¡Estupendo! La tasa de desempleo bajó del 21,5 por ciento en mayo al 17,8 por ciento en octubre. Pero, lamentablemente, dos tercios del mérito se lo llevan los Planes Jefas y Jefes de Hogar (PJJH). En otras palabras: de no computarse a los beneficiarios de tales planes que, a pesar de recibir esos $ 150 mensuales, buscan trabajo (porque esa plata no les alcanza y porque están subocupados, ya que sólo contraprestan 20 horas semanales de labor), la tasa de desocupación hubiese resultado igual a la de mayo: 21,5 por ciento. Y más aún: si se excluyera a todos los beneficiarios, la tasa se dispararía por encima del 23 por ciento. Sin la magia de esos programas estatales, la situación reflejada por la encuesta del INdEC habría resultado aún más deprimente que la del último otoño. Pero, ¿es válido considerar como “ocupados” a quienes han logrado ser incluidos en esta red de contención social, que hizo sentir sus efectos desde mediados del 2002?
Para empezar, una contraprestación media de 20 horas no llega a las 35 semanales que definen a un trabajador como ocupado. Con 20 se lo considera subocupado. Pero, además, como el beneficiario no aporta al sistema previsional, cae en la categoría de trabajador en negro o precario. Y esto es así porque el dinero que recibe no tiene carácter de salario (ya que en tal caso aportaría) sino de subsidio. Lo único que convierte al receptor de un PJJH en algo parecido a un trabajador es la contraprestación laboral que realiza. ¿Pero la efectúa realmente, y en qué medida?
Los beneficiarios son aproximadamente dos millones, pero sólo unos 800 mil realizan alguna tarea ligada a la percepción del beneficio. Hay además algo más de 300 mil que no efectúan contraprestación alguna, pero en la semana previa a la realización de la encuesta habían estado buscando empleo. Por tanto, también ellos fueron incluidos como población económicamente activa (PEA). Los restantes beneficiarios (cerca de 900 mil) reciben el subsidio, pero no trabajan ni buscan conchabo. Moran, por tanto, fuera de la PEA. Es dable suponer que pueden permitirse esa situación (no trabajar ni procurarse empleo) gracias al dinero de los planes, por patéticamente escaso que éste sea. En este sentido, si en ausencia de ese subsidio se viesen obligados a buscar trabajo y no lo consiguieran, serían mayores tanto la PEA como la desocupación.
El rionegrino Juan Carlos del Bello, director del INdEC, confía plenamente en las cifras de contraprestación laboral que muestra la encuesta porque ellas se obtienen a nivel de los propios hogares y no de los municipios u otros asignadores. Sin embargo, es difícil imaginar cómo hacen algunos intendentes para repartir tareas a tanta gente. Como ejemplo puede tomarse precisamente el conglomerado urbano Viedma-Carmen de Patagones, que suma unos 25 mil ocupados, 2150 de los cuales son beneficiarios de PJJH. En verdad, los planes allí asignados rondan los 4000, pero casi la mitad no realiza ninguna contraprestación. Aun así, es complicado figurarse cómo hacen esos dos municipios para ocupar a 2150 personas, proveyéndoles enseres y materiales, y organizar sus labores.
Más del 60 por ciento de los beneficiarios de los planes en todo el país que aparecen como ocupados tienen como “empleador” a la administración pública. Esto arroja una sombra de duda sobre el único endeble elemento que, en principio, permite defender la equiparación de este subsidio a un verdadero empleo. ¿Qué capacidad tienen los estados locales para ocupar a tanta gente, y de qué presupuesto disponen para equiparlos mínimamente y para la correspondiente logística? En el mejor de los casos, se trata de labores de muy baja calificación, con lo que la integración de los PJJH al mercado laboral determina un claro descenso en la productividad media.
Un dato interesante que surge de la encuesta en la muy alta proporción de mujeres entre los beneficiarios que realizan tareas como contraprestación. Muchas de esas mujeres antes no trabajaban ni buscaban empleo, ya que no tenían perspectivas de conseguirlo. En no pocos casos pasaron directamente de inactivas a figurar en la PEA y como ocupadas. El salto lo dieron al calificar como jefas de hogar para los planes portratarse de madres solas. Ellas ayudan a explicar el considerable aumento registrado en la PEA entre las rondas de mayo y octubre de 2002: 350 mil personas más. Por esta razón, aunque en el período se crearon 640 mil nuevos empleos (sólo un tercio de ellos ajenos a los planes oficiales), la cantidad de desocupados sólo descendió en 290 mil.
Si el maquillaje de la pavorosa situación laboral a través de los planes funcionó en alguna medida en relación con la tasa de desempleo, fue en cambio un fiasco respecto de los índices de indigencia. Aunque entre mayo y octubre los planes lograron que el ingreso medio de los hogares indigentes subiese de 145 a 218 pesos mensuales, el costo de la canasta básica de alimentos para esos mismos hogares es de 408 pesos. La brecha es por tanto del 47 por ciento, y aunque se redujo un poco en el período, todavía faltan 190 pesos mensuales para que esas familias puedan ascender a pobres.
En relación con las perspectivas que se abren, estadísticamente hablando, para la próxima medición del desempleo en mayo de 2003, cuando esté asumiendo el nuevo gobierno, hay una buena noticia y una mala. La buena es que la reactivación que viene notándose en algunos sectores apenas empezaba a insinuarse en octubre pasado. Por tanto, su efecto sobre la oferta de empleos no fue perceptible en esa onda. La mala es que el impacto estadístico de los PJJH fue captado plenamente en el último relevamiento. En el próximo, por tanto, sólo volverán a mejorar los números si sobreviene una genuina mejora en el mercado de trabajo. Salvo que, mediante algún ardid, alguien consiga que parte de los casi 900 mil beneficiarios inactivos de los planes pasen repentinamente a brindar la contraprestación de rigor, ingresando así, por el sortilegio de los planes sociales, al estrecho círculo de los ocupados.