El presidente del Banco Central, Martín Redrado, sigue acumulando denuncias. Esta vez lo acusó el ex responsable de asuntos jurídicos de la entidad, Marcos Moiseff, porque lo desplazó del cargo “de manera unilateral”. Este funcionario había ascendido a subgerente del área de Legales el último jueves, durante las pocas horas que Miguel Angel Pesce, vicepresidente del Central, ocupó el lugar de Redrado. Cuando el titular del organismo retomó el cargo, gracias al amparo de la jueza María José Sarmiento, anuló la promoción de Moiseff. Esto podría enmarcarse en la figura de abuso de poder, ya que el ascenso había sido aprobado por el directorio, que es el verdadero órgano de gobierno del BCRA, y el presidente no tiene atribuciones para modificar sus resoluciones, de acuerdo con la denuncia.

Moiseff es el abogado que emitió un dictamen recomendando a Redrado acatar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario y la transferencia de 6569 millones de dólares de las reservas al Tesoro. Lo hizo ante la solicitud del director del Central y presidente de la Comisión Número 4 del organismo, Sergio Chodos, quien responde a Amado Boudou. Moiseff consideró que los DNU tienen fuerza de ley y hay que cumplirlos. También aclaró que el Congreso los puede anular, pero “si llegara a existir el mentado rechazo, aun así, de todas maneras, quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.

Ese argumento forma parte del DNU por el cual el Gobierno echó a Redrado –medida que luego fue trabada por la jueza Sarmiento– y lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al respecto, el titular del Central presentó ayer nuevas pruebas en la causa judicial por su remoción. El abogado Gregorio Badeni, patrocinante del funcionario, amplió la presentación ante esa magistrada. Entregó los dictámenes de las áreas técnicas del BCRA que se realizaron a su pedido para determinar la legalidad de la utilización de las reservas. El objetivo es demostrar que no incumplió sus funciones. “Con eso se prueba que en doce días hábiles se habían producido todos los informes a pesar de los feriados de Navidad y Año Nuevo y que sólo faltaba el informe del auditor externo”, explicó Badeni. por lo que consideró que “no hubo demoras”.

La presentación de Moiseff, en tanto, recayó en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, quien envió el caso al fiscal Guillermo Marijuan para que analice si corresponde o no una investigación. Allí se sostiene que se cometió “una grave irregularidad” en el desplazamiento del cargo de subgerente de Asuntos Legales. Redrado desechó el dictamen de Moiseff que le recomendaba avanzar con el Fondo del Bicentenario y se quedó con otro dictamen de otra área jurídica del Central –también con competencia para opinar sobre el tema– que le sugería esperar a que el DNU tuviera tratamiento legislativo.

Más allá de la suerte de esta denuncia y de la que hizo el Gobierno por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el margen de acción de Redrado dentro del Central es mínimo. Tiene al directorio en contra y el diálogo virtualmente cortado con el Poder Ejecutivo. El directorio es un cuerpo con diez integrantes, incluido Redrado, en el cual siete miembros responden al Gobierno. La debilidad del funcionario quedó en evidencia cuando no pudo reponer en su puesto a Hernán Lacunza, ex gerente general del Banco, desplazado por el directorio, y debió resignarse a nombrar en su lugar a un técnico de carrera cerca de la jubilación, Raúl Planes. Si no consigue destrabar su expulsión en la Justicia, el Gobierno echará a Redrado en cuanto obtenga el dictamen no vinculante de una comisión bicameral del Congreso, pero eso sería recién luego del inicio de las sesiones ordinarias.