Con cuestionamientos empresarios y un sólido respaldo técnico de abogados y economistas, avanzó ayer el debate legislativo sobre el proyecto de ley que busca garantizar la participación de los trabajadores en las ganancias de las compañías. Las distintas entidades empresarias que dijeron presente en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados expusieron sus preocupaciones y plantearon, entre otros puntos, que la medida reducirá los niveles de inversión y elevará sus costos laborales. Por la tarde, los especialistas convocados por los legisladores refutaron los argumentos de las compañías. Asimismo, enfatizaron el impacto positivo de la iniciativa sobre la distribución funcional del ingreso y la reducción de las presiones inflacionarias.

“Quienes se oponen a repartir ganancias con los trabajadores se van quedando sin argumentos para cuestionar el proyecto”, apuntó a este diario el diputado del FpV e impulsor de una de las iniciativas, Héctor Recalde. El autor de otro de los proyectos, el legislador del SI-Proyecto Sur Eduardo Macaluse, enfatizó la necesidad de que la participación en las ganancias se convierta en una “política de Estado”.

“Genera interrogantes sobre la inversión”, advirtieron algunas cámaras empresarias. El economista Demián Panigo, del Ceil-Piette, rechazó el argumento y sostuvo que la evidencia empírica de los últimos ochenta años muestra cómo la inversión aumenta cuando mejora la participación de los trabajadores en el PIB. “La participación de los trabajadores en las ganancias aumenta la rentabilidad de los empresarios. Porque si bien caen sus márgenes, el incremento en la demanda interna más que compensa ese efecto.”

Las medianas empresas (CAME), la cámara de comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), los empresarios del sector de transporte de carga (Fadeeac), Federación Agraria y las firmas metalúrgicas (Adimra) fueron algunas de las entidades que ayer expusieron sus preocupaciones. Sin recurrir al rechazo taxativo de los directivos de la Unión Industrial, a lo largo de sus intervenciones las entidades se mostraron preocupadas porque los trabajadores puedan acceder a la información fiscal de las empresas, plantearon la necesidad de aplicar políticas diferenciadas para las pequeñas empresas y advirtieron sobre un supuesto incremento en los costos laborales.

Por su parte, los abogados laboralistas destacaron la inconstitucionalidad de no cumplir con el mandato del Artículo 14 bis vigente desde la reforma de 1957, durante la proscripción del peronismo. A su vez, señalaron que existe abundante evidencia internacional que avala la medida. Para el economista de PNUD Daniel Kostzer, la medida mejorará la distribución funcional del ingreso y aliviará las presiones inflacionarias.

En tanto, los especialistas del Cefid.ar Jorge Gaggero y Guillermo Wierzba advirtieron sobre la necesidad de controlar que las empresas no transfieran al precio de sus bienes el “costo” de distribuir ganancias. Y consideraron relevante que los trabajadores puedan acceder a “los números” de las empresas.

El proyecto del diputado Recalde propone que, sobre el 10 por ciento de las ganancias a repartir, 0,5 punto se destine a la creación de un Fondo Solidario para brindar una cobertura a los más de cuatro millones de trabajadores informales. El economista de la SID Ariel Lieutier sugirió que una porción del Fondo se destine a pagar un aguinaldo a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.