El debate del Presupuesto está atado desde hace años a la negociación de turno con el FMI. Esta vez, la complejidad de la discusión con el organismo de crédito tornó más difuso ese factor, pero no por ello desapareció. El Gobierno estuvo atento a lo que ocurría ayer en la Cámara de Diputados y celebró la media sanción, considerada un hecho importante en momentos en que resurgen las expectativas de un acuerdo con el FMI. En la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía confían en que el Senado completará la aprobación de la ley la próxima semana. La Cámara baja introdujo pocas modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo. Una de las más sorprendentes fue la poda de una partida por 3500 millones de pesos que Roberto Lavagna pretendía dejarle al próximo gobierno para que disponga su asignación. Otra modificación importante que hicieron los Diputados fue la eliminación del tope salarial para los aportes personales y patronales.
El argumento de los legisladores del peronismo y del radicalismo fue que era preferible suprimir ese ítem del proyecto que arriesgarse a un largo debate sobre si era mejor dejarle esos fondos a la futura administración o asignarlos a gastos concretos ahora. Las conducciones de esas bancadas concluyeron que sus pares y los diputados de otros partidos les ganarían la pulseada y la plata tendría otro destino al que imaginó Lavagna. Con esa poda, el Presupuesto prevé gastos para 2003 por 62.674 millones de pesos, contra ingresos por 62.268 millones. El resultado es un déficit de 406 millones, que se ajusta a las demandas del FMI.
A pesar del default, la iniciativa contempla desembolsos por 14.983 millones de pesos para cubrir vencimientos de intereses de la deuda. Es nada menos que el 24 por ciento del total de gastos pautados para el año que viene. El Gobierno dio por hecho la refinanciación de los vencimientos de capital, aunque por ahora no tiene el acuerdo con el FMI. Es decir que si no lo consigue, profundizará el default.
Otro cambio fue la eliminación del tope salarial para los aportes personales y patronales. En la actualidad los descuentos por esos conceptos que se practican a los salarios tienen un límite de 4800 pesos. Esto significa que las personas que ganan más que esa cifra aportan sólo hasta ese nivel. Y lo mismo ocurre con sus empleadores. La supresión del tope busca incrementar la recaudación para que haya fondos con qué pagar la deuda por el 13 por ciento que se les descontó a los jubilados y a los empleados públicos desde mediados de 2001.
Los ingresos estimados por la medida son de 390 millones de pesos al año. La diputada María América González, promotora de la acción, precisó que para reintegrar el 13 por ciento a los jubilados de más de 80 años se requieren 190 millones. Los diputados dispusieron que el dinero sobrante se asigne a cancelar la deuda a los jubilados de mayor edad y menor haber. Para el resto de los empleados públicos y jubilados, los legisladores aprobaron que se les entreguen títulos públicos. Se trata de los Boden 2007.
El Congreso había aprobado por unanimidad la eliminación del tope salarial cuando sancionó el Presupuesto de 2002. Sin embargo, Duhalde la vetó. Ayer, la Cámara baja aprobó otra medida que en el Gobierno reconocen que también tiene destino de veto. Es la inclusión de una partida por 330 millones de pesos para saldar la deuda con el Fondo de Incentivo Docente del primer semestre de 2002. El proyecto sólo fijaba fondos para cancelar la deuda del segundo semestre de 2001.
Un retoque adicional que hicieron los legisladores fue la supresión de una partida de 9 millones de pesos que había pedido el Ministerio del Interior para conceder subsidios sociales. Finalmente, el último cambio que introdujo la Cámara baja fue el modo en que se asignarán los recursos para la Justicia.