A un año y medio de la desaparición de las AFJP, la Anses elaboró un informe que refleja cómo era y cómo quedó el sistema de jubilaciones y pensiones en la Argentina. Uno de los datos que aparecen allí es que el mes pasado se llegó al record de personas que cobran haberes gracias a la moratoria previsional: son 2.332.295 beneficiarios, sobre un total de 5.582.207 del régimen de previsión social. Es decir, los “nuevos jubilados” ya representan el 41,8 por ciento del total, más de cuatro de cada diez. La incorporación de todos esos jubilados se produjo en los últimos cinco años, a partir de que el Gobierno diseñó un sistema para que mujeres mayores de 60 años y hombres de más de 65 que no cumplían con el requisito de años de aportes pudieran saldar esa deuda y al mismo tiempo empezar a percibir ingresos. Eso les dio derecho, además, a la cobertura del PAMI. Fue la primera medida de orientación universal para resolver un problema de marginalidad creciente, en este caso, de adultos mayores. Esa política se profundizó el año pasado con la asignación a la niñez.

La fuerte expansión en el número de jubilados se refleja en otros dos indicadores. El primero es el que se conoce como tasa de cobertura. Según el documento de la Anses, el 86,7 por ciento de las personas en edad de jubilarse está recibiendo haberes. En 2009 fue el 81,4 por ciento. El aumento se explica porque todos los meses se suman a la moratoria un promedio de 38 mil personas. Ese es el registro en lo que va de 2010. La evolución de la tasa de cobertura viene creciendo aceleradamente desde 2005, cuando se tocó el piso histórico de 55,1 por ciento. Fue en ese momento que el Gobierno resolvió darle un corte a una situación cada vez más angustiante. La proyección indicaba que en un par de años, menos de la mitad de los argentinos en edad jubilatoria podría completar los trámites para cobrar el retiro. Frente a esa circunstancia, se empezó con las moratorias.

La primera arrancó a fines de 2005 y venció en abril de 2008. Lo que permitía era que cualquier persona que tuviera la edad para jubilarse pudiera hacerlo aun sin haber aportado nunca en su vida. La Anses le calculaba la deuda –con significativos beneficios– y le armaba un plan de pagos en 60 cuotas. Sólo con eso ya le concedía una jubilación, y de ahí se empezaba a cobrar la deuda. La respuesta fue explosiva. De 3,1 millones de jubilados que había en 2005 se pasó a 4,4 millones en 2007, con un avance en la tasa de cobertura del 55,1 por ciento hasta el 76,4. En 2008 fueron 4,8 millones (77,8) y ahora son casi 5,6 millones (86,7).

La segunda moratoria, aún vigente, habilita la “compra de aportes” faltantes hasta 1993. En promedio, las cuotas están en 221 pesos por mes. Eso es lo que detrae la Anses de quienes se jubilaron por moratoria. El haber medio de quienes se acogieron a ese beneficio es de 918,5 pesos por mes, contra 1275,8 pesos promedio para el resto de los jubilados. El promedio general es de 1157,3 pesos por mes.

El segundo efecto que produjo la multiplicación de jubilados es el incremento del gasto en seguridad social. El salto es notable: el presupuesto de la Anses pasó de representar el 5,6 por ciento del PIB en 2005, a 9,1 por ciento en 2009, y se proyecta en 10 por ciento para este año, debido a la creación de la Asignación Universal por Hijo. En números absolutos el aumento se hace más visible: el gasto de la seguridad social pasó de 29.500 millones de pesos en 2005 a 103.700 millones en 2009. Las jubilaciones por moratoria y la asignación por hijo son las dos medidas más fuertes de redistribución del ingreso que implementó el Gobierno de 2003 a la fecha. En total, alcanzan a seis millones de personas. En ambos casos, la eliminación de las AFJP y la recuperación de los aportes previsionales por parte del Estado lo hicieron sustentable.

En ese camino, las moratorias fueron imprescindibles para paliar los efectos de exclusión que generó el sistema previsional y laboral de los ‘90. Por un lado, la ley que creó las AFJP aumentó el requisito de años de aportes para acceder a la jubilación. Se pasó de 15 años en 1994 a los 30 actuales. A la vez, la suba de la desocupación hasta un pico de 21,5 por ciento en mayo de 2002, y la precarización e informalidad del mercado de trabajo –con un 49,5 por ciento de trabajadores en negro en el cuarto trimestre de 2003– fueron dejando cada vez a más personas al margen de la jubilación.

Ahora, con la tasa de cobertura previsional del 86,7 por ciento –la cifra trepa al 90 por ciento si se cuentan los jubilados provinciales–, la Argentina recuperó el primer lugar en América latina. Comparte ese puesto con Brasil –aunque allí también se computan planes sociales–, mientras que Uruguay aparece con 86,3 por ciento y Chile figura bastante más atrás, con 63,0 por ciento. Otros países de la región como México, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador se mueven en un rango muy inferior, del 16 a 26 por ciento.

Todos esos datos no alcanzan para evitar las quejas de jubilados que aportaron toda su vida y ahora se encuentran con haberes bajos o, en todo caso, no mucho más altos que los de aquellos que entraron en las moratorias. En ese sentido, el Gobierno tomó la decisión política de ampliar la cobertura y conceder los mayores aumentos a quienes menos ganaban. El haber mínimo subió 497 por ciento desde enero de 2003 a la fecha, al pasar de 150 pesos a los actuales 895,2. La jubilación media, en tanto, creció 238 por ciento, de 342,6 pesos a 1157,3, respectivamente. La ley de movilidad que se aprobó hace un año y medio en alguna medida vino a reparar esa situación, ya que desde entonces los aumentos son generalizados.