La disputa por el precio y la disponibilidad del trigo de la actual campaña derivó ayer en hechos y manifestaciones contradictorios. La Federación Agraria de Entre Ríos convocó a una manifestación en el ingreso al túnel subfluvial del lado de Paraná, donde participaron más de tres centenares de productores. Pero mientras los dirigentes federados reclaman la apertura del cupo de exportaciones para generar mayor demanda hacia los productores, Hugo Biolcati, titular de Sociedad Rural, cuestionó la propuesta, considerando que consolidaría “la estafa a los productores”, a quienes le compraron el trigo a 150 dólares y ahora podrían exportarlo a más del doble. Julián Domínguez, ministro de Agricultura, consideró “un disparate” lo que la exportación y la molinería le pagan al productor, cuando las ventas al exterior no están cerradas sino que ya se ha liberado el 76 por ciento del saldo exportable.

La protesta de los productores se origina en la escasa demanda de molineros y exportadores, que tira para abajo los precios y les impide a los agricultores aprovechar el buen momento del precio internacional. Acusan, por ello, a la política de regulación que aplica el Gobierno, que va liberando paulatinamente la exportación, a medida que se cosecha el cereal y en función de garantizar el abastecimiento al mercado interno.

La explicación que da el Ministerio de Agricultura es otra. La radiografía oficial indica que, entre la cosecha estimada para la presente campaña (13 millones de toneladas) y el stock disponible de la anterior (1,2 millones), quedaría un saldo exportable de 7,2 millones de toneladas, separados los 7 millones que se destinan al mercado interno. De esos 7,2 millones ya se han autorizado (liberado) para exportación 5,5 millones, es decir el 76 por ciento. El resto se liberaría en las dos primeras semanas de enero (ayer Domínguez anticipó la fecha a la primera semana), a medida que finalice la cosecha en la región sur de Buenos Aires y La Pampa.

Sin embargo, los precios no están reaccionando de la manera que se esperaba. Los exportadores, hasta el momento, solamente han solicitado 2,8 millones de toneladas de los cinco millones y medio autorizados. En el Gobierno comparten la preocupación por el bajo precio que está percibiendo el productor, aunque no coinciden con el diagnóstico sobre el origen del problema. “Tenemos un compromiso con nuestros productores, que tienen que acceder a un precio justo por sus cosechas –señaló Domínguez–. Es un verdadero disparate que al productor se le esté pagando 40 o 50 dólares menos (por tonelada) de lo que debe recibir.”

Como forma de evitar que el productor deba negociar el precio bajo condiciones de necesidad, ayer el Ministerio de Agricultura dispuso, junto al Banco Nación, financiar hasta el equivalente de 300 toneladas por productor a tasa cero, como una suerte de adelanto del valor de venta. “Para aquellos productores que no pueden ser sujetos de crédito, la garantía va a ser Agricultura”, aseguró Domínguez.

Sobre el esquema más adecuado para evitar distorsiones y abusos de los exportadores tampoco hay acuerdo. El actual mecanismo de regulación está demostrando ciertas falencias. Pero frente a la postura extrema de Biolcati, proponiendo desterrar toda intervención oficial (ni siquiera para garantizar el abastecimiento interno), desde Federación Agraria y la cartera agropecuaria se analiza la alternativa de un control total de la comercialización, por vía de un organismo tipo Junta Nacional de Granos.