El Ministerio de Industria impuso medidas antidumping a importaciones provenientes de China y Brasil. Quedaron afectadas multiprocesadoras originarias de ambos países y tejidos de poliéster para cortinas tipo voile provenientes del gigante asiático. En todos los casos “se verificó la existencia de daño a la industria nacional” y se aplicaron derechos ad valorem, que elevan el precio de entrada hasta eliminar la amenaza. Los antidumping buscan frenar el ingreso de productos que se venden por debajo de su costo, ganando por ello una cuota de mercado en forma desleal a costa de la producción nacional.

La competencia desleal en el mercado local es denunciada por el empresario afectado, quien también debe demostrar la presencia de daño real. En esa tarea se abocó la compañía Liliana, radicada en la provincia de Santa Fe, que controla toda la producción nacional de multiprocesadoras, empleando a 500 trabajadores. En los últimos años, la importación de estos productos desde China y Brasil aumentó de un promedio del 69 por ciento del mercado al 81 por ciento “a expensas de la producción nacional, que a su vez perdió rentabilidad debido a los precios de esos productos importados”, informó Industria. “Estas prácticas desleales venían ejecutándose desde 2006 y ponían en riesgo la continuidad de la empresa. Por eso se formuló la denuncia, y durante el largo proceso de trámite todos los actores de la cadena fueron invitados a presentar pruebas”, manifestó Oscar Jacobson, titular de la compañía.

En el caso de los tejidos de poliéster para cortinas, la participación de la producción nacional en el mercado se redujo de 43 a 37 por ciento. En el mismo período, las importaciones chinas aumentaron de 0,2 a 31 por ciento. La firma peticionante de la medida de protección fue Sotex, que representa el 60 por ciento de la producción nacional. También fueron investigados tejidos brasileños, pero no se encontró competencia desleal.

La traba que China impuso a la compra de aceite de soja local podría ser una represalia a las medidas de protección que aplica el Gobierno. Sin embargo, en Industria discuten el argumento, indicando que sólo el 0,5 por ciento de las ventas externas chinas tienen como destino la Argentina.