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Producción: Tomás Lukin

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Un pilar para el desarrollo

Por Rafael A. Selva *

Nuestro país ha sido protagonista durante los últimos años de cambios profundos que redefinieron al Estado. Y fue desde ese Estado que se perfiló una estrategia que generó un cambio en la concepción del crecimiento económico al poner al trabajo y la protección social en el objetivo primordial de un proceso de de-sarrollo con inclusión social. Así, las medidas de política económica se tomaron bajo ese marco conceptual consistente en la necesidad de generar trabajo, formal y bien remunerado, a la vez que se tendía a reparar la exclusión que dejara la política de los noventa. De ahí la importancia de los lineamientos macro que terminaron por definir el esquema: tipo de cambio competitivo, reindustrialización, superávit fiscal, desendeudamiento, expansión del gasto público y la inversión social. En una primera etapa se atendió la emergencia social y laboral con el Plan Jefas y Jefes de Hogar hasta tanto la generación de empleo iba absorbiendo a sus beneficiarios, se promovieron aumentos del salario mínimo y las jubilaciones y pensiones, la negociación colectiva y la formalización laboral.

En una siguiente etapa fue necesario tener en cuenta la complejidad del nuevo escenario laboral para seguir avanzando. Se tendió entonces a profundizar las reformas para incluir a más trabajadores que se encontraban excluidos tras años de desempleo, flexibilización e informalidad en la relación de trabajo, “universalizando” los beneficios previsionales y las asignaciones familiares que sólo percibían los trabajadores formales. Emblemático en este sendero fue la eliminación del régimen de capitalización individual desandando la privatización de uno de los institutos más preciados del Estado benefactor. La creación del SIPA, a su vez, permitió redireccionar el ahorro nacional con fines estratégicos y ayudó a financiar el incremento del gasto social.

Luego sobrevino la acción del Estado frente a la crisis internacional que puso en evidencia el cambio en la concepción económica encarada por el actual gobierno. Y esa ideología tuvo que ver con la decisión de llevar adelante medidas que tengan siempre al empleo en el centro de las políticas públicas. En efecto, el impulso fiscal inyectado en la economía doméstica durante 2009 influyó para que los efectos de la crisis se vieran atenuados.

El sostenimiento e incremento de la inversión pública en infraestructura social, grandes obras energéticas y pequeñas obras de impacto local resultaron, frente a las críticas y dudas sobre su efectividad, un acierto de política contracíclica para hacer frente a la caída de la construcción y el empleo. Además, y no menos importante, fue el sostenimiento de la política de ingresos y salarios llevada adelante desde el Estado, convalidando e impulsando las subas del salario, la ley de movilidad jubilatoria, la asistencia a las empresas en crisis mediante subsidios de parte de la masa salarial o el financiamiento directo y los diferentes planes sociales.

En consecuencia, en todos estos años, el Estado recuperó funciones y prestaciones, ha crecido la asignación de recursos a las políticas sociales en general y a las universales en particular, como educación, salud y previsión social. También del gasto orientado a promover el desarrollo del aparato productivo y a contener los precios de los productos clave de la canasta de alimentos y las tarifas de los servicios públicos y el transporte.

Así, la acción directa del Estado se convirtió en uno de los pilares del proceso de desarrollo con inclusión social al recuperar la autonomía política necesaria para impulsar estas reformas. Para seguir avanzando hoy es necesario profundizar el cambio con aquellas medidas que contribuyen a la inclusión de sectores populares que aún se encuentran postergados y tienen dificultades para el acceso a muchos de los beneficios de la política social del Estado.

Avanzar también, por ejemplo, con la reforma pendiente en materia tributaria gravando rentas exentas y desalentando la especulación financiera a la vez que se combate la evasión y la informalidad laboral, con la reforma del sistema financiero que permita direccionar el ahorro nacional al desarrollo productivo, mejorar la competitividad y generar empleo, y las reformas laborales que amplían derechos a los trabajadores como la que reglamenta la distribución de las ganancias o la exigencia del balance social de las empresas.

Sólo así, mediante la reafirmación de un Estado activo que garantice la protección social, oriente la puja distributiva y direccione el rumbo económico, se logrará la profundización del proceso de desarrollo avanzando sobre las reformas necesarias para mejorar la distribución de la riqueza y las condiciones de vida de todos los argentinos.

* Economista del Ciepyc.

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Instrumento de orientación

Por Andrea Pietrobuono *

El Gobierno enfatizó durante los últimos años la importancia de la política fiscal como instrumento para estimular la demanda agregada y con ella, la producción. El fomento de un impulso fiscal positivo fue consistente con los objetivos del esquema macroeconómico y permitió sortear la crisis internacional sin atravesar un desbalance de las cuentas públicas, a través de un amplio espectro de medidas adoptadas para compensar a los sectores más vulnerables de los efectos sociales regresivos del descalabro externo.

Durante los años posteriores al canje de la deuda de 2005, el impulso fiscal (que se constituye como la variación del superávit primario ajustada por las fluctuaciones cíclicas del PIB) se caracterizó por ser positivo. Se destaca el período 2005-2007 y en especial el año 2009, donde el saldo primario pasó de un superávit equivalente al 3,1 por ciento del PIB en 2008 a un resultado primario de 1,5 por ciento del PIB en 2009. Esta variación de más de un punto del PIB responde tanto a la caída de los ingresos públicos como al aumento de las erogaciones, tanto corrientes como de capital. Por su parte, para 2010 se espera que el impulso fiscal se desacelere fundamentalmente por el gran crecimiento que arrojan los ingresos sujetos a la tasa de crecimiento de la actividad y los precios, en especial IVA e impuesto a la Ganancias.

Cuando la dinámica de impuestos y gastos es corregida por las variaciones del ciclo económico, esto permite evaluar el desempeño de la política fiscal en etapas recesivas y expansivas. Existen numerosos debates que ponen en tela de juicio la efectividad del rumbo que ha llevado la política fiscal hasta el momento, atribuyéndole en parte la responsabilidad del proceso inflacionario y el fuerte incremento de la presión tributaria que permitió aumentar en forma sostenida la recaudación fiscal y el gasto público. Entonces, cabe preguntarse: ¿es efectiva la dirección de la política fiscal?

Si se incorpora la idea keynesiana que establece un rol central para la política fiscal en el manejo de la demanda agregada, es decir, la existencia de un impacto real por lo menos en el corto plazo, puede decirse que la política fiscal expansiva es efectiva y constituye un rasgo exitoso del régimen macroeconómico consolidado desde la salida de la convertibilidad. El mayor ritmo de los gastos incrementa los niveles de consumo e inversión pública y, por esta vía, afecta positivamente a la demanda agregada y los propios ingresos del fisco.

Sin embargo, a menudo se relacionan negativamente la presión tributaria y los altos niveles de gasto con el desempeño económico. Pero no es posible avanzar con conclusiones sólidas al respecto si no se tiene en cuenta que hay países que han crecido satisfactoriamente con una alta presión tributaria, y muchos otros que tienen un mediocre desempeño macroeconómico y una presión tributaria reducida. En 2005, la carga tributaria en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) fue aproximadamente el doble de la presión tributaria en América latina y el Caribe. En este sentido, la causalidad parece ser inversa: a medida que los países crecen, la base tributaria se amplía y el sistema puede volverse más progresivo, lo que redunda en un círculo virtuoso entre crecimiento, gasto público, nivel de impuestos y progresividad del sistema impositivo.

Por otra parte, y en línea con la efectividad de la política fiscal, es importante tener en cuenta no sólo el costo directo de la recaudación sino también los efectos que recaen sobre la asignación eficiente de los recursos y sobre la distribución equitativa del ingreso. En esta línea, es relevante considerar que la estructura del sistema tributario afecta la distribución de la presión fiscal de forma tal que cuando ésta se vuelve más progresiva, más se satisfacen los anhelos “redistributivos” de la sociedad. No sólo mediante el sistema tributario se afecta el bienestar de los ciudadanos y la distribución de los bienes: los gastos también inciden sobre la distribución del ingreso. Esto significa que para tener una visión integral de la equidad y la presión fiscal, la discusión no debe desatender cómo se gastan o distribuyen los recursos tributarios, como tampoco minimizar el componente social del gasto público. De ello surge que tributos y gasto público constituyen las dos caras de la misma moneda, y que a efectos redistributivos no tiene sentido hablar de equidad o progresividad de la política tributaria si no se contemplan los efectos de la política fiscal en su conjunto.

Resulta entonces imprescindible continuar apuntalando una política fiscal activa, considerando la inflación como un rasgo inherente del modelo adoptado, y tener en cuenta que, si se pretende mantener el crecimiento acelerado, lo que se necesita es más y no menos gasto público en sintonía con una política monetaria pertinente. Sin embargo, dadas las distorsiones económicas que producen los impuestos, la disyuntiva entre la progresividad y la eficacia recaudatoria, y la pérdida de transparencia y rigidez de un sistema heterogéneo, es menester fortalecer al Estado y dotarlo de los instrumentos idóneos para su accionar eficiente, entendiendo que las finanzas públicas y la política fiscal son, en su conjunto, uno de los grandes instrumentos de orientación, regulación y estímulo para el proceso de desarrollo económico.

* Economista (FCE-UBA). Miembro del Departamento de Política Económica de la Sociedad Internacional para el Desarrollo Capítulo Buenos Aires (SID–Baires).