El ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, Juan José Bertero, manifestó que comenzaron los estudios y trabajos para “implementar una nueva ley de agroquímicos”. El funcionario expresó que “nos interesa tener una producción sustentable”, y se mostró partidario de utilizar productos de “baja toxicidad”. Un fallo judicial de un tribunal provincial ordenó que se prohíba el uso de pesticidas en las proximidades de zonas pobladas hasta tanto se verifique, mediante los estudios correspondientes, que no representan riesgos para la salud humana.

El ministro se reunirá con el fiscal que interviene en la causa iniciada por vecinos de la ciudad de San Jorge –en contra de la utilización del glifosato y el endusolfán– para analizar la cuestión, bajo el asesoramiento de la Universidad Nacional del Litoral. En marzo, una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe ratificó el fallo de un tribunal inferior en el que se había dispuesto la prohibición del uso de glifosato en San Jorge para las áreas periurbanas en un radio de 800 metros.

Bertero prometió que “el Estado santafesino aportará toda la información” al respecto y la que se pueda recabar de la conformación de una comisión interministerial conformada por las áreas de Salud, Trabajo y Seguridad Social, Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, y Producción. “Además, se invitará a participar al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y se incluirá el material que generó una comisión especial creada por la Presidenta de la Nación en enero de 2009 para que investigue el impacto de los agroquímicos en la salud y en el medio ambiente”, acotó.

Bertero puntualizó que “según la ley vigente, son los municipios y comunas los que deben demarcar su línea agronómica”, y consignó en cuanto a las aplicaciones de agroquímicos, ya sea por tierra o aire, que “quien las haga y no tenga la receta firmada por un ingeniero agrónomo está incumpliendo la ley”.

Del fallo de la Justicia santafesina se hicieron eco rápidamente diversas entidades ambientalistas, que solicitaron ampliar el alcance de la medida y hacerla extensiva a toda la provincia. El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) presentó, concretamente, al gobernador Hermes Binner un petitorio para que intervenga en el problema. Vecinos de más de 50 pueblos de la provincia estamparon su firma en el documento. Por vía separada, habitantes del pueblo de Rufino, en el sur santafesino, siguieron igual procedimiento juntando más de 800 firmas, según consignara el diario La Opinión, de Rafaela. En este caso, obtuvieron que el municipio se hiciera eco y adhiriera, por decreto, al fallo de la Justicia, estableciendo similar restricción al uso de glifosato.

Hace poco más de una semana, la Asociación Argentina de Productores Siembra Directa (Aapresid) respondió defendiendo públicamente “el uso racional del glifosato”, asegurando que se trata de “un producto químico utilizado para controlar las malezas sin afectar los cultivos y de baja toxicidad para sus usuarios”.

El tema traspasó las fronteras de la provincia de Santa Fe y se instaló en otros puntos del país. En territorio bonaerense, fue el diputado provincial de la alianza GEN-Socialismo José Luis Comparato quien tomó la posta. Citando una denuncia formulada por la entidad ambientalista BIOS, presentó un pedido de informes respecto de las fumigaciones que se realizan en áreas periurbanas y solicitó que se dé a conocer el total de empresas registradas y autorizadas a realizar aplicaciones de agroquímicos tanto en forma terrestre como aérea.