Por Claudio Zlotnik y David Cufré

”Nos dieron en la línea de flotación. El fallo de la Corte destruye todo”, se lamentaba ayer a las cinco de la tarde una alta fuente del Ministerio de Economía. En diálogo con Página/12, el funcionario repitió las hipótesis que circulan por todo el Gobierno: “Hay una conspiración, un golpe de Estado. Detrás de la jugada de la Corte están Menem, la banca extranjera y el CEMA”, especuló. El secretario legal y administrativo, Eduardo Ratti, analizó la acordada de la Corte Suprema con el equipo de abogados del Palacio de Hacienda y del Banco Central, y le entregó a Remes Lenicov, poco después del mediodía, un primer informe con una conclusión obvia: el fallo pone al sistema financiero en situación de quiebra. Tras la consternación inicial, el ministro y sus hombres empezaron a analizar posibles respuestas técnicas ante el nuevo escenario. Lo primero será decretar feriado bancario y cambiario para el lunes y martes próximos -decisión que se tomará durante el fin de semana–, y lo segundo, estructurar un nuevo esquema de devolución de depósitos, más prolijo y a prueba de encerronas judiciales.
El equipo económico había empezado el día discutiendo con el FMI el paquete de medidas que debía anunciarse hoy, pero todos los planes se derrumbaron en cuanto se supo del fallo que preparaba la Corte. “Si termina el corralito hay quiebras masivas de bancos, una destrucción completa del sistema de pagos y un colapso total de la economía”, dijeron cerca de Remes. También negaron que el ministro vaya a ofrecer su renuncia, versión que en una jornada tan desconcertante como la de ayer circuló en la city. “El problema es político. El que tiene que resolver es Duhalde. La situación de Remes no es ni parecida a la de Machinea, López Murphy o Cavallo. El no es el blanco de los ataques”, lo defendieron sus colaboradores.
El ministro estuvo encerrado toda la tarde con Jorge Todesca (viceministro), Lisandro Barry (secretario de Finanzas), Oscar Lamberto (Hacienda) y Ratti. Después fue con Todesca a Olivos, a reunirse con Duhalde y el resto del gabinete. Allí se resolvió suspender hasta nuevo aviso los anuncios que iban a realizarse hoy y cancelar el viaje de Remes a Nueva York, hacia donde partiría esta tarde para participar del Foro Económico Mundial. En esa ocasión seguramente se vería con el secretario del Tesoro de EE.UU., Paul O’Neill, y con el director del FMI, Horst Koehler.
En lugar de defender el plan económico ante los inversores de Wall Street y los economistas más influyentes del mundo, Remes pasará el fin de semana en Buenos Aires intentando encontrar una solución al gran problema que le generó la Corte. Las primeras ideas que maneja el equipo económico son:
u Reconstruir el corralito. Dentro y fuera del Gobierno, economistas de cualquier tendencia y empresarios coinciden en que si antes del lunes no se toma alguna decisión que corrija los efectos del fallo de la Corte, lo que sigue son avalanchas de público en los bancos exigiendo la devolución de su dinero. No importa que la resolución judicial se circunscriba a un caso particular y que para reclamar los depósitos primero haya que accionar ante un tribunal, el efecto político es que habrá avalanchas. Por tanto, quebrará una gran cantidad de bancos y habrá un desastre absoluto. Para evitarlo, en Economía diseñan un nuevo corralito.
u Plazos fijos. El nuevo corralito será para los plazos fijos. En lugar de restituir el dinero, los bancos entregarán bonos a los ahorristas. No será exactamente como un Plan Bonex, como el del ‘89, porque los bonos no los dará ni pagará el Estado, sino que los emitirán los bancos. Se armará un fondo fiduciario, constituido con los créditos que tienen para cobrar los bancos –se discute si será con los de cada entidad individualmente o con los de todo el sistema financiero– y contra ellos se emitirán los bonos. El público podrá utilizar esos títulos para comprar todo tipo de bienes, por lo que algunos lo denominan “dinero bancario”. El ahorrista recibirábonos por el equivalente a su plazo fijo, en papeles de baja denominación. Los abogados de Economía le hicieron saber a Remes que este plan no podría ser objetado por la Justicia, dado que existe jurisprudencia de la propia Corte Suprema, cuando en el ‘89 declaró constitucional al Plan Bonex.
u Cajas de ahorro y cuentas corrientes. Se mantendría la restricción para extraer dinero en efectivo, fijada en 1200 pesos mensuales o 300 semanales. Pero se volverá al corralito de Cavallo, por el cual es posible realizar todo tipo de transacciones electrónicas. El público y las empresas pueden disponer de su dinero, pero por vía de movimientos bancarios (pagos con cheques, tarjeta de débito o de crédito).
u Pesificación. Se seguirá adelante con la pesificación de los depósitos a 1,40. Tal como reveló ayer Página/12, la Asociación de Bancos y la Unión Industrial siguieron presionando, incluso después del fallo de la Corte, para que la pesificación de las deudas sea uno a uno. Los empresarios no pudieron ir a ver a Duhalde por la crisis que desató el máximo tribunal, pero se reunieron con Todesca. De ese encuentro también participó Confederaciones Rurales Argentinas, en representación del campo. Todo el empresariado sigue haciendo lobby para conseguir la licuación de sus deudas y, en el caso de los bancos, para asegurarse la cobranza de los créditos otorgados y el rescate del Estado con un bono. Una barrera que surgió a esa pretensión es la del FMI, que ayer cuestionó a Remes por haber decidido pesificar las deudas de más de 100 mil dólares a 1,20. El organismo se quejó por el enorme costo fiscal de ese rescate, cercano a los 20 mil millones. Entre hoy y mañana, en el intento por resolver el problema causado por la Corte, el Gobierno también definirá a cuánto será la pesificación.