La puja política alrededor de la prórroga de las facultades delegadas está subiendo de temperatura. El próximo 24 de agosto caducan los permisos que concede el Congreso al Poder Ejecutivo para legislar en distintos aspectos. En concreto, hay en juego 1900 normativas, entre ellas la posibilidad de fijar retenciones. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento una lista de 365 leyes consideradas relevantes para la gestión de gobierno. En el material enviado por la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica se solicita la prórroga de las facultades delegadas en leyes como el código aduanero, la fijación de derechos de exportación, impuestos internos, ampliación del presupuesto, financiación de obras, títulos de deuda pública, la ley de abastecimiento y la refinanciación de deudas del Banco Central, entre otras. Para el radicalismo, de ese compendio sólo deberían prorrogarse 40 normas. En este sentido, el conglomerado opositor intentará modificar la ley de abastecimiento, para quitarle injerencia al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y establecer nuevas alícuotas para los derechos de exportación agropecuarios.

La Comisión Bicameral para el análisis de las leyes con facultades delegadas deberá emitir un dictamen –no vinculante– el próximo 30 de junio, el cual luego será analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo de Graciela Camaño (Peronismo Federal), y probablemente Presupuesto, cuyo titular es Gustavo Marconato (FpV). De ese plenario saldrá el dictamen que deberá tratarse en el recinto antes del 24 de agosto.

Con respecto a la cuestión de las retenciones, el diputado Ricardo Gil Lavedra explicó a este diario cuál podría ser la estrategia del abanico opositor. “Lo que intentará hacer el Grupo A es fijar una banda para el cobro de retenciones –del 0 al 30 por ciento– y modificar la ley de abastecimiento, que es el instrumento que utiliza Moreno para presionar”, indicó. Los derechos de exportación a la soja se encuentran actualmente en un máximo de 35 por ciento, con lo que de imponerse esta postura el Gobierno debería resignar al menos cinco puntos de recaudación por esa vía.

La oposición también intentará avanzar sobre otro punto sensible: el funcionamiento de la Oncca. Su objetivo de máxima es desarmar el organismo, aunque por el momento no encontró consenso para hacerlo.

Otro nudo conflictivo es la cantidad de leyes que podrían prorrogarse. De las 1900 normas en estudio, el Ejecutivo considera necesarias 365. El grupo de juristas que trabaja en la Bicameral encontró, a su criterio, aproximadamente 270 normas. Para Gil Lavedra, sólo 40 leyes resultan esenciales. El Congreso tiene hasta el próximo 24 de agosto para desentramar el complejo escenario de las facultades delegadas.

Las leyes que están bajo estudio son de dos tipos: las delegadas en el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, ejercidas por la presidencia de la Nación, y otras que son subdelegadas. Estas son aplicadas por diferentes organismos públicos, como la AFIP, la Oncca o el Ministerio de Economía, entre otros. La distinción no es menor. El año pasado, el Parlamento aprobó una iniciativa donde se prorrogaron las 1900 leyes ahora en estudio. En su articulado se dejó constancia de que sólo podrían ejercer facultades delegadas el presidente de la Nación y el jefe de Gabinete. La consecuencia es que este año ya ingresaron al Congreso una serie de DNU sobre temas arancelarios del Mercosur, los cuales deberán ser investigados y revisadas por los legisladores.

“Son miles las posiciones arancelarias y los derechos de exportación. Es imposible fijar cada uno en su especificidad por ley”, señaló Vilma Ibarra, a través de su sitio web. Uno de los casos más recientes es un DNU para fijar un arancel de importación para las “arpilleras de yute” en el contexto del Mercosur. Antes se hacía por resolución administrativa del Ministerio de Industria. La oposición votó en contra de ese DNU en la Comisión Bicameral.