Estudiar en la facultad pública es libre y gratuito, lo que implica que todos tienen la posibilidad de ingresar y cursar las materias respectivas de la carrera elegida. Es una prestación del Estado considerada universal, aunque se sabe que no concurren a esas aulas todos los jóvenes en edad de estudiar y recibirse con un título de grado. Incluso se requieren requisitos básicos, como el haber superado con éxito la etapa de la secundaria, para ser parte de la comunidad universitaria, y no por eso se los considera una restricción al acceso a ese derecho. Se pueden encontrar otros ejemplos similares, como el derecho a los servicios en hospitales y escuelas estatales. Este análisis se presenta como un absurdo. Se coincide en que no pierde la característica de universal ese derecho a la formación superior de todas las personas en edad de pertenecer a una facultad, aunque no sea ejercido. El criterio básico de un derecho universal es primero definirlo e implementarlo, para luego generar las condiciones para acceder a él como también trabajar en la gestión para acercarlo a la mayor cantidad de beneficiarios. Existe, en cambio, una corriente fundamentalista de cientistas sociales que afirma que si no están todos anotados en ese derecho consagrado universal, éste deja de serlo. Es un criterio extremo que tiene la rigurosidad pertinente para abonar el terreno de los grupos conservadores en el actual escenario de puja política mediática. Ese debate entre purismo técnico y desafío cotidiano se desarrolla con la Asignación Universal por Hijo, la medida de reconocimiento de derecho social y económico más relevante desde la restauración de la democracia. No deja de ser llamativa la vocación de ciertos sectores de elogiar la iniciativa al tiempo de descalificarla por considerar que no es universal.

El compromiso de vacunación y escolaridad para percibir el beneficio no implica la pérdida de la noción de universalidad de ese derecho, sino que esas exigencias lo que han definido es que no sea incondicional. Aspecto que debería ser evaluado como un posible factor para su aceptación global, teniendo en cuenta la influencia cultural conservadora arraigada en la sociedad en relación con beneficios de dinero entregado a grupos vulnerables. Los montos de la AUH son de 180 pesos por hijo y 720 por hijo con discapacidad. Cada mes se liquida el 80 por ciento de esas sumas (144 pesos por hijo y 576 pesos por hijo con discapacidad) porque el 20 por ciento restante (36 pesos por hijo y 144 pesos por hijo con discapacidad) sólo se hará efectivo una vez al año si se cumple con el requisito de escolaridad a partir de los menores de cinco años, control sanitario y Plan de Vacunación obligatorio a menores de cuatro años. Una libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación en poder del familiar a cargo dejará constancia del cumplimiento de esos compromisos. Si bien se ofrecen argumentos entendibles para eliminar esas restricciones desde la teoría de las ciencias sociales, debería incorporarse en esos análisis la experiencia práctica en cuanto los efectos positivos en materia educativa y de salud de esa asignación. Ignorarlos no colabora en la necesaria evaluación de una extraordinaria medida de política social. Para sumar elementos de análisis en ese sentido se recomienda la opinión de Inés Tenewicki publicada ayer por este diario (www.pagina12.com.ar/diario/ universidad/10-149141-2010-07-09.html).

La cantidad de niños y adolescentes alcanzados por la AUH es de 3,7 millones. Las observaciones en este punto se dirigen directamente a considerar ese beneficio como no universal debido a que, supuestamente, deja afuera a casi un tercio de los menores, unos 2,8 millones de niños. El economista Emmanuel Agis calificó como erróneo ese cálculo en una nota publicada en el blog Inflación Heterodoxa. Señala que la estimación sobre la cifra de excluidos está elaborada a partir del documento “Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015” del Indec en base al Censo 2001, que supone la existencia de un total de 13,6 millones de menores de 18 años. En esa estimación, sostiene Agis, el problema radica en que se incluyen niños que no serían sujeto de beneficio. “Es decir, todos los ‘niños’ con 18 y 19 años cumplidos no son sujetos del beneficio.” En el documento que cuestiona la AUH se los ha incluido. Por lo tanto, el dato del total de niños está sobreestimado. Agis explica que la apertura censal para realizar estos cálculos se encuentra disponible por tramos de 5 años. El último de estos tramos utilizado para realizar el cálculo va de 15 a 19 años inclusive. “De aquí surge el primer error del trabajo, que invalida todas las consideraciones posteriores respecto del grado de universalidad o alcance de la medida: se incluye a ‘menores’ con 18 años cumplidos y con 19, cuando lo correcto es incluir a todos los menores que tengan entre 0 y 17 años inclusive.” Agis realiza el recálculo con rigurosidad. Si de los 13,6 millones de niños se depuran los de 18 y 19 años (en base a la información del censo 2001), la cifra correcta es de 12,2 millones de menores, 1,4 millones menos que lo que dice el informe. “Si suponemos que esos 1,4 millones se encuentran distribuidos aleatoriamente entre los hogares con trabajadores informales, cerca del 40 por ciento tienen ingresos del jefe más elevados que 1500 pesos”, indica. Agis apunta que, por tanto, quedarían sin cubrir unos 800.000 menores de bajos ingresos. “Esto es grave, de más está decirlo, pero también hay que decir que 800.000 es muy distinto que 2.800.000”, aclara. Para concluir que “cuando las cuentas se hacen de manera correcta, el porcentaje de niños de bajos ingresos cubiertos asciende al 93 por ciento”.

Otros estudios en base a estimaciones de población realizadas por la ONU señalan que la cantidad de niños de 0 a 17 años en Argentina suma 11,7 millones en 2010, una cifra aún más baja que el informe mencionado y el posterior recálculo. Además, no es un aspecto menor considerar que el número de niños y adolescentes de 0-17 no está aumentando sino disminuyendo con el correr del tiempo, debido a la tendencia declinante de los nacimientos desde hace bastantes años. Según la Anses, la cantidad de niños, niñas y adolescentes cubiertos por el régimen general de asignaciones familiares asciende a 11.159.887, a marzo de este año. En esa cifra se incluye el empleo formal, la asignación universal, empleo público, prestación por desempleo, entre otras categorías. Así, la brecha a cubrir es de 560 mil.

Este debate sobre números exige esas precisiones para despejar el horizonte de consignas fáciles y ordenar un debate más profundo. Esto último orienta a preguntarse dónde están esos niños que no reciben la AHU, que es la cuestión relevante más que inflar números. Muchos no tienen su Documento Nacional de Identidad o partida de nacimiento, otros puede ser que sus familias no tengan acceso para realizar el trámite. Alcanzar esa población es la obligación del Estado y en esa dirección debería colocarse la presión, como también los aportes necesarios para cumplir con ese objetivo. El beneficio alcanza a desempleados, trabajadores no registrados que ganan igual o menos del salario mínimo, vital y móvil, el servicio doméstico y monotributista sociales. La condición de selección en el salario mínimo, que hoy se ubica en 1500 pesos, es formal y de difícil verificación, por lo que lo vuelve innecesario más allá de la intención de enviar un mensaje sobre a quién está dirigida la asignación. Del total de beneficiarios potencial, el principal sector no incluido es el de las categorías más bajas del monotributo.

Se presenta exagerado considerar que la AUH no reúne la característica de universal por la no inclusión de monotributistas y luego de la pertinente precisión de cifras del censo poblacional. El desafío para todos aquellos que apuestan a profundizar una notable medida de reconocimiento de derecho y de inclusión social es el de avanzar sin especulaciones políticas en la institucionalización de la AUH a través de una ley. Pero, fundamentalmente, el de sumar herramientas y medios para identificar los hogares de desocupados y trabajadores informales que no están recibiendo el beneficio en el programa de transferencia de ingresos más importante de la historia reciente del país y de la región.

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