“Continuamos discutiendo con las autoridades, pero en este momento no tengo nada inminente ni espero ningún anuncio inminente.” Así, el vocero del Fondo Monetario, Thomas Dawson, desmintió la posibilidad de que el acuerdo con el organismo estuviera al caer. La versión había sido alimentada por algunos sectores del Gobierno, tras la corta misión del FMI que concluyó el miércoles, y ayer volvió a cobrar fuerza de la mano del presidente Duhalde, quien afirmó que “seguramente antes de fin año estaremos cerrando un acuerdo con los organismos internacionales”. Hoy habrá una reunión informal del directorio del Fondo para tratar el caso argentino. Por eso, en el Ministerio de Economía dicen que la clave será ver si prevalece la oposición del staff de funcionarios del organismo a firmar un acuerdo con Argentina o la decisión política de los países del G-7 de llevarlo adelante.
Como informó este diario, los técnicos del Fondo volvieron a plantear en su última visita a la Argentina las condiciones de siempre, que el gobierno considera imposible de cumplir: frenar los amparos judiciales en favor de los ahorristas acorralados, un superávit fiscal del 2,5 por ciento del PBI para el año próximo y un ajuste tarifario de los servicios públicos del 30 por ciento en promedio.
Sin embargo, en Economía confían en que una “decisión política” de los países del G-7, principales accionistas del Fondo Monetario, destrabe un acuerdo, que no se alcanzaría nunca si siguiera prevaleciendo la opinión de los inflexibles economistas del organismo. De ahí que algunos funcionarios alentaran la versión de que se negociaba un acuerdo de corto plazo –hasta la asunción del próximo gobierno– que podría cerrarse antes de este fin de semana.
El propio Duhalde se sumó a esta idea y arriesgó un pronóstico más (y ya van demasiados): “Antes de fin de año estaremos cerrando un acuerdo”, aseguró. La fecha no es caprichosa. El próximo 17 de enero vencen más de 1000 millones de deuda con el Fondo Monetario, que Lavagna ya avisó que no está dispuesto a pagar con las reservas del Banco Central. Y como el vencimiento no es prorrogable automáticamente, sin un acuerdo formal, Argentina caería en default con el FMI, una situación similar a la ocurrida con el Banco Mundial días atrás. En enero también vencen unos 800 millones de dólares con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que también requieren del “okay” del Fondo para ser refinanciados. Más aún, para mantener viva la esperanza y las negociaciones, Economía cumplió el miércoles con pequeños vencimientos con el FMI y el BID, por un monto total de 124 millones de dólares.
Pero Dawson volvió a poner las cosas en su lugar: “Las discusiones continúan y no tengo nada que anunciar en este momento, aunque compartimos el deseo de alcanzar un acuerdo con Argentina”, declaró. En tanto que relativizó la urgencia creada a partir de estos vencimientos. “Continuamos trabajando con ellos para lograr algún tipo de acuerdo y somos ciertamente conscientes de esa fecha (17 de enero) y del pago pendiente”, dijo, en rueda de prensa. “Eso es un hecho, pero no es algo que afecte a las discusiones”, agregó el portavoz del FMI, dando a entender que las negociaciones podrían continuar más allá de ese “día D”.
Luego recurrió al discurso habitual de Washington cuando de patear la pelota para adelante se trata. “El Gobierno y el país hacen frente a una situación difícil y estamos haciendo todo lo que podemos para trabajar con ellos y ver cómo podemos ayudar en este momento difícil y ese sigue siendo nuestro objetivo”, sostuvo. Se negó a puntualizar cuáles eran las diferencias que aún persistían para cerrar un acuerdo, aunque mencionó la cuestión de los “los amparos judiciales” y del “ancla monetaria” como asuntos pendientes. “La cuestión es cómo se completa un programa sustentable”, resumió Dawson, repitiendo una frase que ya es una marca registrada de los funcionarios del Fondo.
En Economía le prenden velas a la reunión informal que habrá hoy del directorio del Fondo. Creen que la decisión de los países europeos puedevolcar la discusión en favor de un acuerdo. Pero temen que la Corte Suprema se convierta en una excusa de peso de los burócratas del organismo para postergar un definición. Porque el que la Corte no haya aceptado la recusación del juez Carlos Fayt volvería a abrir una peligrosa puerta a la redolarización de los depósitos.
Además, reconocen que todavía no hay una “versión limpia” de la Carta de Intención a firmar. “Hay que ver si la carta de intención que proponen los técnicos no incluye alguna sorpresa, como ocurrió otras veces”, se lamentaba ayer un estrecho colaborador de Lavagna.