Una decisión administrativa dispuso la caducidad de la licencia que tenía Fibertel para brindar Internet y otorgó noventa días a los clientes de la firma para migrar hacia otro prestador. El argumento oficial fue que el grupo controlante disolvió esa sociedad en enero de 2009 y desde entonces brinda el servicio de manera irregular a través de la firma Cablevisión, sin tener la autorización del organismo regulatorio. Esa medida se terminará dirimiendo en Tribunales mientras se sigue desarrollando una intensa pelea política mediática. Un aspecto interesante de esa disputa, para quienes pueden transitarla con apasionamiento pero sin rencor cegador, es que descorre el velo de ciertas características del funcionamiento de grupos económicos poderosos en la prestación de servicios sensibles para la población. La motivación oficial para impulsar ciertas iniciativas se dirime en el terreno de batalla del poder político. En cambio, adquieren mucha más relevancia en relación con los cambios que provocan en la sociedad, en la comprensión de las estructuras del poder económico y, en especial, en las posibilidades que se abren para realizar transformaciones en áreas donde antes dominó la pasividad estatal. La controversia con Fibertel habilita a ampliar el análisis a un tema eludido por analistas, funcionarios y fuerzas de la oposición: la estructura oligopólica del mercado de telecomunicaciones en el país.

El argumento efectista es que la caducidad de la licencia de Fibertel favorece a las telefónicas y por lo tanto esa medida debe ser anulada. Quienes lo esgrimen no pueden ocultar, aunque lo intentan en forma torpe, que no les interesa debatir el sistema de telecomunicaciones sino que responden a los deseos del grupo económico dueño de medios de comunicación. Esa iniciativa administrativa que afecta a Cablevisión deja en evidencia la posición dominante que también ejercen las telefónicas. Y si el Gobierno aspira a lograr legitimidad social y política en ese emprendimiento estará obligado a intervenir en ese mercado. Sólo de ese modo podrá garantizar la prestación de Internet a través de otros proveedores sin que éstos sean cautivos de las telefónicas.

Si hasta ahora la administración kirchnerista se movió con cierta pasividad regulatoria en el rentable negocio de las telefónicas, ahora no tendrá opción si el objetivo es proteger al usuario del servicio de Internet y de telefonía. El nudo central de la necesaria y próxima disputa en ese campo será el costo de interconexión (tarifa de peaje) que los operadores deben pagar a las telefónicas para el uso de la red ya instalada para la trasmisión de voz y datos. En forma sintética, el proceso hasta llegar a la actual situación fue el siguiente:

- El monopolio telefónico estatal (ENTel) fue dividido en el territorio nacional en dos áreas. La sur la pasó a operar Telefónica y la norte, Telecom.

- El período de exclusividad en la explotación monopólica era hasta noviembre de 1997, según el pliego de privatización, con opción de extenderlo 3 años.

- Después de una serie de cruces judiciales y políticos, en noviembre de 2000 se dispuso el ingreso de una etapa de competencia plena en el mercado de telecomunicaciones luego de diez años de monopolios regionales ejercidos por las transnacionales europeas Telefónica y Telecom.

- El objetivo era generar competencia sobre las redes existentes.

Los cuatro reglamentos básicos que definieron el nuevo marco regulatorio fueron los de licencias, interconexión, servicio universal y administración, gestión y control del espectro radioeléctrico. Más allá de esas intenciones, que constituyeron un avance a favor de la competencia, ese marco no ha provocado cambios sustanciales para los consumidores porque no se implementó en toda su dimensión. Una explicación para esa extensa demora es que la salida de la convertibilidad con una megadevaluación derivó en la pesificación y congelamiento de las tarifas telefónicas. Entonces, la pasividad estatal para impulsar las medidas a favor de la competencia operó en la práctica como una compensación implícita por la pesificación y congelamiento que afectaron el cuadro de ingresos de las telefónicas.

El costo de interconexión es clave para un régimen de competencia puesto que, con la apertura del mercado, las nuevas compañías están obligadas a recurrir a la estructura de los operadores históricos. Ese precio es una cuestión central para desarrollar una actividad competitiva. Si esa tarifa es muy alta no pueden competir y se frenan los intentos de otras empresas de intervenir activamente en el mercado. Las telefónicas defienden el control monopólico de la red sosteniendo que realizaron millonarias inversiones para desarrollarla. No mencionan que heredaron una red estatal y más que amortizaron la inversión con una renta monopólica que se extendió por ley durante diez años y otros diez posteriores por las barreras de entrada a la competencia. La inversión en red telefónica para el acceso a Internet ya ha sido pagada por todos los clientes telefónicos que, al solicitar servicios, debieron abonar por sus instalaciones y consumos.

Otros mecanismos para favorecer la competencia que esperan su implementación son la portabilidad numérica y la “desagregación del lazo local” (bucle). El primero incentiva la migración de los usuarios de una empresa a otra porque les permite conservar su número telefónico aunque cambien de compañía. Respecto del segundo, sin la reglamentación de la desagregación del lazo local se les dificulta a los operadores entrantes ofrecer telefonía a los usuarios residenciales utilizando la red de las empresas dominantes. Sólo pueden hacerlo si deciden montar su propia red, pero los ingresos que pudieran llegar a obtener ofreciendo telefonía básica en los hogares no justifica la magnitud de la inversión.

En ese contexto regulatorio irrumpe el conflicto con Fibertel, lo que exige a la Secretaría de Comunicaciones avanzar en las condiciones de competencia en el mercado de las telefónicas. El periodista, especialista en informática y blogger Fernando Cassia (nerd-progre.blogspot.com) propone dos medidas en beneficio de los consumidores:

1. Terminar con el monopolio de las cableras obligando a abrir sus redes a la competencia. Esto significa que el cliente de Cablevisión con cablemodem, por ejemplo, pueda cambiar libremente de proveedor. Podrá tener cable de Cablevisión o Telecentro pero no por ello estar restringido al proveedor controlado por la cablera, sino que podrá contratar a cualquier otra empresa proveedora de Internet, según precio y calidad de servicio. “Australia está por hacer algo de esto, tengo entendido, o al menos lo está estudiando”, apuntó.

2. Terminar con el monopolio de la denominada “última milla” de Telecom y Telefónica reglamentando el “desagregado del bucle”. Implica, en términos simples, que el usuario de telefonía fija es quien decide a qué empresa “se enchufa” el otro extremo de su cable telefónico, que une el domicilio con la central. Es decir, que el usuario de telefonía fija pueda elegir el proveedor sin cambiar el número ni el cable telefónico. “Esto es lo que se implementó en Europa y derrumbó las tarifas de Internet y telefonía fija, simplemente porque las telefónicas sabían que si no bajaban los precios se les borraban la mitad de los clientes”, indica Cassia. Expone como ejemplo Italia, donde se implementó esa medida y se paga 14 euros (unos 70 pesos) por una conexión de siete megas con llamadas locales ilimitadas. En España también se avanzó sobre el monopolio de Telefónica.

En algunas ocasiones, ciertas medidas administrativas tienen un objetivo inmediato provocado por motivaciones superiores, que resultan en definitiva una oportunidad extraordinaria para saldar deudas regulatorias en un sector dominado por poderosos grupos económicos.

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