Lun 12.04.2010

ECONOMíA  › TEMAS DE DEBATE: PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS

La pelea por el reparto de la torta

La devaluación de 2002 profundizó la regresividad en la distribución del ingreso. Las subas salariales posteriores no revirtieron la situación. En 2009 la rentabilidad bruta del capital fue un 15 por ciento más elevada que en 2001. Cuáles son las opciones para mejorar el reparto.

Producción: Tomás Lukin

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Presión empresaria

Por Martín Schorr y Daniel Azpiazu *

Durante la convertibilidad la Argentina sufrió un agudo cuadro de desindustrialización, que en materia distributiva tuvo como correlato una fenomenal transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las fracciones empresarias más concentradas: entre 1991 y 2001 la relación entre la productividad y los costos salariales aumentó un 63 por ciento, lo que reforzó las tendencias iniciadas en 1976. Con el abandono de dicho régimen económico tuvo lugar un proceso de reindustrialización (acotado por la ausencia de cambio estructural en el perfil productivo), el cual repercutió favorablemente en la generación de empleo, pero profundizó la regresividad en la distribución del ingreso. Fundamentalmente por los efectos negativos que sobre las remuneraciones de los asalariados se desprendieron del shock devaluatorio y de precios en 2002-2003. Las mejoras salariales posteriores no lograron revertir dicha situación, de allí que en 2009 la rentabilidad bruta fue un 15 por ciento más elevada que en 2001.

En la década pasada, una parte importante del excedente captado por las grandes empresas se direccionó, vía precios relativos, a otros sectores más favorecidos que la industria (finanzas y servicios públicos privatizados). En la fase iniciada en 2002, dados los reacomodamientos de precios, los mayores coeficientes de explotación de la fuerza de trabajo tendieron a quedar “dentro” de la esfera fabril y se expresaron en tasas de beneficio sumamente elevadas, en particular entre 2004 y 2007 (la rentabilidad sobre ventas de los oligopolios líderes osciló entre el 14 y el 19 por ciento).

Desde mediados de 2008 y con especial virulencia en distintos momentos de 2009, las fracciones más concentradas del capital manufacturero han venido presionando por una devaluación para ganar “competitividad” ante la crisis internacional (por potenciar sus tasas de ganancia extraordinarias a partir de una nueva contracción de los salarios). La respuesta oficial de mantener la política cambiaria, sostenida por un elevado nivel de reservas, devino en la preservación de un tipo de cambio algo superior a 3,85 pesos por dólar. Perdida, de momento, la “batalla por la devaluación”, las grandes empresas han respondido de diversas maneras, todas ellas inscriptas en el intento de fortalecer aún más su notable capacidad de acumulación de los años previos.

Primero, a partir de su poder de mercado y de diversas acciones y omisiones gubernamentales, han podido captar excedente de modo diferencial mediante la fijación “preventiva” de precios. Esto les ha permitido cubrirse ante las negociaciones colectivas que se avecinan. En 2009, los precios mayoristas industriales crecieron el 8 por ciento y en varios rubros oligopólicos se verificaron subas muy superiores.

Segundo, con ese colchón de precios, han proliferado en boca de estos actores y sus voceros académicos y mediáticos una serie de planteos en pos de atar el comportamiento de los salarios a los de la productividad para, como mínimo, cristalizar una matriz distributiva sumamente regresiva.

Tercero, muchas grandes firmas, remitiendo a la crisis mundial como supuesto factor causal, han recurrido a diversas acciones: suspensión de trabajadores, despidos, recorte en las jornadas laborales, mayor precarización, intensificación del trabajo, propuestas de rebaja salarial como condición para el mantenimiento del empleo, etcétera. Ello se inscribe en otra de las “apuestas de fondo” de esta fracción del gran capital: el “reordenamiento” de las relaciones laborales, es decir, el regreso a la nefasta política laboral de los “añorados” años noventa (lo ocurrido con la firma estadounidense Kraft Foods constituye un mascarón de proa).

Cuarto, se destacan las propuestas para fortalecer diferentes espacios privilegiados de acumulación que se generaron en la posconvertibilidad. Por ejemplo, los subsidios y otras prebendas estatales a diversas actividades económicas directa o indirectamente vinculadas con estos grandes capitales. Y el régimen de promoción de inversiones que ha tenido entre sus principales beneficiarios a un puñado de empresas oligopólicas de los sectores industriales preponderantes (procesamiento de soja y otras agroindustrias, acero y aluminio, derivados del petróleo y automotriz). El sostenimiento de estos esquemas por parte del Gobierno muestra que el poderío económico de esta fracción de clase también parecería traducirse en capacidad de veto sobre la orientación estatal.

Así, más allá de la alusión a la necesidad de ganar “competitividad” y en el marco del despliegue de variadas prácticas non sanctas (en materia laboral, remarcación de precios, reticencia inversora), resulta evidente que las grandes empresas industriales buscan recrear factores domésticos de contexto que les aseguren seguir internalizando altísimas tasas de beneficio. Queda el interrogante de cuál será la respuesta del Gobierno, dado que estos planteos provienen de un grupo de los sectores dominantes que ha resultado muy favorecido por la política económica desde el fin de la convertibilidad y ha venido ocupando un lugar destacado en el bloque social en el poder.

* Investigadores de Flacso.


No regresar al pasado

Por Mariana L. González *

En los últimos meses, el nivel de actividad productiva comenzó a recuperarse, tras haberse visto afectado por factores internos y, luego, por el impacto de la crisis internacional. Con el regreso del crecimiento económico reapareció también el fantasma de la inflación. En efecto, mientras que la desaceleración del crecimiento, primero, y la recesión, después, supusieron un freno sobre los precios en los dos años pasados, hoy el fenómeno inflacionario vuelve a aparecer como un problema central. En este escenario, la negociación de los aumentos salariales se vuelve más incierta y dispersa, sin que se observe una pauta de negociación única. Como punto de partida para evaluar la situación actual, vale la pena repasar cómo ha sido la evolución de las remuneraciones reales en los últimos años.

En 2002, la fuerte devaluación de la moneda tuvo como efecto inmediato una brutal transferencia de ingresos en detrimento de los trabajadores, ya que el salario real se redujo aproximadamente en un tercio ante el aumento de los precios internos. La débil situación de la clase trabajadora a la salida de la convertibilidad fue sin dudas uno de los factores que permitió que durante meses no existieran aumentos nominales de salarios, a pesar de que el nivel de precios estaba sufriendo incrementos importantes. Así, los trabajadores vieron descender nuevamente el nivel de su salario real, sumándose la nueva pérdida a las sufridas desde mediados de los años ’70.

Como es sabido, la actividad económica se recuperó aceleradamente a partir de entonces y lo mismo ocurrió con el empleo. Las remuneraciones comenzaron a incrementarse tímidamente, en un principio como resultado de las políticas de ingresos del gobierno nacional, que incluyeron aumentos de suma fija por decreto para todos los trabajadores registrados e incrementos, también por decreto, del salario mínimo, vital y móvil.

Paralelamente, y con mayor fuerza desde 2005, los trabajadores pudieron reinstalar las discusiones salariales en la negociación colectiva, tema que había estado ausente durante la década de 1990. La fuerte disminución de la tasa de desocupación, que se había reducido a la mitad, los posicionó en una situación de mayor fortaleza relativa en esas negociaciones. Así, recién a fines de 2006, con una economía que crecía sostenida y notablemente desde 2003, se logró revertir la abrupta caída del poder adquisitivo de los salarios que había implicado la devaluación. Sin embargo, al año siguiente comenzó una etapa de estancamiento en el nivel de empleo, al tiempo que se elevaba el nivel de inflación, aunque en un contexto que continuaba siendo de fuerte expansión económica. Este proceso tuvo consecuencias negativas sobre los salarios reales, que tuvieron en promedio una leve caída. La negociación colectiva tuvo, asimismo, resultados más dispares que en años anteriores, variables según el sector de actividad.

Desde fines de 2008 la situación se agravó, ya que el impacto de la crisis internacional implicó un freno en la economía local y una pérdida de puestos de trabajo. De todas formas, los salarios, al menos en el caso de los trabajadores registrados, mantuvieron su poder adquisitivo y tuvieron incluso un ligero incremento en términos reales. Es decir que, a diferencia de otras crisis anteriores, en este caso no se vieron afectadas las remuneraciones. Indudablemente, el fortalecimiento previo de las organizaciones colectivas de los trabajadores los posicionó en una mejor situación para enfrentar las consecuencias de la crisis económica y limitar en cierta medida sus efectos sobre los salarios. Al mismo tiempo, las expectativas de una inflación mayor a la que finalmente existió contribuyeron al resultado positivo de las negociaciones salariales.

Actualmente, con la incipiente recuperación económica reaparecen algunos de los dilemas que se planteaban hacia el año 2007 y que cuya resolución política fue pospuesta ante el cambio de escenario que implicó la crisis. El recrudecimiento de la inflación, en cierta medida, pone de manifiesto los límites de este patrón de crecimiento, adoptado tras el colapso del régimen de convertibilidad, para garantizar un nivel de salarios reales considerablemente superior al registrado durante la década previa. En efecto, este patrón económico, si bien posibilitó un fuerte crecimiento de la actividad y, sobre todo, una extraordinaria creación de puestos de trabajo, tuvo como uno de sus sustentos la persistencia de reducidos salarios reales.

Para lograr reducir la inflación sin afectar negativamente a los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores, es fundamental que se implemente un conjunto de políticas que puedan controlar los precios, pero sin hacerlo a costa del sostenimiento de las actividades productivas y del empleo, tal como hoy se propone desde los sectores políticos y sociales más ortodoxos. Se trata de buscar una salida superadora del patrón de crecimiento vigente, en lugar de un regreso al pasado.

* Investigadora Cifra y Cenda.

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