La pelea por la legalización de las empresas recuperadas por sus trabajadores dio un paso importante en el Congreso, cuando este miércoles –eclipsado tras el debate por el Presupuesto 2011– tres comisiones de la Cámara baja le dieron dictamen al proyecto de modificación de la ley de quiebras. La nueva norma facilitará que los trabajadores reunidos en cooperativas puedan continuar con la explotación de las empresas en crisis, resguardando la fuente de trabajo.

El dictamen unificado de las comisiones de Legislación General, del Trabajo y de Justicia establece otras dos cláusulas que los trabajadores de empresas en crisis reivindican como un avance sustancial. Una de ellas establece que las acreencias laborales (deudas por remuneraciones impagas, indemnizaciones) puedan ser consideradas como propuesta de pago contra la cesión de la propiedad de la empresa para volverla a la actividad. El otro punto es el que dispone que, durante la etapa del concurso de acreedores, los trabajadores tienen derecho a formar una comisión de control y seguimiento del proceso.

“El acceso a la continuidad de la explotación de la planta, hasta acá, sólo fue posible a partir de situaciones de hecho, pero que siempre quedan en una condición legal precaria”, describió a Página/12 José Sancha, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Tras la toma de las plantas al momento del cierre, los trabajadores debían lograr que el juez le diera la explotación precaria para retomar la actividad en vez de ordenar su desalojo. Y, posteriormente, lograr que se declarara de interés público al establecimiento y “sujeto a expropiación”. “Esto sólo se aplicó en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, pero siempre el último paso, el de expropiación, termina trabándose”, planteó Sancha.

Si no logran recorrer ese camino, los trabajadores de plantas cerradas siempre quedaban (quedan, aún) expuestos a que el trámite del concurso y posterior quiebra siguiera el curso “usual” de cierre y posterior remate a precio vil de las instalaciones.

Sin euforia, Sancha se refiere al dictamen como “un importante paso adelante, que habrá que ver cómo resulta en la práctica una vez que se vote la ley”. Según el titular de la Federación, “esta modificación de la ley de quiebras es lo posible, y lo tomamos y aprovecharemos como tal”. Hizo referencia al debate en las comisiones, señalando que “mientras unos defendían el derecho de los trabajadores a preservar la fuente de trabajo, entre los que destaco el papel que cumplió Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), otros estaban más preocupados sobre qué iban a hacer los bancos, si no iban a dejar de prestar ante el riesgo de que las plantas pasaran a manos de los obreros”.

La expectativa de las cooperativas de trabajadores es que, como propuso la diputada Ibarra, el dictamen vaya al recinto y se trate sobre tablas en quince días, antes del cierre de las sesiones ordinarias. Decenas de empresas en conflicto, algunas tomadas, varias resistiendo órdenes de desalojo, esperan el cambio de la ley para habilitar una vía de continuidad a las fuentes de trabajo.