A esta altura habría que hablar de un mínimo común denominador. Ese sería el modesto alcance del acuerdo forjado en principio entre el gobierno argentino, la conducción técnica del Fondo Monetario y los principales accionistas del organismo, que ocupan las butacas del directorio; es decir, el Grupo de los Siete, y también España, por los fuertes intereses que Madrid tiene jugados en Buenos Aires. De todas formas, la restringida fórmula del pacto, si no se frustra a último momento, tendrá el considerable valor, para todas las partes, de rescatar a la Argentina de la virtual situación de default con los organismos multilaterales en que ya se encuentra. Mediante algunos asientos contables, por un total de casi 8900 millones de dólares, al país se le daría por saldado lo que ya dejó impago y se le facilitarían los recursos para seguir al día hasta mediados de 2003. Este mecanismo debería quedar definido y rubricado al promediar enero, antes de que el viernes 17 venzan 1065 millones de dólares no renovables con el Fondo. Bastante antes, el miércoles 8, habrá una reunión decisiva en el cuartel central de la entidad en Washington, que probablemente escenifique el debate final sobre la cuestión a la vista de lo que para entonces pueda haber decidido la Corte Suprema argentina respecto de la redolarización. Esto significa que, por el momento, no pueda descartarse un último traspié, siempre y cuando el eventual pronunciamiento del tribunal arrase, por su intransigencia, con el programa monetario del 2003. Ayer nadie asignaba alta probabilidad a este peligro, considerando que, en última instancia, todo se cubriría con un nuevo bono público.
Tal como Roberto Lavagna eligió explicar en las últimas horas la cuestión, en el accidentado camino hacia el entendimiento fueron alzándose obstáculos políticos que, por su misma naturaleza, no podían ser resueltos en negociaciones técnicas. Se hacía preciso, para destrabar el proceso, una decisión de los “dueños” del Fondo, que neutralizase (o puenteara) los pruritos del plantel tecnocrático, encarnado en Horst Köhler, Anne Krüger y Anoop Singh. Según algunas versiones, la número dos del staff amenazó con su renuncia si el directorio los forzaba a firmar con la Argentina, pero finalmente la decisión del Tesoro estadounidense, apoyando un convenio mínimo, acabó con toda resistencia.
Según la descripción de Lavagna, en el arco político argentino hay dos actitudes respecto del FMI. Por un lado está la “izquierda” –a la que el ministro de Economía no individualizó–, que no quiere acuerdo alguno con el Fondo. Por el otro, la “derecha” –que tampoco identificó–, opuesta a cualquier compromiso que se extienda más allá de la duración del actual gobierno provisional. De tal manera, y aunque Lavagna no lo dijo, Eduardo Duhalde y su gabinete optaron por hacerle caso a la derecha, pidiéndole al organismo un esquema que expire a mediados del año próximo, poco después de que asuma el nuevo presidente.
En su programa radial, Duhalde habló del 8 de enero como el día en que se sellará el acuerdo con el Fondo, mientras que Lavagna explicó que, después de esa fecha, vendrá al país una nueva misión del organismo, que durante dos o otras jornadas de trabajo precisará los últimos detalles. El ministro aludió de todas formas a la intención de la Corte de anular la pesificación como “el elemento más negativo que flota hoy en el ambiente” y “un obstáculo mayor” al acuerdo, afirmando que este escollo “sigue abierto”, aunque volviera a rechazar, con evidente disgusto, la idea de una decisión inminente (ahora se habla del próximo lunes 30). “Esto de fijarle fechas a la Corte tiene mucho de maniobra política”, aseguró. En suma, no habría aún nada totalmente seguro, ni en un sentido ni en otro. No obstante, el ministro también sugirió que el límite que “la incertidumbre judicial y sus efectos monetarios” representaba para los técnicos del Fondo quedó “resuelto a nivel político”. Lavagna presentó este logro como un éxito de su estrategia, desplegada en sus viajes a Estados Unidos y Europa, para “trabajar con los accionistas”, buscando que “entendieran cuál era la situación y aprobaran seguir con la negociación... Que dijeran `bien, adelante’, aun con los riesgos que esto pudiera tener.” Por otra parte, tratándose de un acuerdo que apenas regirá por unos seis meses a partir de su firma, sólo contiene magnitudes monetarias y fiscales, sin plantear compromisos políticos más estructurales, como los que habitualmente impone el FMI. Aquí parece obvia la sola intención de salvar la ropa, evitando profundizar la quiebra argentina, y admitiendo que era inviable pretender que el país siguiera honrando los vencimientos con los organismos hasta vaciar del todo sus reservas. A lo largo del 2002 esos pagos sumaron un neto de 4500 millones de dólares.
Respecto del tipo de cambio, Lavagna precisó que en el acuerdo se fija un dólar promedio anual de 3,63 pesos, en línea con el Presupuesto, que por tanto excluye todo descenso en la paridad nominal. Sin embargo, como también se predice una inflación del 22 por ciento, el valor del dólar tendería a retrasarse respecto del nivel general de precios. Difícilmente pueda Economía mirar con simpatía una revaluación más agresiva del peso, como la mencionada por el nuevo presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, quien habló de un dólar a $ 2,80 (aunque sin precisar cuándo), porque complicaría el cierre fiscal, muy asentado sobre un dólar bien caro.
Ahora, con una posibilidad mucho más cierta de hilvanar la entente con el FMI, Lavagna puede confiar en concluir su gestión sin mayores sobresaltos macroeconómicos, administrando la crisis dentro de una paulatina tendencia a la reactivación, aunque nada mejore significativamente.