Llegó el turno del plan de ajuste alemán. Y la canciller, Angela Merkel, redobló la apuesta y diseñó el mayor paquete recesivo desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el año que viene y hasta 2014 buscará ahorrar 86 mil millones de euros. Las medidas incluyen una fuerte reducción en el empleo público, del subsidio por desempleo y del plan de ayuda por hijo, entre otros gastos sociales, aunque casi todas las partidas se verían afectadas. Todavía resta ser aprobado por el Parlamento, pero deja en claro que la apuesta europea es profundizar la estrategia que derivó en la actual crisis. Por otra parte, la UE perfeccionó el mecanismo de garantía regional para asistir a países con problemas de sustentabilidad de deuda.

Más allá de que Berlín no acuse problemas en la balanza comercial, sí lo hace en materia fiscal, una constante que recorre a todo el continente. En 2009, el déficit público alemán fue del 3,3 por ciento del PIB y el ratio deuda/producto alcanzó el 73,2 por ciento. Los analistas de corte heterodoxo coinciden en que el problema es inherente al armado institucional del bloque. El déficit fiscal sería endógeno y no consecuencia de malas administraciones, irresponsabilidad fiscal o de haber vivido “por encima de las posibilidades”.

Además, como sucedió en la Argentina en la convertibilidad, el ajuste sólo provoca una mayor caída del producto, menor capacidad de repago de las deudas, desempleo y mayor corrida contra el euro. Al igual que en la paridad con el dólar en los ’90, la moneda común restringe la posibilidad de hacer política fiscal y elimina el herramental monetario, por lo que la búsqueda de competitividad y la mejora en las cuentas públicas se busca a través del ajuste. “Los últimos meses han demostrado, en el caso de Grecia y de otros países de la Eurozona, lo importantes que son unas finanzas sólidas, pues constituyen las condiciones básicas de la estabilidad y la prosperidad”, dijo Merkel a la prensa. El primer año del ajuste que planea Berlín es 2011, cuando se prevé ahorrar 11.200 millones de euros.

El gobierno propone suprimir 40 mil empleos en el área de Defensa y entre 10 y 15 mil empleos públicos administrativos, además de diversos gastos sociales, como el subsidio para desempleados, la política habitacional y las ayudas por hijos. Afectará prácticamente a todos los sectores, salvo la educación, la investigación y las jubilaciones. También revisarán la ley de quiebras, para que el Estado sea el primer beneficiario del plan de reestructuración ante la bancarrota de una empresa. Por el lado de los ingresos, Merkel buscará aplicar una tasa sobre los beneficios que obtienen los productores de electricidad. Además, introducirá antes de 2012 un impuesto a las transacciones financieras.

“Son fundamentalistas del ajuste. Se preparan para que la crisis sea tres veces más grande”, comentó a Página/12 Fabián Amico, investigador de la Universidad de Lanús. Explica que el problema de fondo es el acuerdo sobre el euro, que elimina la posibilidad de hacer política contracíclica. “De la crisis se sale gastando. El ajuste sólo provoca un aumento del déficit que se busca combatir”, apuntó. También relacionó la decisión germana con dar una fuerte señal hacia los demás países del bloque.

Por su parte, el investigador de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Enrique Aschieri, enmarca la política europea del ajuste dentro de la disputa frente a Estados Unidos por la atracción de capitales. “Lo central es quién devalúa primero, porque eso acarrea una salida de capitales. Por eso, entre la disyuntiva inflación/deflación, Europa elige la segunda. Están dispuestos a aguantar más desempleo para sostener al euro”, explicó a este diario. En este marco ubica todos los planes de ajuste europeos, en especial el alemán, que representa una porción significativa del PIB de la UE.

El bloque europeo complementa la presión para aplicar los paquetes de ajuste con un fondo para asistir a economías que estén ahogadas financieramente. Ayer se cerró la creación de la llamada “Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FESF)”, una entidad de carácter temporal –por tres años– basada en un sistema de garantías individuales aportadas por los Estados que permitirá prestar, eventualmente, un total de 440 mil millones de euros. Tendrá sede en Luxemburgo. La ayuda se completaría con los 60 mil millones de euros que gestionará la Comisión Europea con cargo al presupuesto de la UE y el aporte del FMI por 250 mil millones. Los líderes europeos insistieron en que el dinero estará sujeto a condiciones estrictas, que en su lógica supone más ajuste, desempleo y recesión.