“Irresponsable, efectista, ridícula”, calificó el ministro de Economía, Amado Boudou, a buena parte de la oposición por sus proyectos de ley para subir las jubilaciones. Las iniciativas que obtuvieron dictamen anteayer en las comisiones de Previsión de ambas Cámaras del Congreso contemplan distintos esquemas de aumentos, pero en lo básico llevan la jubilación mínima a un régimen de 82 por ciento móvil (ver aparte). Boudou y el titular de la Anses, Diego Bossio, presentaron los costos que tendrían cada una de esas opciones y advirtieron que son “impracticables”. También hicieron un pormenorizado repaso de la involución del régimen previsional desde los años ’60 hasta 2003, con una sucesión de defraudaciones a los jubilados, incumplimiento de leyes, caída en la cobertura y reducción de haberes, al punto de que en 1996 las jubilaciones equivalían al 37,8 por ciento de los salarios de los activos y en 2002 representaban el 43,8 por ciento –ahora se busca el 82 por ciento móvil–. Los funcionarios compararon esa situación de “tierra arrasada” con la actual, donde las jubilaciones avanzaron hasta el 50,6 por ciento de los sueldos de los activos, el haber mínimo subió 497 por ciento desde 2003 a la fecha y la jubilación media creció 238 por ciento, mientras que la tasa de cobertura volvió a ser la más importante de América latina, y el dinero invertido por el Estado en seguridad social se duplicó en términos de PIB y también es la proporción más alta de la región.

Uno de los gráficos que presentaron los funcionarios muestra la distancia entre los proyectos de la oposición para llegar al 82 por ciento móvil y la realidad, no sólo en la Argentina, sino en otros países. “El único que tiene 82 por ciento es Luxemburgo”, sostuvo Boudou. En la Argentina, como se indicó más arriba, la tasa de sustitución es de 50,6 por ciento. Por debajo de ese nivel se ubican España, con 45,7 por ciento, y países de la región, como Brasil (46,1 por ciento), Chile (48,5) y Colombia (49,3). Por arriba aparecen Italia, con 54,6, y Uruguay, que con el 60,1 por ciento marca el techo para América latina. En el país, durante la década del ’90 las jubilaciones representaban en promedio el 40 por ciento de los sueldos medios de los activos. El 82 por ciento móvil fue una ley de 1958, que a menos de cinco años de su aprobación ya había sido incumplida por su elevado costo fiscal.

Para la oposición, de todos modos, los recursos disponibles en la Anses permiten ahora pegar un salto y llegar al 82 por ciento, desde el 50,6 actual. Boudou lo negó y puso en números el costo que tendría cada una de las alternativas barajadas en los proyectos de ley:

- 82 por ciento móvil para todos los jubilados y pensionados: la Anses debería desembolsar 140.111 millones de pesos anuales adicionales, 157,4 por ciento más respecto de lo previsto para el Presupuesto 2010. En ese caso, se pasaría a un déficit gigantesco, de 11,4 por ciento del PIB. Para cubrir el de- sequilibrio, el Estado debería volver a endeudarse.

- Jubilación mínima igual al 82 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil: este último se encuentra en la actualidad en 1500 pesos, por lo cual la jubilación mínima subiría a 1230 pesos, desde los 895 actuales. El costo fiscal sería de 22.406 millones de pesos anuales, 25,1 por ciento más que el presupuesto de la Anses de este año para el pago de jubilaciones y pensiones. El organismo pasaría a tener un déficit equivalente al 2 por ciento del PIB.

- Actualización de las jubilaciones de acuerdo con el índice Ripte: en este caso, la oposición plantea una recomposición de los haberes previsionales en base a la evolución del Ripte –índice de salarios de los trabajadores activos que elabora el Ministerio de Trabajo– entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007. La iniciativa tiene un impacto fiscal anual adicional de 10.252 millones de pesos, 11,5 por ciento del presupuesto de la Anses para jubilaciones y pensiones, que llevaría a un déficit del organismo equivalente al 0,9 por ciento del PIB.

Es decir, en todos los casos los ingresos actuales de la Anses no alcanzan para cubrir los mayores gastos, por lo cual se necesitan nuevas fuentes de financiamiento. Los proyectos de la oposición avanzan poco en la cuestión. Claudio Lozano, de Proyecto Sur, plantea una suba de los aportes patronales a la seguridad social –si se hiciera de un día para otro, lo cual parece difícil por la probable reacción empresaria, podría haber traslado a precios–, mientras que diputados como Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, o senadores como Rubén Giustiniani, del socialismo, sugieren utilizar el stock de ahorros previsionales que acumula la Anses desde la eliminación de las AFJP (ver aparte). Otra alternativa sería volver al endeudamiento del Estado, que fue la opción del menemismo y la Alianza hasta generar un pasivo impagable que llevó al colapso económico y al default.

El ministro de Economía explicó por qué utilizar los ahorros de la Anses sería inconveniente. El organismo tiene 149 mil millones de pesos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones. Es el dinero que el Estado tomó de las AFJP cuando estas dejaron de operar –en realidad, habían sido 98.225 millones de pesos y la cifra creció 52 por ciento bajo la gestión pública–. Como se mencionó más arriba, el costo de los proyectos “más moderados” de la oposición, que contemplan el 82 por ciento móvil de la jubilación mínima y la actualización de los haberes entre 2001 y 2007, asciende a 32.600 millones de pesos. Extraer esa cifra del FGS haría que éste se agotara en un plazo de cinco a seis años, y después ya no habría reaseguro para las jubilaciones ni fondos para cubrir el ingreso de nuevos beneficiarios, ya que ahora todos los jubilados son estatales. Se dejaría al sistema jubilatorio expuesto otra vez a una quiebra generalizada, como ha ocurrido cíclicamente desde mediados de los años ’60 hasta 2003.

Boudou agregó que ni siquiera es posible echar mano a los ahorros de la Anses tan mecánicamente. Esto se debe a que el dinero está invertido en activos financieros –acciones, bonos, plazos fijos, obligaciones negociables, préstamos a empresas, fondeo para créditos hipotecarios– y proyectos productivos –obras de infraestructura– cuya realización no es tan sencilla. El 40 por ciento de los 149 mil millones de pesos se encuentra en activos líquidos y el 60 por ciento restante en inversiones que demandarían hasta diez años para su liquidación.

Igualmente, si se pretendiera rematar todo para que la Anses dispusiera de efectivo para pagar el 82 por ciento móvil, habría una pérdida mayúscula para el Estado. Vender a las apuradas acciones, bonos y demás títulos ocasionaría una pérdida de unos 74 mil millones de pesos, de acuerdo con el cálculo de Boudou. Además, esto generaría problemas económicos de difícil resolución, como una expansión de la base monetaria, un incremento abrupto del consumo sin capacidad de respuesta de la oferta, inflación, pérdida del valor de la moneda y suba de las tasas de interés.

En conclusión, Boudou y Bossio señalaron que no es cierto lo que dice la oposición que la plata está disponible para pagar el 82 por ciento móvil y que el Gobierno no la utiliza porque prefiere darle otros usos. Negaron, por ejemplo, que haya una expansión en el financiamiento al Estado con los recursos de la Anses. Cuando existían las AFJP, el 59,5 por ciento de los ahorros previsionales los invertían en títulos públicos, mientras que en la actualidad la participación llega al 61,0. Países como España tienen hasta el 80 por ciento en bonos del Estado.

En el Gobierno hay una gran indignación con la oposición por los proyectos previsionales, a los que considera “oportunistas” e “irresponsables” por despertar expectativas en los jubilados que no son realizables. Pero también apuntan a la UCR, la Coalición Cívica, el Peronismo Federal y el PRO, porque en su momento votaron en contra de la disolución de las AFJP y la estatización del sistema jubilatorio. Al senador Giustiniani, del socialismo, le reprochan que además de esta propuesta es autor de un proyecto de ley para quitarle a la Anses el 15 por ciento de los recursos coparticipables, que pasarían a financiar a las provincias. “Quiere aumentar las jubilaciones y al mismo tiempo quitarle fondos a la seguridad social”, cuestionó Bossio.

“Vamos de menos a más. Falta mucho, pero es muchísimo lo que se avanzó. Este gobierno es el que más hizo por los jubilados en varias décadas y lo seguiremos haciendo, pero con responsabilidad”, agregó el funcionario. Uno de los logros de la gestión que se inició en 2003 –recordó– es haber entregado jubilaciones por moratoria a más de 2,3 millones de personas que de otro modo nunca hubieran accedido a ese beneficio y a la cobertura del PAMI. Representan en la actualidad el 41,8 por ciento del total de jubilados y pensionados.