Desde Brasilia

El Gobierno buscará orientar su política de intervención en los mercados agrícolas –fundamentalmente, en comercialización y distribución–, siguiendo la experiencia brasileña bajo la administración de Lula da Silva, haciendo eje en el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y apoyado en el rol de las asociaciones de productores y cooperativas para organizar a pequeños y medianos productores. Para desarrollar su programa Hambre Cero, el gobierno de Lula rescató, en el año 2003, una empresa que estaba “condenada” a la privatización: la Conab, Compañía Nacional de Alimentos de Brasil. Hoy, la empresa es el principal instrumento de intervención pública en los mercados agrícolas, garantiza precios mínimos a los pequeños productores y el abastecimiento al mercado local de los 42 rubros principales para la alimentación.

“Creemos que es un modelo posible de trasladar a la Argentina porque toma conceptos, como la seguridad alimentaria y las asociaciones de productores como nexo con el sector público, que compartimos plenamente, y otros respecto de la intervención pública en los cuales están más avanzados, y para no- sotros es una cuenta pendiente”, comentó Julián Domínguez, ministro de Agricultura, a Página/12, tras un encuentro con funcionarios brasileños. ¿Una nueva Junta Nacional de Granos? No tanto, o quizá más, según como se mire.

El eje central de la visita de Domínguez a Brasilia, al frente de una delegación de funcionarios, empresarios y representantes legislativos y de gobiernos provinciales afines y opuestos al Gobierno nacional, es fortalecer la relación con un país que se presenta como un potencial socio estratégico para convertirse, si confluyen, en el principal jugador mundial en materia agropecuaria. “La voluntad política está, y hemos encontrado muchos espacios en los que podemos complementarnos y crecer juntos”, expresó el ministro de Agricultura de Brasil, Wagner Rossi, en presencia de Domínguez. “Los problemas sanitarios para la entrada de productos brasileños a la Argentina están superados. La presidenta Cristina Kirchner actuó extremadamente rápido para atender nuestra inquietud y aclarar que no había ninguna acción para impedir la entrada de alimentos brasileños. Es verdad que hay algunos sectores empresarios que se sienten afectados, pero para nosotros tiene más valor la palabra de la Presidenta que pequeñas rencillas de mercado o especulaciones sobre algunos productos”, completó Rossi ante una consulta periodística.

Da la impresión de que Brasil hubiera estado esperando hace rato que la Argentina diera este paso de acercamiento. La sólida estructura pública brasileña causa, como confesó un funcionario argentino, “sana envidia”. Un Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), otro de Desarrollo Agrícola (MDA), una empresa que compra y vende, maneja stocks de intervención, subsidios y fija precios mínimos de producción (Conab), además de varios institutos de financiamiento, investigación, seguimiento de costos y precios o ejecutores de los programas de abastecimiento de alimentos a poblaciones carenciadas (Hambre Cero). Lo más notable, desde el punto de vista argentino, es que trabajan coordinadamente.

Domínguez y un nutrido equipo llegó a Brasilia para conocer cómo funciona. Se encontró con mecanismos e instrumentos, según reconoció, que se adaptan a los objetivos centrales del plan estratégico agropecuario que apunta a lanzar el Gobierno el año próximo: la seguridad alimentaria, la diversidad y descentralización de la producción y la política de intervención pública en materia de precios. La Conab, Compañía Nacional de Alimentos de Brasil, dependiente del Ministerio de Agricultura, es un instrumento de intervención nacido en los años ’40 para garantizar precios mínimos. En los ’90, con la oleada neoliberal, se retiró de los mercados y hacia fines de esa década fue puesta en la lista de empresas a privatizar. En 2003, al asumir Lula, la retiró de la lista y empezó a reconstruirla, capacitando a sus técnicos y dándoles nuevas funciones.

De inmediato, la Conab quedó ligada al Programa de Hambre Cero, comprando la producción a los pequeños agricultores familiares para atender los programas sociales. Interviene, además, en los mercados, efectuando compras de 42 productos básicos (trigo, maíz, frijoles, arroz, leche en polvo y otros) para formar stocks de intervención que atiendan eventuales faltantes de oferta y para fijar un precio de referencia. Actúa como un operador más, no está obligada a licitar (excepción establecida por ley), compra a través de bolsas o en forma directa y contrata silos y otras instalaciones de almacenamiento del sector privado.

No exporta, pero tiene un peso en el mercado interno que le evita quedar prisionero de los precios de exportación. La fijación de precios mínimos se realiza en base a estudios de costos que realiza el propio organismo, no por la información que elabora el sector privado. ¿Hay resistencias de los productores a estos mecanismos de intervención? Las autoridades del Conab aseguran que no. “El sector privado sabe la importancia de asegurar el abastecimiento”, señalan. Además subrayan que la relación principal con los pequeños productores es a través de asociaciones y cooperativas, sin las cuales no hay relación comercial entre el agricultor familiar y el Programa de Adquisición de Alimentos.

“Nos interesa sobremanera esta forma de relación con el sector productivo. Para fin de año tendremos terminado el padrón de agricultores familiares, ése será un primer paso importante”, apuntó Domínguez tras escuchar la experiencia de la Conab.