La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados comenzará a debatir los proyectos que establecen la modificación a la Ley de Entidades Financieras proponiendo, entre otras cosas, el gravamen a la renta bursátil y el estímulo de créditos al sector productivo, principalmente a las pymes. La comisión que preside Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica) se reunirá hoy a las 17 para recibir las opiniones sobre el tema de las asociaciones de usuarios Adecua (Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina) y Procurar (Protección a los Usuarios y de la República Argentina), representadas por Sandra González y Enrique Millán, respectivamente.

Los invitados darán sus puntos de vista sobre los dos proyectos presentados, uno perteneciente a Carlos Heller, del bloque Nuevo Encuentro; y otro de Gerardo Milman, del GEN (Generación Encuentro Nacional). Ambos textos están siendo evaluados y comparados desde hace un mes por los asesores de la comisión, y recién hoy llegarán al plenario de los 31 diputados que integran ese cuerpo. Además, el dictamen que se apruebe deberá ser considerado luego por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el kirchnerista Gustavo Marconato.

El proyecto de Heller, denominado de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, busca “promover el acceso universal a los servicios financieros y alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera”, según explicó el autor. Entre las diferencias que presentan ambas iniciativas, el de Heller define a la actividad como “un servicio público orientado a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación, y contribuir a su desarrollo económico y social”; mientras que el de Milman, además de regular a las entidades financieras, incluye a las “sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles” y “los bancos de microcréditos”.

La iniciativa de Heller propone que la tarea del Banco Central sea como autoridad de aplicación, al exigirle priorizar “la clase, naturaleza jurídica y origen del capital de las entidades”, la “cantidad y ubicación de sus casas”, “el volumen y particularidades de la operatoria” y las “características económicas y sociales de los sectores y regiones atendidos”. También dice que el Poder Ejecutivo nacional será el que autorice la llegada de entidades financieras de capital extranjero, previa opinión “fundada” del Banco Central, mientras que la iniciativa del bloque GEN no exige autorización previa.