La intervención del Estado en empresas privadas durante el kirchnerismo ha sido en la gran mayoría de los casos una respuesta ante incumplimientos que pusieron en riesgo la provisión de servicios públicos. Ese es el denominador común que vincula las estatizaciones del Correo, Aguas Argentinas, el espectro radioeléctrico, la aerolínea de bandera y los trenes metropolitanos San Martín, Roca y Belgrano Sur. El mismo motivo explica la decisión de intervenir Transportadora Gas del Norte, Autopistas del Sol y ahora Metrogas, más allá de las críticas de un sector del establishment que ve el fantasma de Hugo Chávez y su socialismo siglo XXI a la vuelta de cada esquina. Incluso las acciones heredadas de las AFJP en 44 compañías no fue algo buscando sino una consecuencia de la estatización de los fondos previsionales cuando éstos comenzaron a evaporarse y quedó claro que, debido a sus negocios especulativos, las administradoras no iban a poder pagar ni los haberes mínimos de los futuros jubilados. El ingreso en la papelera Massuh fue una excepción a esta regla, pero se lo hizo con la intención de preservar 600 puestos de trabajo y luego de que la planta permaneciera parada durante cuatro meses.

Correo Argentino. Fue el primer contrato de servicio público que se rescindió durante el gobierno de Néstor Kirchner. La decisión se tomó porque la firma no cumplió con el pago del canon que había prometido e incluso contabilizó como inversión el despido de 3000 trabajadores.

Espectro radioeléctrico. La gestión del servicio pasó a manos del Estado en enero de 2004, cuando se anuló la concesión otorgada a la francesa Thales Spectrum en 1997. El argumento fue que la firma no concretó inversiones previstas en el contrato por 300 millones de dólares, pese a que durante los primeros tres años se quedó con el 75 por ciento de lo recaudado y en los años siguientes con el 47 por ciento de un monto estimado en 120 millones de pesos anuales.

Trenes. El Gobierno rescindió la concesión del ferrocarril San Martín en junio de 2004 e hizo lo propio con las líneas Roca y Belgrano Sur en mayo de 2007. En ambos casos la decisión se tomó por graves y reiterados incumplimientos en la oferta del servicio brindado por el Grupo Taselli. Desde entonces, esos trenes comenzaron a ser gestionados de manera conjunta por TBA, Ferrovías y Metrovías, con el aliento que supuso el subsidio estatal, y el servicio fue mejorando lentamente.

Aerolíneas Argentinas. En diciembre de 2008 el Congreso convirtió en ley la declaración de utilidad pública que le permitió al Gobierno expropiar la aerolínea y sus empresas vinculadas. Fue luego de una operación de vaciamiento llevada adelante desde la privatización en 1990 por distintos accionistas privados, que incluyó la venta de las 28 aeronaves que conformaban la flota, los simuladores de vuelo y las oficinas comerciales en el país y en el exterior. Además, se prometieron inversiones que nunca concretaron.

Aguas Argentinas. El argumento oficial para anular el contrato en marzo de 2006 fue que la empresa Suez puso en “peligro potencial” a la sociedad al distribuir aguas contaminadas. Los afectados fueron más de 800 mil personas del sudoeste del conurbano. El hecho incluso había sido admitido por la propia concesionaria ese verano, cuando recomendó a través de las facturas el no consumo de agua por parte de embarazadas y niños.

Transportadora Gas del Norte y Autopistas del Sol. En ambos casos lo único que hizo el Gobierno fue designar un interventor en las firmas cuando sus accionistas principales declararon el default de su deuda. En el caso de TGN, los balances presentados hasta el default mostraban ganancias operativas y financieras, lo que motivó la realización de una auditoría oficial.