El lobby empresario –expresado por los más grandes estudios jurídicos laborales del país–, la especulación política preelectoral y la inacción por parte del oficialismo parecen haberse combinado para prolongar la crisis y semiparálisis que afecta al fuero laboral. La Asociación de Abogados Laboralistas y el Colegio Público de Abogados vienen denunciando, junto a otras entidades profesionales, la situación cercana al colapso de la Justicia laboral porteña por la demora en el nombramiento de magistrados para cubrir los cargos vacantes, lo cual prolonga indefinidamente tanto la resolución de causas laborales iniciadas por abuso patronal como otras menos graves y de aparente sencilla respuesta. “De los 30 miembros que deben integrar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (de la Capital) hay sólo 17 jueces, y en algunas salas, donde debería haber tres, directamente no hay ninguno designado”, apunta un documento elaborado por las citadas entidades de letrados.

La falencia no es nueva. En su mayoría, esos puestos están vacantes desde hace tres o cuatro años. En los concursos para ocuparlos ya han sido aprobados once candidatos, cuya designación debería haber pasado por el Senado, tras haber pasado por la Comisión de Acuerdos, que no presentó objeciones a sus antecedentes. No formalmente, al menos, ya que por vía paralela se lanzó una campaña para poner en tela de juicio la procedencia política o vinculaciones de los postulados que sembró dudas y demoró la designación, según denunció la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que preside Eduardo Tavani.

La entidad ya había reaccionado dos meses atrás –primeros días de octubre– ante un artículo periodístico publicado una semana antes, que descalificaba a algunos de los profesionales concursados por su vinculación familiar o política presunta. A Graciela Craig, una de las concursadas, pese a que ejerce como jueza de primera instancia, se la cuestionaba en dicha nota por ser la esposa del abogado de la CGT y diputado por el FpV Héctor Recalde, y por “no haber escrito lo suficiente”. A Enrique Brandolino, en tanto, se lo vincula en el mismo comentario al dirigente de la CGT y también diputado por el FpV Julio Piumato. Aunque se reconoce su “trayectoria” y la experiencia de haber pasado por cada uno de los eslabones de la carrera, quedó estigmatizado como “hombre de la CGT” y perteneciente a “la corporación judicial”. En general, se presenta en el artículo (de uno de los medios más grandes, luego reproducido por otros) el pedido de designación de nuevos jueces laborales como “una peligrosa señal de alarma” de lo que denomina “el avance del moyanismo”.

El argumento, repetido una y mil veces en el Congreso, logró paralizar la designación de los magistrados in aeternum, dicho en lenguaje judicial. Puestos bajo el cristal de la campaña electoral, los senadores de la oposición llevaron a vía muerta el tratamiento de esas designaciones, con lo cual prolongaron las demoras en la resolución de las causas en el fuero laboral que, por acumulación de nuevas causas, va camino a un muy cercano colapso. Los trabajadores en conflicto judicial, a la espera de resarcimiento por un despido o un accidente laboral, quedaron como rehenes de esta especulación electoral.

Tampoco el Gobierno, como impulsor de las designaciones en su carácter de garante del funcionamiento de las instituciones, intentó demasiado para salir de ese bache. Quienes se están moviendo, hasta ahora sin demasiado éxito, para lograr normalizar la situación son las entidades profesionales. A los reclamos y denuncias formulados por Abogados Laboralistas (AAL) y Abogados de Buenos Aires (AABA), los profesionales sumaron en su respaldo, en la última semana, un fuerte pronunciamiento de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, que demanda una urgente respuesta a la Comisión de Acuerdos del Senado –“y por su intermedio al cuerpo en pleno”– frente a la falta de cobertura de vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

Además de los dos mencionados más arriba, los otros nueve candidatos ya concursados son Enrique Arias Guibert, Roberto Pompa, Luis Raffaghelli, Beatriz Fontana, Dianan Cañal, Víctor Pesino, Silvia Pinto Varela, Gloria Pasten, María Yáñez y Selva Spessot. En su mayoría son jueces del Trabajo de primera instancia, con sobrados antecedentes para acceder al puesto de juez de cámara. Algunos de ellos, con veinte años en el cargo. Todos los candidatos propuestos por el Ejecutivo para cubrir los cargos vacantes fueron entrevistados en audiencia pública convocada por la Comisión de Acuerdos del Senado a principios de noviembre, sin que surgieran cuestionamientos a su idoneidad, antecedentes o desempeño en el fuero. Sin embargo, como ya ocurriera en el caso de la propuesta de designación de Mercedes Marcó del Pont para titular del Banco Central, en la Comisión de Acuerdos parece pesar últimamente más la especulación política que la idoneidad profesional.

Mientras se asimile su nombramiento con un “avance del moyanismo”, las vacantes seguirán sin ocupar. La seguridad jurídica de los trabajadores seguirá seriamente amenazada, pero es otra la seguridad jurídica que logra hacerse escuchar, sobre todo en boca de los bufetes de los más importantes abogados de empresas.