El Gobierno detallará hoy los avances del plan destinado a garantizar la migración de los abonados de Fibertel a otros proveedores de Internet. El objetivo es mostrar que el resto de los jugadores que operan en el mercado de banda ancha están en condiciones de brindar el servicio y que esa oferta no se reduce a Telefónica y Telecom. Para ello se convocó para este mediodía a las asociaciones de consumidores a un encuentro en la sede de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), donde las pymes y cooperativas del sector darán precisiones sobre los planes que están en condiciones de ofertar.

La primera reacción del Gobierno luego de declarar la caducidad de la licencia de Fibertel fue difundir a través de la página web de la CNC un listado de prestadores alternativos, pero el mismo tenía varios errores. Había firmas que ya no existen, otras que nunca ofertaron Internet y proveedores especializados exclusivamente en el sector corporativo. Eso motivó críticas de los usuarios y le dio argumentos a los sectores que están llevando adelante un intenso lobby a favor de la continuidad de Fibertel.

Sin embargo, y más allá de los errores del listado, hay un vasto entramado de empresas que brindan banda ancha. La proveedora de Clarín pisa fuerte en cuatro grandes ciudades, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata, pero en las pequeñas localidades del interior las cooperativas están bien posicionadas. “Nosotros no tenemos que prometer que podríamos brindar el servicio. Ya lo estamos haciendo. Hay 330 cooperativas en el país y más de 200 ofrecen Internet”, aseguró a Página/12 Felipe Boccoli, titular de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel).

De hecho, algunas de esas cooperativas les ofrecerán a los clientes de Fibertel una promoción que incluye los primeros tres meses de servicio de banda ancha gratis para recién entonces comenzar a cobrar un abono de 69,90 pesos más IVA por mes. Esa oferta va de la mano de una baja del precio de los megas que las cooperativas les compran a las telefónicas en el mercado mayorista para poder ofrecer Internet minorista. La negociación con Telefónica y Telecom está siendo impulsada por el Gobierno para que las cooperativas y las pymes logren ser más competitivas y no sean las telcos las que terminen absorbiendo a todos los clientes de Fibertel.

“Las cooperativas tenemos actualmente 150 mil bajadas de Internet y podríamos llegar a 800 mil en poco tiempo si las telefónicas reducen el precio mayorista que pagamos por los megas”, sostuvo a este diario Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur). Según Roncoroni, en ciudades como Mar del Plata, Olavarría, Pergamino, Balcarce, Pehuajó, Miramar y el corredor norte del conurbano bonaerense están bien posicionados y pueden sumar abonados con rapidez si el Gobierno genera las condiciones.

Felipe Boccoli aseguró que también hay cooperativas que ahora brindan Internet en la periferia de grandes ciudades y podrían hacerlo dentro de esos núcleos urbanos. “Las cooperativas de Villa Gobernador Gálvez, Funes y Capitán Bermúdez están en condiciones de ofertar su servicio en Rosario para captar a los cerca de 100 mil abonados que tiene Fibertel”, sostuvo.

La expansión de esa oferta potencial dependerá fundamentalmente de las reglas del juego que fije el Estado. Hasta ahora, Telefónica tiene el 32 por ciento del mercado de Internet, Telecom el 30, Fibertel el 25 y el resto sólo el 13 por ciento. Por lo tanto, si el Estado no regula la concentración será inevitable.

La experiencia de los últimos diez años muestra que cuando no intervino las reglas las impusieron los más fuertes (Telefónica, Telecom y Clarín). En 1998, los ISP nucleados en la Cámara Argentina de Base de Datos y Servicios en Línea (Cabase) crearon en Argentina un Punto Neutral de Interconexión a Internet (NAP, según sus siglas en inglés) para evitar que toda la información que iba por la red se tuviera que triangular vía Estados Unidos para llegar a destino. Cada prestador construyó a su costo un enlace hasta el NAP y luego se organizaron de modo cooperativo, prorrateando los costos de conexión de acuerdo a su uso. Sin embargo, en 2003 las compañías dominantes Telefónica y Telecom (acompañadas entonces por Clarín e Impsat) se desconectaron del NAP y obligaron a los ISP a pagarles 350 dólares por mega para acceder a sus redes, argumentando que habían realizado importantes inversiones para que Internet pudiera desarrollarse en el país. Además de cobrarles ese monto, impusieron en los contratos la prohibición, bajo pena de desconexión, de transmitir telefonía y audio por Internet. Las compañías más chicas denunciaron la situación, pero los organismos reguladores no se expidieron sobre el tema. Ahora afirman que será diferente.

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