Frente al complejo escenario legislativo, el Gobierno comenzó a mirar más de cerca la posibilidad de tener que prorrogar el actual Presupuesto para enfrentar los gastos del próximo año. Esta posibilidad está contemplada en la Ley de Administración Financiera, y si bien podría generar algunas trabas “burocráticas” a la gestión diaria de gobierno, según reconocieron a Página/12 funcionarios del Ministerio de Economía, el funcionamiento de la administración del Estado estaría garantizado. Sin embargo, un tema que deberá enfrentar el Ejecutivo está relacionado con el uso de las reservas para el pago de los intereses de la deuda (Fondea), autorización que actualmente está vigente por DNU y no por la ley de leyes. De no contar con la aprobación del Presupuesto 2011, el Ejecutivo deberá pensar en otros instrumentos para el Fondea, ya sea un nuevo DNU o un proyecto de ley específico.

El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera establece que de “no encontrarse aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”, pero con algunos ajustes tanto para el cálculo de los recursos como para los gastos. Sobre el primer ítem, “deberán suprimirse los ingresos provenientes de operaciones de crédito y los excedentes financieros de ejercicios anteriores”.

“En cuanto a los recursos no hay mayores complicaciones, ya que básicamente se sustentan por la recaudación impositiva y previsional. Las otras fuentes de recaudación no complicarán la gestión. Sí puede haber inconvenientes en el tema de los gastos, sobre todo en las transferencias que se hacen por fuera del Presupuesto (Transferencias no automáticas) y que están destinadas a las provincias”, explicó a este diario un funcionario de la cartera económica.

La Ley de Administración Financiera fue sancionada en 1992, plena década menemista. Por eso el artículo que preveía la reconducción de presupuestos apuntaba más que nada a la continuidad en el pago de la deuda externa y no se preocupaba tanto por las obras públicas. Sin embargo, en 2006 se realizó una modificación al artículo 15 de la ley para permitir que las “autorizaciones para la contratación de obras que comprometan ejercicios futuros caduquen al cierre del ejercicio fiscal siguiente”. Es decir, el plan de obras incluido en el Presupuesto 2010 estaría vigente el próximo año.

Otro instrumento con el que cuenta el Ejecutivo también está incluido en el presupuesto vigente. Este año se modificó el artículo 42 de la Ley de Administración Financiera donde se especificó que “los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio”.

Por otro lado, el Ejecutivo cuenta todavía con la posibilidad del jefe de Gabinete para redistribuir partidas y distribuir los excedentes de la recaudación vía DNU. Sin embargo, la oposición quiere limitar el uso de esta herramienta para que cualquier cambio presupuestario tenga que pasar por el Congreso. Esta limitación ya tiene media sanción de Diputados y esta semana la oposición no reunió quórum para tratarla en el Senado.

Pero el aspecto más complicado para el Gobierno podría ser en el uso de las reservas para el pago de la deuda. Si el Congreso no aprueba el Presupuesto, el Ejecutivo deberá optar por otro DNU o un nuevo proyecto de ley, algo poco probable en el actual escenario parlamentario. Sin embargo, algunos funcionarios del Gobierno se mostraron optimistas. “Desde lo financiero este año está cerrado y siempre cabe la posibilidad de que el Presupuesto se apruebe en marzo. Todavía es temprano para pensar en un Plan B para el Fondea”, afirmó a este diario una alta fuente de Economía.