La tensión político-mediática y la temprana disputa electoral ha sumergido al Fondo del Bicentenario en un terreno de confusión. Es una iniciativa que habilita la utilización de las reservas para otro fin que no sea financiar la fuga de capitales. Además permite ampliar los estrechos márgenes de autonomía de la política económica. Ese Fondo ha quedado atrapado entre la brocha gruesa del Gobierno y el rechazo a todo por parte de la oposición. Unos y otros se han lanzado a una lucha política frenética sobre el decreto de necesidad y urgencia que dispuso la creación del Fondo, cuando no es novedad que la deuda, desde 2005, luego de la reestructuración con quita del capital y extensión de plazos, se ha pagado con reservas. El Tesoro ha estado adquiriendo esos dólares al Banco Central con superávit fiscal, además de las compras que ha realizado directamente en el mercado. Si se está en condiciones de abstraerse de la batalla política dominada por consignas pensadas para titulares en los medios, la propuesta de aplicar en forma directa una pequeña porción de las reservas para el pago de la deuda implica un notable cambio cualitativo para la economía local. Desafía esa perversa marca a fuego de la convertibilidad que establece que las reservas se corresponden a los pesos en circulación. Cuestiona la idea de independencia del Banco Central al incorporarlo como parte de una política económica integral, y no como un organismo capturado por el sistema financiero y dedicado a cuidar los dólares para garantizar la fuga de capitales. Plantea la posibilidad de ensanchar los estrechos límites de la política fiscal para horror de la ortodoxia, que en la plaza doméstica todavía no se enteró de que con la caída del Muro de Wall Street y la crisis europea se quemaron los libros con sus recetas del fracaso.

La administración kirchnerista ha probado una y otra vez que no se caracteriza por cuidar las formas en la presentación de sus medidas. La experiencia de la resolución 125 (de retenciones móviles) no ha dejado muchas enseñanzas si se observa el recorrido político que ha tenido el DNU del Fondo del Bicentenario. Aunque vale destacar que hay una diferencia importante entre uno y otro momento por la nueva correlación de fuerzas en el Congreso, que plantea un escenario de que igual la oposición lo rechazaría, independientemente de las formas. Más allá del estilo o de los caminos formales, esa iniciativa tiene una sustancia relevante al poner en cuestionamiento ciertos pilares del pensamiento económico conservador, que han invadido discursos que se pretenden progresistas.

El Fondo del Bicentenario significa tomar prestados del Banco Central unos 6500 millones de dólares sin necesidad del Tesoro de disponer de los pesos. Por esas divisas entregaría un bono a cancelar en el 2019. Esos dólares se utilizarían para cancelar vencimientos de deuda en moneda extranjera a lo largo de este año. Como esos compromisos están incluidos en el Presupuesto 2010, se liberarían esos previstos recursos por unos 26.000 millones de pesos, ampliando en esa magnitud el margen de acción de la política fiscal. Aquí aparece la especulación política: ese ahorro fiscal derivado de adquirir las reservas sin poner los pesos le daría al Gobierno la posibilidad de aumentar el gasto público en obras y política social mejorando la situación económica y eventuales chances electorales. Abortar el Fondo obligaría al Gobierno a un ajuste fiscal de línea ortodoxa, como proponen ciertos economistas cercanos a un sector de la oposición, que afectaría la incipiente recuperación, con el consiguiente impacto negativo en el empleo y la pobreza.

El Gobierno mantuvo la marcha creciente del gasto público en el 2009 pese a la crisis internacional, que impactó en la economía local con una caída del Producto y una recaudación corriendo por debajo del ritmo del gasto. Esa política permitió amortiguar los indudables costos de la recesión global, al tiempo que impulsó a buscar fuentes de financiamiento interno. La utilización de una pequeña porción de las reservas implica una ampliación de esas fuentes.

Las reservas se integran con los dólares de las exportaciones, el ingreso de capitales, los préstamos internacionales y otros flujos. El Tesoro compra esos dólares con el superávit fiscal. Como se mencionó, esto implica que parte de los pagos de deuda siempre se han realizado con reservas. La corriente ortodoxa no presenta una objeción de base (pagar la deuda), sino que el cuestionamiento tiene su origen en una obsesión fiscal: pretenden el ajuste de las cuentas para pagar, criticando la posibilidad de enriquecer la política fiscal con otras herramientas expansivas.

Otra crítica, en este caso proveniente de un sector del centroizquierda, apunta a que las reservas sólo deben ser utilizadas para el desarrollo interno y no para pagar la deuda. El primer aspecto merece precisiones para evitar caer en la confusión de la ortodoxia; y el segundo constituye solamente una legítima vía de construcción de capital político. En el terreno económico resulta relevante evaluar la alternativa de destinar parte de las reservas para integrar un fondo para el desarrollo. Fabián Amico, investigador de la Universidad Nacional de Luján, elaboró un interesante documento de debate sobre el Fondo del Bicentenario. En el capítulo sobre la propuesta de aplicar reservas para inversión en infraestructura o para gastos sociales señala que no se advierte “que todos esos gastos deben realizarse en pesos y que no tiene sentido alguno argumentar que se necesitan dólares para esos gastos internos”. Amico reconoce que puede haber una necesidad de divisas asociada a cualquier gasto interno, dado que éste trae aparejada una cierta demanda de importaciones. Pero destaca que esos gastos, en lo esencial, se realizan en pesos. Pone como ejemplo que si el Gobierno decide una obra de infraestructura debería pagar salarios, materiales e insumos en pesos, excepto aquellos insumos que sean importados. Explica que, en tal caso, si el gobierno actual o el futuro destinara reservas para aplicarlas en gasto interno y realizara tales obras, se le presentaría la necesidad de operar en pesos. Amico apunta que en esa instancia existirían dos alternativas:

1. Podrían vender los dólares supuestamente obtenidos de las reservas del BCRA (no se explica cómo pasarían del BCRA al Tesoro) en el mercado cambiario y obtener los pesos. Pero sería una estrategia inconsistente: mientras el BCRA acumula reservas comprando dólares para sostener la paridad cambiaria, el Tesoro vendería dólares para obtener pesos. Esa política conduce finalmente a la apreciación del tipo de cambio con los nefastos efectos conocidos.

2. La otra vía sería “venderle” al BCRA los dólares a cambio de pesos. Esta última opción revela que, en verdad, no se están usando reservas para el gasto interno sino pesos: las reservas vuelven al activo del BCRA, mientras éste emite pesos a cambio de un bono del Tesoro. Pero es precisamente esto lo que la Carta Orgánica del BCRA prohíbe, porque lo que en realidad ocurrió es que hubo una emisión monetaria. Esto es ignorado por esa propuesta “progresista” para no reconocer que el pago de deuda con el Fondo del Bicentenario, en el contexto actual, libera pesos para otros gastos internos.

“Esta confusión entre los papeles del gasto en pesos y la utilización de las divisas atraviesa todo el debate. Pero entender bien esas diferencias es vital”, recomienda Amico. Para concluir que “las reservas son para pagar deuda en moneda extranjera, importaciones y sostener con buenas espaldas la paridad cambiaria”. El Gobierno tiene la evidente penuria de las formas y la debilidad de explicar la sustancia de ciertas medidas relevantes. Más aún cuando desde Economía no se colabora en mejorar la comprensión de la utilidad del Fondo del Bicentenario al insistir que es necesario para bajar la tasa de interés de futuras colocaciones de deuda, convocando al escenario esa rueda especulativa. Sin embargo, no quedar atrapados de esas carencias requiere de convicciones más profundas que la especulación por el posicionamiento frente a las próximas elecciones. Defender el planteo de no tocar las reservas para pagar deuda y proponer usarlas para el gasto interno termina abonando el terreno de la ortodoxia, que ofrece como opción emitir deuda en el mercado internacional o realizar un ajuste fiscal.

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