Cuando este miércoles se encuentren el ministro Julián Domínguez y los cuatro representantes de la Mesa de Enlace en la cartera de Agricultura y Ganadería, para discutir los problemas de los productores con la comercialización del trigo, dos modelos que confrontan entre sí estarán sobre la mesa: uno es el que pretende la prescindencia total –es decir, ausencia– del Estado en el mercado de cereales; el otro reclama una intervención más fuerte para evitar abusos de parte de los actores más poderosos. En este caso, las firmas cerealeras que dominan la exportación. Pero las aguas divisorias no dejan, precisamente, al Gobierno de un lado y a las entidades del otro, como podría suponerse. El tema es más complejo y a medida que crece el conflicto entre los sectores que componen la cadena dé comercialización del trigo, quedan a la vista otras aristas del problema. Si Federación Agraria avanzara en su cuestionamiento a las cerealeras sin medir el riesgo de quebrar la Mesa, quizá dé pie a que las autoridades asuman posiciones más firmes en materia de control del comercio de granos y de sanción a quienes abusan en su propio beneficio.

El eje del problema es que, con una de las mejores cosechas de trigo de los últimos años (se alcanzarían las 14 millones de toneladas) y con precios internacionales en uno de los rangos históricos más altos, el productor no participa de los beneficios. La cuestión es quién carga con la responsabilidad de que al productor se le paguen 200 pesos menos por tonelada que el valor de paridad que el propio ministerio reconoce como correspondiente a la actual cotización internacional.

El documento que emitió la Mesa de Enlace esta última semana, aceptando el convite del Gobierno a una reunión con Domínguez (los ruralistas habían pedido llevarle el tema a la presidenta de la Nación), reflejó de mala forma la síntesis del debate entre sus miembros. Se expresa allí “la necesidad de mecanismos que permitan la competencia y transparencia de los mercados de granos, frente a las injusticias generadas por intervenciones distorsivas y abusos de posiciones dominantes”. La fórmula pretendió resumir el reclamo de Sociedad Rural y CRA, partidarios del “libre mercado” y el Estado ausente, y la de Federación Agraria, que apunta sus principales dardos sobre los abusos de los exportadores y cuestiona el mecanismo de acuerdo de precios entre la Secretaría de Comercio y la industria molinera, de los que termina sacando provecho el sector exportador.

Más transparente fue el planteo en boca de sus actores. Hugo Biolcati (SRA) predijo que “la reunión va a ser muy breve, o acceden a nuestro pedido (eliminación del sistema de cupos y del registro de operaciones de exportación) o nos retiramos a discutir qué medidas de fuerza tomamos”. Liberar las exportaciones significa darles todo el poder a las cinco multinacionales exportadoras de granos, y es a lo que apuestan Biolcati y también CRA.

Buzzi, de Federación Agraria, busca en cambio cambiarle la cara a la intervención del Estado. Cuestiona que los mecanismos que utiliza Guillermo Moreno para evitar que aumente el costo de producción del pan representen fuertes transferencias de subsidios a la industria molinera, mientras que el productor no recibe los beneficios de un precio “pleno” por el trigo. Por eso, pidió ayer la presencia de Amado Boudou en el encuentro del miércoles. “La Secretaría de Comercio depende de Economía, y en esa área se decide cuánto se exporta, si se exporta o no”, señaló, después de acusar a Moreno de favorecer al oligopolio exportador con sus medidas de supuesto control. Adicionalmente, reiteró la convocatoria a un acto para mañana en Rufino (Santa Fe) frente a instalaciones de Cargill.

Domínguez conoce la complejidad del conflicto y sabe que la principal distorsión es el abuso de posición dominante de las cerealeras. El problema es cómo contrarrestarlo. Pero si busca consensos, difícilmente encuentre vías de acuerdo con quienes quieren borrar al Estado del mapa. Las medidas que el ministerio tomó hasta ahora han tratado de atenuar el perjuicio a los productores, con suerte parcial. Mejoró el precio de paridad y buscó concertar con exportadores y molineros una mejor retribución al productor, pero el acuerdo no se respetó. Ofreció créditos a tasa cero a la producción para que no se vieran obligados a malvender, pero el tiempo pasa y el precio no mejora. Por eso, la reunión del miércoles representa el desafío de encontrar un mecanismo distinto de intervención pública, que limite o contrapese el poder de las grandes cerealeras y garantice una distribución más justa de la renta de la producción agraria. Otra vez, apropiada por unos pocos.