El miércoles 13 de octubre los senadores tratarán el proyecto para elevar la jubilación mínima hasta el 82 por ciento del salario mínimo, modificar la ley de movilidad y actualizar los haberes de acuerdo a los fallos Badaro y Sánchez de la Corte Suprema. La fecha para el debate estaba pautada para el 6 de octubre, pero se postergó ante la solicitud del jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto. La iniciativa, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados, fue duramente criticada por los funcionarios del Ejecutivo y legisladores del oficialismo. Desde el Gobierno, y otros sectores como Nuevo Encuentro, advierten sobre la irresponsabilidad del proyecto que no contempla proyecciones de costos y origen de los recursos necesarios para financiarlo ni una evaluación de sustentabilidad.

La media sanción favorable a la iniciativa impulsada por el conglomerado opositor surgió en la Cámara de Diputados la semana pasada. El Grupo A en el Senado había tratado de avanzar en un proyecto de suba de la jubilación mínima en los primeros días de agosto, pero no llegó al recinto ante la ausencia de votos necesarios para lograr un resultado favorable. La correlación de fuerzas en la Cámara alta no cambió desde ese momento, pero el Ejecutivo anticipó que si la medida se aprueba, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la vetará.

En el Gobierno califican al proyecto de irresponsable y argumentan que la iniciativa aprobada por los diputados opositores no incluye ningún análisis de costos, ni tampoco el origen de los fondos necesarios para hacer frente al incremento en los haberes mínimos que cobran alrededor del 75 por ciento de los jubilados. En el Ministerio de Economía y la Anses estiman que se requieren alrededor de 40.800 millones de pesos al año para financiar las modificaciones. Esa sería la demanda de fondos el primer año, pero el monto iría creciendo por el paulatino envejecimiento de la población y porque ahora todos los jubilados son del sistema de reparto.