El Grupo A de la Cámara de Diputados consiguió el dictamen para tratar en el recinto el proyecto de actualización de las jubilaciones mínimas equivalente al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. A diferencia de la del Senado, esa iniciativa establece también una nueva fórmula de movilidad y avanza sobre las actualizaciones previstas en los fallos de la Corte Suprema (Badaro y Sánchez). El costo de esta iniciativa sería de 30 mil millones de pesos anuales, según la oposición, al que habría que sumarle aproximadamente 3000 millones más a partir de la inminente alza del salario mínimo, que está actualmente en discusión. Si bien la oposición está confiada en conseguir la aprobación la semana próxima, también existe otra iniciativa con dictamen de minoría firmada por Proyecto Sur, el socialismo y el GEN, que nuclea a 19 diputados, lo que complica la estrategia opositora. Este autodenominado Grupo C intentará negociar con el A las fuentes de financiamiento, como la restitución de los aportes patronales, lo que es rechazado por el PRO y el Peronismo Federal. El oficialismo está estudiando la posibilidad de impugnar ese dictamen por “violar la Ley de Administración Financiera”, al no especificar las fuentes de financiamiento.

Más allá de que el conglomerado opositor haya conseguido su dictamen de mayoría, ahora deberá negociar con Proyecto Sur, el socialismo y el GEN para conseguir los votos necesarios para la aprobación de su iniciativa. Esa es la estrategia de Claudio Lozano, quien afirmó a Página/12 “que empujarán al Grupo A a discutir las fuentes de financiamiento”. El dictamen de minoría contaría con el apoyo de 19 legisladores, que se restarían de la estrategia del resto de la oposición. En una primera aproximación del conteo de votos, de un total de 145 voluntades, el Grupo A podría quedar con 126, tres menos que el quórum. Estos números son compartidos tanto por el oficialismo como por Proyecto Sur. “Hasta ahora el Grupo A ha sido el principal boicoteador del 82 por ciento móvil, junto con el oficialismo, al plantear al mismo tiempo una eliminación de las retenciones. Por eso queremos impulsar la restitución de las contribuciones patronales. Incluso podríamos jugar con el quórum para forzar la negociación con el Grupo A”, adelantó Lozano a este diario.

–Pinedo, que forma parte de tu bloque, ¿está de acuerdo con subir las contribuciones patronales? –chicaneó Carlos “Cuto” Moreno a Lozano.

–¿Que yo estoy en el mismo bloque que Pinedo? Dejate de hinchar las pelotas –retrucó con sutileza Lozano. Pinedo observaba el cruce sin emitir opinión.

Ambos proyectos estipulan llevar la jubilación mínima al equivalente del 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, una actualización por los fallos de la Corte Suprema y una nueva fórmula de movilidad. “Hay una gran paradoja en todo este debate. Los mismos que quieren aumentar las jubilaciones quieren eliminar las retenciones, una fuente primordial de ingresos. La discusión es justa; el tema es que hay que analizar cómo se hace”, enfatizó Carlos Heller (Nuevo Encuentro), quien coincidió con la iniciativa de Proyecto Sur, aunque señaló que además de las contribuciones patronales habría que buscar otras fuentes.

Desde la Coalición Cívica indicaron a este diario que se está negociando la manera de incluir algunos de los puntos del dictamen de minoría, aunque reconocieron que desde el PRO se oponen a subir las contribuciones. “Lozano siempre nos presiona con algo distinto”, lanzaron desde el macrismo. Si el Grupo A consigue los votos para tratar su proyecto sin la ayuda de Proyecto Sur, no incluirá ningún artículo sobre el financiamiento. Y más allá de esa presión, Lozano dejó abierta la puerta al decir que en última instancia “él no será el obstaculizador del 82 por ciento”.

El oficialismo tomó nota de este contexto y antes de finalizar la reunión de comisión, Marconato afirmó: “El proyecto no llegará al recinto”. Dentro de su evaluación no sólo estaba la cuestión numérica, sino la posible impugnación que hará el FpV. “El proyecto es ilegal, porque incumple los artículos 28 y 38 de la Ley de Administración Financiera”, lanzó. Esos artículos disponen que todo incremento del presupuesto de gastos debe contar con el financiamiento respectivo y que toda ley que autorice nuevos gastos (o mayores que los ya estipulados) no previstos deben especificar las fuentes de financiamiento. El oficialismo tomará este argumento para sostener la ilegalidad del dictamen del Grupo A. “Si desarrollamos esta estrategia, no hará falta un veto presidencial”, afirmó Marconato.