Un grupo de empresas difundieron que aumentarán los precios de un conjunto de productos a partir de la autorización otorgada por la Secretaría de Comercio Interior que encabeza Guillermo Moreno. Chocolates, galletitas, pan, vinos y lácteos son algunos de los bienes sobre los que el Gobierno habría permitido incrementos entre el 2 y 8 por ciento durante julio. Desde Copal y CIPA, dos de las principales cámaras empresarias del sector alimentario, buscan justificar los posibles aumentos a partir de la magnitud de las mejoras salariales de los trabajadores. Ese argumento fue rechazado en repetidas oportunidades desde la CGT, pero las cámaras empresarias decidieron recargar en las espaldas del Poder Ejecutivo la responsabilidad por los aumentos que se anticipan.

A pesar del misterio sobre qué bienes serán alcanzados y cuándo comenzarán a aplicarse, los representantes del sector apuntaron a la mejora salarial obtenida por los trabajadores de la alimentación meses atrás como el justificativo para el aumento de precios. Ese orden de causalidad apunta a responsabilizar a los convenios colectivos de trabajo por la inflación. Este año, la paritaria cerró con un aumento del 35,2 por ciento en tres partes, que se terminan de pagar en abril de 2011. Esa cifra porcentual fue posible debido a varios factores: la elevada rentabilidad del sector, los bajos salarios previos y el incremento de precios de los productos del sector a principios de 2010.

Aunque dijo ignorar qué bienes serán alcanzados, Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, apuntó que “evidentemente apostar a un aumento del 35 por ciento implica empujar una inflación de costos. Las consecuencias se pagan”. A su vez, sostuvo que “los aumentos se limitan a productos específicos con atrasos muy concretos”. En CIPA señalaron que los aumentos autorizados por el Gobierno surgen de las reuniones que mantienen las empresas con Comercio Interior, de las que no participan los representantes institucionales del sector. El Gobierno no desmintió las supuestas autorizaciones, que beneficiarían a firmas como SanCor, La Serenísima, Unilever, Bimbo y Dánica.