Los senadores de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia, todas presididas por la oposición, intentarán emitir hoy un dictamen sobre el proyecto de ley que pretende regular a las empresas de medicina prepaga. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara baja y, de no ser tratada este año en el recinto, perderá estado parlamentario. El Frente para la Victoria quiere aprobar la media sanción tal como llegó de Diputados, mientras que el radicalismo y algunos senadores del Peronismo Federal impulsan modificaciones de fondo, que coinciden con las objeciones realizadas por las propias empresas del sector.

Unas de las principales modificaciones tiene que ver con la autoridad de aplicación. La propuesta de Diputados fija como autoridad al Ministerio de Salud y las establecidas por la Ley de defensa del consumidor y defensa de la competencia, que dependen de la Secretaría de Comercio. Sin embargo, los cambios de la oposición quitan del medio las dos últimas normativas. “Con la excusa de dejar afuera a (Guillermo) Moreno, en realidad se deja desprotegidos a los usuarios frente a los abusos empresarios”, indicó a Página/12 Roberto Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor y asesor técnico en la redacción de la ley.

El proyecto fue elaborado por las ex legisladoras Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso (FpV), y establece que los usuarios no pueden ser excluidos de la prestación de las prepagas por enfermedades preexistentes. En cambio, la propuesta de la oposición fija como criterio que dichas condiciones de salud “podrán ser tenidas en cuenta a efectos de la admisión de nuevos usuarios”. Por otro lado, el proyecto que impulsa José Cano (UCR), el titular de la Comisión de Salud, pretende quitar de la normativa a las pequeñas empresas que brindan un servicio con un padrón de usuarios inferior a 5000, básicamente administradas por mutuales y cooperativas.

Uno de los puntos centrales de la media sanción tiene que ver con el Fondo Solidario de Redistribución, el famoso APE manejado por las obras sociales. “Este fondo se creó para que las pequeñas compañías puedan realizar prestaciones complejas. Pero la realidad indica que las grandes empresas utilizan el APE para financiar los tratamiento de HIV u oncológicos. Por eso esta ley impulsa que los planes superadores que ofrecen las prepagas en conjunto con las obras sociales realicen aportes al APE y por lo tanto no se financien con esos recursos”, agregó Zorzoli. El proyecto que impulsa Cano, más benévolo con los intereses de las prepagas, no contempla esta restricción.

Sin embargo, ni la oposición ni el oficialismo quieren pagar el costo político de dejar caer una ley de estas características. Por eso, algunos reconocían ayer por la noche que “es preferible contar con una ley, aunque sea la del oficialismo”, según dijeron a este diario fuentes opositoras. Si hubiera cambios a la media sanción, el proyecto volvería a Diputados y allí habría un año más para tratarlo.