Las distribuidoras gasíferas y eléctricas se avinieron a facturar con los cuadros tarifarios previos al decreto de necesidad y urgencia que les autorizaba un ajuste finalmente frenado por la Justicia. Ninguna discute el hecho de que el aumento no está vigente y ante esa situación, optaron por resignarse, ya que presumen casi imposible que pueda haber algún retoque antes del cambio de gobierno. Desde la óptica empresaria, el problema prioritario parece ser justamente ese: quién y desde cuándo habrá un nuevo gobierno en la Argentina y no cómo seguir presionando por una suba que es sólo “de emergencia” y puede ser abortada por otro poder del Estado.
Metrogas alcanzó a facturar con aumento a algunos usuarios industriales, pero ya se alistó para hacer la correspondiente devolución. Edesur hizo las correcciones pertinentes a su programa administrativo antes de que el órgano regulador le comunicara formalmente el segundo dictamen judicial, sobre la presentación que hizo el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Del mismo modo, y tal como varias de ellas confirmaron ayer ante Página/12, el resto de las empresas acataron la decisión de la Justicia en primera instancia –ahora apelada por el Gobierno–, que consideró inviable un incremento tarifario al margen de una renegociación contractual íntegra.
Aún así, la Defensoría nacional no dejó de estar atenta a cualquier gesto de las privatizadas que pueda alterar los montos de las boletas de luz y gas o del gobierno que lo convalide. Razones para estar alerta, según dicen en esa dependencia pública, no faltan.
El 18 de diciembre, cinco días después de que la jueza Susana Córdoba hiciera lugar al amparo presentado por Mondino, el Boletín Oficial publicó una resolución del Enargas autorizando las subas (de un 7 por ciento promedio para las distribuidoras) y cuya fecha de redacción era el 5 de diciembre. Con buenos reflejos, la Defensoría denunció el hecho ante aquella magistrada, quien de inmediato ordenó “suspender los efectos y la aplicación de las resoluciones” del ente regulador. Pero ya quedó sembrada la duda sobre si fue una sólo un error administrativo o una picardía.
El estado de sospecha también gana el ánimo de las empresas que intuyen o un acuerdo expreso o, al menos, cierta empatía política entre los jueces que entienden en las causas antisuba de tarifas y sus promotores. Según se quejaba ayer una distribuidora eléctrica, es sugestivo que al frenar los aumentos en la Capital Federal, el juez Ernesto Marinelli haya recomendado a las empresas forzar una renegociación contractual presentando recursos de amparo, exactamente el mismo camino que en privado les sugirió la defensora de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, impulsora de aquella cautelar.
El Gobierno apeló los dictámenes contra su DNU y ahora analiza cómo cambiar la Ley de Emergencia Económica, que es la que liga cualquier suba tarifaria a la renegociación contractual. Pero las fiestas de fin de año y la feria judicial hacen presumir muy difícil una resolución previa a marzo. Por entonces, especulan en las empresas, tal vez esté más claro el panorama electoral, verdadero desvelo. “Nos preocupa más saber cómo se resolverá la interna en el PJ o cuándo serán los comicios que otra cosa”, admitía ayer una distribuidora gasífera.
Después de tres intentos de aumentos abortados por la Justicia, las empresas ahora apuestan que el próximo presidente tenga el poder político y de convicción que éste no tuvo, no sólo para descongelar los precios de los servicios públicos sino para cambiar otras condiciones contractuales, incluida la flexibilización de las inversiones. Lo que las inquieta, en todo caso, es que el “operativo clamor” prolongue la estadía en el sillón de Rivadavia de Eduardo Duhalde.