, quitar del compromiso fondos que iban a usarse del presupuesto para tal fin. La oposición retruca que si el Gobierno quería gastar más, lo tendría que haber planteado cuando se trató el Presupuesto 2010, para debatir también el destino de las partidas adicionales.

Los economistas de la city también ponen la mira en el gasto público. Coinciden en que el objetivo del Gobierno es tener más recursos para gastar. De acuerdo con su visión, eso es un problema porque el gasto ya viene creciendo muy por arriba de los ingresos tributarios y eso traerá inflación. Es la visión ortodoxa clásica de los ’90, que desconoce, entre otras cosas, el papel de los formadores de precios y de los sectores concentrados de la economía en la evolución de la inflación. “Nadie se rasga las vestiduras porque se usen reservas para pagar deuda. Eso puede ser hasta una buena medida. El problema es el gasto”, insisten.