En otra manifestación de los alcances de la puja distributiva, la Unión Industrial Argentina volvió a mostrarse preocupada por “las demandas salariales desmedidas”. Los empresarios argumentan que esta estrategia de parte de los trabajadores atenta contra la competitividad, lo que en última instancia significa que los culpan de fogonear la inflación. Además, la entidad volvió a manifestarse en contra de los proyectos de legislación laboral impulsados por el diputado Héctor Recalde (FpV), también asesor legal de la CGT.

Los dichos de la central fabril están en línea con la última aparición de su titular, Héctor Méndez, quien indicó que “no se puede negociar los salarios todos los días” y que “hay que bajar los decibeles”, calificando de “absurdos” los reclamos por encima del 30 por ciento. El discurso patronal es sin embargo ambiguo, ya que en paralelo la UIA y la CGT crearon una “mesa de diálogo permanente” promovida por el secretario de la entidad fabril, José Ignacio De Mendiguren. A la vez, el metalúrgico Juan Carlos Lascurain organizó la semana pasada junto a la UOM un encuentro del cual participó la presidenta Cristina Fernández. Ambas fueron señales de acercamiento y diálogo que la entidad parece romper conforme a quién encabece su discurso.

La UIA expresó ayer en un comunicado tras la reunión de sus autoridades que está preocupada “por las demandas salariales desmedidas que afectan la competitividad de las empresas, en especial las pymes”. Los empresarios insisten en explicar la suba de precios a partir de las recomposiciones salariales. Además, la UIA cuestionó “las acciones directas que en algunos casos se manifiestan en parálisis de la actividad y en situaciones inéditas como el no acatamiento de las medidas de conciliación obligatoria”.

La presión empresaria se dirige a las negociaciones aún no cerradas. Es el caso de gremios como UTSA (Unión de Trabajadores Sociedades de Autores y afines), que reclama una suba del 30 por ciento con un piso de 1000 pesos; Foetra, que va por el 35 por ciento, o Smata, que no aceptaría un alza menor al 25 por ciento. Méndez calificó de “absurdo” el pedido de aumentos por encima del 30 por ciento porque entiende que supera el nivel de inflación. Pero el empresario no contempla la lógica de atar el avance salarial al de las ganancias.

“De parte del Gobierno hubo una señal de moderación –con el aumento del 21 por ciento para los empleados públicos–, porque había preocupación”, indicó De Mendiguren a Página/12. “Se estaba convalidando una expectativa inflacionaria guiada más por el clima periodístico, que está alejado del real”, agregó el dirigente fabril.

Por otra parte, la entidad remarcó su “fuerte preocupación por proyectos laborales en estado legislativo que afectarían la inversión”, en referencia a la iniciativa impulsada por Recalde que ya fue aprobada en Diputados, que eleva las indemnizaciones cuando el afectado es un trabajador no declarado. “Fomenta la industria del juicio y juega en contra de la inversión”, criticó De Mendiguren.