La Cámara de Diputados comenzó ayer el tratamiento del proyecto para reformar la Ley de Servicios Financieros y desterrar la normativa vigente desde 1977, impulsada por Alfredo Martínez de Hoz. En la Comisión de Finanzas, presidida por el lilito Alfonso Prat Gay, hay dos iniciativas bajo estudio. Una corresponde al legislador Carlos Heller (Nuevo Encuentro), quien viene trabajando sobre el tema desde hace años. Y la segunda fue presentada por Gerardo Millman, del GEN. La comisión se fijó un cronograma de expositores para avanzar en el análisis: primero las asociaciones de consumidores, luego las cámaras que representan a las pymes, después las asociaciones de grandes empresas, para seguir con las entidades bancarias, expertos “independientes” y los funcionarios del Banco Central. Ayer fue el turno de las asociaciones de consumidores Adecua y Procurar. La comisión trabajó sin quórum y contó con la presencia de un solo legislador del oficialismo, Carlos “Cuto” Moreno.

Sin mucho interés por parte de los legisladores de asistir al primer debate por la creación de una nueva Ley de Entidades Financieras –por más que el tema resulte relevante para la actividad productiva del país–, ayer asistieron a la Comisión de Finanzas Sandra González, titular de Adecua, y Enrique Milán, de Procurar. Durante su intervención, González formuló una serie de preguntas con un fuerte tono crítico hacia el trato que tienen los bancos con los usuarios.

“¿Por qué pagamos las tasas de interés que pagamos?, ¿qué posibilidades tenemos de sacar un crédito?, ¿por qué si queremos hacer un plazo fijo nos pagan un 8 por ciento y si sacamos un crédito debemos pagar un 25 por ciento?, ¿por qué nos cobran un seguro de vida por saldo deudor ocho veces su valor de mercado?”, lanzó la titular de Adecua al inicio de su exposición, quien aclaró que tiene un litigio con el Credicoop, cuyo titular es Heller, por el “cobro excesivo” en los seguros de vida.

Por su parte, el titular de Procurar cuestionó la política bancaria de descubiertos en cuenta corriente al señalar que el mecanismo se utiliza para cobrar “servicios bancarios” que no son informados a los usuarios.

Luego de ambas exposiciones, Heller recordó que su proyecto de ley incluye un capítulo dedicado a la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros. Además, el BCRA tendrá que redactar un nuevo Código de Conducta, que reemplazará al código que actualmente elaboran los propios bancos. Por otro lado, la iniciativa en cuestión también establece un capítulo dedicado a la “democratización de los servicios financieros”, donde se establece que el Banco Central elaborará un listado de “servicios esenciales” dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población.

Por cómo está planteado el análisis, el tratamiento del proyecto podría demorar más de tres semanas. “A partir de este debate tendremos que reconstruir el relato de la dictadura. Pero también deberemos reconstruir lo que pasó en el país con el corralito y analizar quiénes pagaron el costo de la caída de los bancos”, reflexionó Moreno, quien se mostró confiado en que el tema podrá avanzar en la Cámara baja. La ley vigente constituyó uno de los pilares de la política de desregulación financiera que impulsó la última dictadura y cuyos efectos se extendieron a la etapa democrática.