La teoría neoclásica, nacida a fines del siglo XIX en la primera fase de concentración y globalización económica, se construyó sobre un modelo en el que la distribución del ingreso es endógena al funcionamiento económico. El enfoque supone que los mercados de factores (trabajo, capital y tierra) determinan en su libre funcionamiento los precios de equilibrio de los mismos, arribando a una optimización social de cantidades y precios. Esta concepción de la vida económica implica que las intervenciones públicas para redistribuir ingresos y riquezas provocan distorsiones que perjudican el bienestar, de lo que se deduce que el Estado no debe intervenir a tal fin, por ejemplo, con impuestos progresivos para menguar la pobreza ni con controles de precios para reducir ganancias empresarias. La presentación neoclásica, hecha con un estilo académico, conlleva a una propuesta permanente de retirar al Estado de la economía y extender el mecanismo mercantil para la resolución de todas las cuestiones de la vida económica y social de la población. El punto de vista neoclásico surgió como una novedad que reaccionaba respecto de la Economía Política, disciplina que había surgido enclavada en la disputa de intereses entre distintas clases y sectores sociales en los albores del capitalismo. El nuevo enfoque perseguía la separación entre Economía y Política, tanto que cercenó a esa ciencia social su mismo nombre, amputándole la política y llamándola Economía a secas. La mutación no era inocente, contribuía a un paradigma que intentaba detraer ese campo de conocimiento de su uso fértil en la lucha social, como instrumento para el progreso, y replegarla sobre enclaustrados ámbitos académicos para insuflarle un espíritu conservador. La separación de lo económico con lo político y el enfoque de “autoridad científica” que revelaba los males de la intervención estatal, propendía a un predominio del mercado sobre el Estado en las definiciones del modo de vida de las ciudadanías.

El predominio del mercado sobre la Intervención Estatal tiene un carácter desdemocratizador de las sociedades capitalistas, porque la esfera en la que la ciudadanía expresa su voluntad es la de la política, la del voto, la de la participación activa, la de la igualdad. En cambio, el ámbito económico, y más en las economías concentradas, es el de las de-

sigualdades, de las diferencias económicas. Contradictoriamente con estas realidades, los economistas y politólogos del establishment internacional valoran como virtud democrática fundamental la expansión del mercado, como también lo hacen con la vigencia irrestricta de los derechos de propiedad, sin distinguir –deliberadamente– entre la propiedad de un bien personal y la del derecho de propiedad empresaria, oponiéndose a cualquier limitación sobre ésta. Conciben a ambos, mercado y propiedad empresaria irrestricta, como símbolos de los derechos individuales frente al Estado. Producen así una mutación de los derechos civiles, cuya sustancia es la defensa de los ciudadanos frente al abuso de los poderosos, para metamorfosearlos a conveniencia de los grandes poderes, a fin de proteger a grandes intereses respecto de la política pública dirigida a la modificación del statu quo social.

El enfoque neoclásico predominó como sustento académico del neoliberalismo, una vez que se precipitó el fin del mundo bipolar y la hegemonía keynesiana en las economías del bienestar (1936-1970). Este predominio surgió de modo coincidente con el inicio de la segunda fase de concentración y globalización. Durante esta etapa de “financiarización” se impuso la autonomía de los entes públicos que intervienen en el campo de las finanzas y otros ámbitos de la vida política y económica con un claro objetivo: la protección del poder económico (el “mercado”), sitiando cualquier posibilidad de profundización democrática. Así, la trinchera de la “independencia” del Banco Central intenta hoy ser utilizada para defender las finanzas de las decisiones que los ciudadanos, a través de sus autoridades electas, adopten. Los bancos centrales “independientes” han constituido, en la mayoría de los casos, enclaves de un poder financiero internacional en ascenso durante toda la fase de auge del neoliberalismo. Fueron un reducto de homogenización legal y normativa de los distintos países en el molde de lo prescripto por los organismos financieros. En un nutrido número de casos se constituyeron situaciones típicas de “captura del ente” por parte de estos organismos y de la banca transnacional. El debilitamiento de las atribuciones de las autoridades electas devino en la “profesionalización” de la política monetaria y en la cooptación de las estructuras técnicas de esas entidades por parte de las burocracias financieras globales. La defensa de la “independencia” del Banco Central abreva en el espíritu de sustracción de la economía de la intromisión popular. Conduce a la negación de la ciudadanía y a la reducción de la democracia a sus lógicas exclusivamente formales. La Ley de Entidades Financieras sancionada por la dictadura y la Carta Orgánica del Banco Central originada en la gestión Menem-Cavallo, que conforman una legislación financiera cuya modificación es clave y aún está pendiente, pertenecen a este paradigma.

Tributaria de la misma lógica es la concepción que pretende amordazar al gobierno nacional respecto del uso de las reservas para la atención de la deuda. El concepto de la regla fiscal “dura” que persigue obligar a que cualquier uso de las divisas de las reservas se efectúe con su respectiva contracción monetaria responde al mismo enfoque: restringir la capacidad de acción política de las autoridades democráticas. El lenguaje, nunca ingenuo, revela la capciosidad de los neoliberales que denominan, de modo peyorativo, discrecionalidad a los grados de autonomía gubernamental para intervenir en la economía.

Argentina transita un andarivel distinto desde 2003. Las políticas de ingresos, la intervención pública activa, el tipo de cambio competitivo, diferencial y administrado, la estatización del manejo de los fondos jubilatorios, son ejemplos de recuperación para la esfera ciudadana de espacios de decisión que habían sido entregados a los espacios mercantiles por las gestiones ortodoxas. La facultad del Gobierno para utilizar las reservas y la articulación de la política monetaria en la política económica general de éste, son necesarios para solidificar, profundizar y dotar de coherencia a la renovada direccionalidad de fusión entre política y economía.

* Economista, Director del Cefid-AR y Profesor de la UBA.