Las prepagas aumentarán la cuota un 15 por ciento a partir del 1º de enero. Es el segundo incremento en un año –el anterior fue del 17 por ciento– y las empresas aducen que con esta suba lograrán apenas cubrir la recomposición salarial de sus trabajadores. El adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo, Anselmo Sella, consideró que las subas “son indiscriminadas” y reclamó el dictado de un marco regulatorio, “que establezca reglas claras de funcionamiento y herramientas adecuadas para los asociados”. “No hay ninguna transparencia y nadie sabe por qué aumentan. Se manejan mezclando sus negocios privados con un sistema solidario, como es el de las obras sociales”, señaló a este diario Roberto Zorzoli, asesor técnico en la redacción del proyecto de ley de regulación de las prepagas.

En las últimas horas, los afiliados a las prepagas comenzaron a recibir las primeras cartas adelantando que desde el mes próximo comienza a regir un nuevo incremento en sus cuotas. “El aumento es del 15 por ciento y va claramente a pagar las paritarias de Fatsa (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina)”, explicó a Página/12 el titular de una de las principales firmas que operan en el país. Los empleados del sector consiguieron este año un incremento salarial del 32 por ciento, desdoblado en agosto (17) y enero (15). Las prepagas trasladaron esos aumentos de manera directa a las cuotas. “Es casi todo mano de obra intensiva, y las prepagas lo pasan a las cuotas”, afirmó el directivo.

“Si las prepagas generan su incremento sin que las autoridades ni el público que se atiende tengan conocimiento de a qué obedece, es porque no existe una estructura de costos que pueda ser analizada”, opinó el adjunto del ombudsman. El director de la prepaga se defendió asegurando que el destino de los incrementos se puede constatar en el hecho de que el sector mantiene su margen de rentabilidad en el orden del 2 y 3 por ciento. “Si bien se movieron algunos precios, es básicamente para pagar sueldos y aguinaldos”, insistió el empresario.

La estructura de esas prepagas se sostiene en buena medida por asociados que mantienen los denominados planes mejorados. Se trata de afiliados a alguna obra social que, por una diferencia –abultada–, acceden a mejores prestaciones. En este caso, las prepagas se benefician también de los incrementos salariales de sus asociados, ya que se transfieren directamente desde las obras sociales a las empresas. Por eso –señalan– que ajustaron sólo los planes que no están por obra social, sino que son carteras individuales. De todos modos, reconocieron que se hará también un ajuste en la derivación de aportes para equilibrar el costo con el precio.

“Lamentablemente, todo lo que está ocurriendo en los últimos cuatro o cinco años, con aumentos claramente indiscriminados en las prepagas, es consecuencia de la falta de regulación”, opinó Sella. El oficialismo presentó hace dos años un proyecto para regular la actividad de las prepagas, el cual contempla, entre otras cosas, límites a los incrementos en las cuotas y los planes. Sin embargo, la iniciativa continúa demorada en el Congreso. “La idea es que no aumenten la cuota sin una justificación. Sólo se pretende que las empresas muestren sus números”, criticó Zorzoli. “Nuestros balances son públicos”, respondió el presidente de una de las prepagas consultadas.

Fuentes legislativas reconocen que es “muy difícil” que salga una pronta aprobación del proyecto, y sostienen que las modificaciones que se realizaron en el Senado están “mal hechas”, porque deja afuera a las obras sociales, las mutuales y las cooperativas. De esta manera, las prepagas podrían utilizar algunas de estas formas para continuar con sus negocios. Pero lo que más rechazo genera respecto del proyecto es que se obligue a las prepagas a aceptar asociados con enfermedades preexistentes y a no incrementar la cuota cuando supera los 60 o 65 años. “En el primer caso, está el riesgo de que se asocien porque tienen un problema y después se vayan; y en el segundo, existe el inconveniente de que éste es un sistema de reparto y no tiene capitalización”, justificó el empresario, que insistió en que cualquier cambio llevará a que el actual sistema “deje de ser solidario”.