Ministerio de Economía. Intensas labores, en los últimos días, para diseñar la nueva estrategia.
Imagen: DyN.

Los últimos días de la semana que terminó fueron de intenso trabajo en el Palacio de Hacienda, para encontrar los mecanismos que evitaran que “la obra pública y la gestión de la administración se paralizaran” en caso de arrancar 2011 sin presupuesto aprobado y con un Congreso hostil. Y los encontraron. Tras analizar las facultades que otorga la Ley de Administración Financiera, en sustitución del presupuesto aprobado, la conclusión a que arribaron los funcionarios de Economía es que “no se va a paralizar la operatividad” de la administración pública. Y ya están transmitiendo a cada área de qué forma deberán trabajar, administrativamente, a partir de enero, en las nuevas circunstancias. Aunque no se descarta totalmente un acuerdo con parte de la oposición para alcanzar una aprobación del Presupuesto, se trabajó sobre la hipótesis contraria. “Se sabe que los fondos van a estar, están los mecanismos que posibilitan la ejecución presupuestaria y la decisión política está tomada: no se paraliza ni se posterga nada”, fue el mensaje que desde el más alto nivel del Ejecutivo se transmite a todas las áreas en estas horas. Por si faltaran elementos, el Ministerio de Economía apuntó uno más: es el primer gobierno cuyo programa financiero ya está cerrado antes de empezar el ejercicio siguiente, contemplando el pago de todos los servicios de la deuda sin necesidad de buscar financiamiento extra. Ni tener que pedir, en consecuencia, autorización del Congreso para endeudarse.

La oposición, con su bloqueo al Presupuesto, obtuvo justamente lo que cuestionó: dejó en manos del Gobierno el manejo discrecional de las partidas. Lo que no quería que sucediera con el supuesto excedente por subestimación de ingresos, ahora podría ser la norma en toda la administración nacional durante 2011, si el Gobierno así lo quisiera. Sin embargo, la rigidez de muchos de estos rubros presupuestarios no deja mucho espacio a las arbitariedades.

El artículo 27 de la Ley 24.156 de administración financiera (“y de los sistemas de control del sector público nacional”) establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, (deberá) regir el que estuvo en vigencia el año anterior, con los consiguientes ajustes que deberá introducir el Poder Ejecutivo nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados”. En los presupuestos de gastos, señala el mencionado artículo los siguientes ajustes:

a) Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos;

b) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales;

c) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios.

d) Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir de cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

El Presupuesto General, por finalidad y funciones, se divide en cinco capítulos, cuya participación en el gasto total que hayan tenido en el ejercicio 2010 deberá respetar y mantener en el Presupuesto 2011 si no contara con la aprobación parlamentaria. Dichos capítulos son: 1) Administración; 2) Defensa y Seguridad; 3) Gastos para la Economía; 4) Gastos sociales, y 5) Deuda pública.

Por monto de gastos, el más significativo es el rubro “sociales”, porque incluye las partidas previsionales, de salud y educación. Representa algo más del 60 por ciento del presupuesto general. Y dentro de ese capítulo, el gaso más significativo es el pago de haberes jubilatorios. Como el ajuste de su valor se hace por ley de movilidad jubilatoria, no hay ningún impedimento para que los recursos necesarios, derivados del fondo de garantía de sustentabilidad, estén disponibles y se apliquen sin intervención parlamentaria ni necesidad de excepciones.

Con respecto a las obras en las áreas educativas y salud, deberán hacer el mismo recorrido de toda obra pública de la administración nacional, al no haberse aprobado el Presupuesto. Deberán seguir el largo trámite de la definición por decreto para cada asignación o partida. “Si hay una obra nueva, el llamado a concurso será por decreto; cuando se adjudique, deberá hacerse por decreto, y cuando se pague, contra cada certificado de ejecución de obra, se dictará un decreto para habilitar el pago; el trámite se hace engorroso, porque se repite para cada una de las 7400 obras públicas en ejecución, pero la operatividad no se paraliza”, opinó un especialista en técnicas presupuestarias ante la consulta de Página/12. La prioridad que el artículo 27 le otorga al pago de la deuda, en el inciso b), en otros tiempos habría significado un dolor de cabeza. Pero no es éste el caso actualmente. El gobierno ya tiene contemplado, integralmente, el programa financiero para el año 2011 que le permitirá cumplir con los vencimientos de los servicios de la deuda con los recursos disponibles, incluida la partida a utilizar de las reservas internacionales. Ningún gobierno anterior, desde 1983, había tenido esa amplitud financiera. Como en el Presupuesto 2010 se destinó aproximadamente el 9 por ciento del Gasto Total para servicios de la deuda, y este año las necesidades no superan ese porcentaje, tampoco habrá problemas para cumplir la proporcionalidad establecida por la Ley de Administración Financiera.

El restante 30 por ciento de los Gastos se distribuyen en partes más o menos iguales entre los rubros Administrativos, Defensa y Seguridad, y Económicos. Los dos primeros están integrados en más de un 50 por ciento por sueldos. Es decir, que están fuera de cualquier inhibición de pago, incluidos los aumentos que se acuerden el año próximo en paritarias. Los gastos para la economía son, fundamentalmente, transferencias al sector privado, principalmente para compensar costos y evitar subas de tarifas.

Sobre estos lineamientos, trabajaba el Gobierno este fin de semana para poner en condiciones los instrumentos. El objetivo es llegar a la primera semana de enero con todo listo como para no detener la ejecución presupuestaria.