Los dirigentes del campo dispusieron un nuevo cese de comercialización de granos, que comenzará el lunes próximo y se extenderá durante una semana. La medida fue anunciada ayer por los integrantes de la Mesa de Enlace luego de la infructuosa reunión que mantuvieron con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. También fue resultado de un encuentro privado de este cónclave en el que lograron consensuar un rechazo generalizado a las mejoras que el Gobierno anunció un día antes para el sector. El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, mantenía ciertos reparos a una nueva medida de fuerza, reconocieron desde su entorno. La Comisión de Enlace acudió en reclamo de una eliminación total de los cupos y una liberalización de los pedidos en el registro de operaciones de exportación (ROE) para el trigo. “No entiendo esta medida. Es exactamente lo contrario a lo que reclama el productor, que es vender”, criticó Domínguez. El ministro aseguró que “la Mesa de Enlace faltó a la verdad” y que “Satanás volvió a meter la cola, las entidades agropecuarias deberán fundamentar ante la sociedad si realizan un paro”. Domínguez insistió en que “el Gobierno cumplió oportunamente” con todo lo prometido en relación con la comercialización de trigo”.

La historia es más o menos conocida: los dirigentes ruralistas reclaman soluciones y el Gobierno anuncia una serie de medidas de apoyo a la actividad, las cuales son rechazadas por la Mesa de Enlace, que a la postre anuncia una medida de fuerza. Esta situación volvió a verificarse esta semana. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó el martes –24 horas antes del encuentro entre Domínguez y la Mesa de Enlace– una línea de crédito a tasa cero para los productores trigueros y subsidiada para otros sectores del agro. La posición intransigente de los ruralistas quedó plasmada tras el anuncio, y también las diferencias internas. El titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, calificó la medida como “espejitos de colores”. En cambio, Buzzi reconoció que era una medida histórica y que el sector productivo iba a hacer uso de esa herramienta. “Las diferencias (de opinión) son públicas. La Mesa de Enlace no es un internado de señoritas ni un monasterio”, admitía más tarde el presidente de FAA.

Al encuentro con Domínguez asistieron con igual espíritu. “No puede durar más de diez minutos”, había vaticinado el día anterior Biolcati. Tal como anticipó la Presidenta, en la reunión también estuvo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para analizar la situación de precariedad laboral del sector (ver aparte). Si bien la reunión duró algo más que lo previsto por el titular de la Sociedad Rural, no permitió acercar posiciones. La liberación de los saldos exportables de trigo, el precio que reciben los productores por el cereal y la situación de los trabajadores no registrados en el sector rural fueron los principales ejes del convite con el ministro. Los ruralistas se focalizaron en lo que consideran la “mezquindad de mantener la aplicación de cupos”. Al respecto, el ministro de Agricultura respondió que “la totalidad del saldo exportable de trigo está liberado sin cuotificación alguna”.

Buzzi sostuvo que el “pomposo” anuncio de la Presidenta no dice la verdad. “Sólo se abre un nuevo cupo que van a aprovechar las exportadoras”, agregó. “Fue raro. Generalmente salen de este tipo de reuniones e inmediatamente hacen declaraciones negativas, pero esta vez se notaron las diferencias entre ellos. Es obvio que consensuaron algo sobre lo que Buzzi debió conceder más de lo que aparenta”, relató un colaborador cercano al ministro de Agricultura. No bien concluyó el encuentro con los ministros, los dirigentes de la Mesa de Enlace anunciaron una reunión privada y una posterior conferencia de prensa.

Con algunas demoras –estaba prevista a las 15.30– tuvo lugar la conferencia. El encargado de leer el comunicado fue Biolcati. Lo secundaron Buzzi, Mario Llambías (Confederaciones Rurales) y Carlos Garetto (Coninagro). “Lo anunciado no resuelve el objetivo solicitado del normal funcionamiento de los mercados trigueros”, sentencia el texto.

El documento distribuido enuncia además una lista de nueve puntos que reclaman al gobierno nacional, encabezada por el pedido de apertura total de las exportaciones de trigo y maíz y eliminación de los cupos y restricciones a la exportación a efectos de lograr la “normalización” de los mercados. También se solicita la efectiva puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de seguimiento de la transferencia de productores hacia las multinacionales y el pago del precio lleno al trigo (FAS teórico o precio internacional menos retenciones).

Llambías aseguró que los productores de trigo tienen problemas para colocar su cosecha y que, cuando consiguen comprador, lo venden muy por debajo de los precios que corresponden. “Cuando se mira la serie histórica, siempre se mantuvo constante el mercado interno con el FAS teórico. Hoy estamos 60 dólares debajo, es decir 240 pesos”, por la falta de competencia entre los exportadores y molinos, explicó el titular de CRA. Domínguez contestó que “con los siete millones de toneladas liberadas no existe ninguna razón para que al productor no se le pague por el FAS teórico”. “Si esto es así, como dije días atrás, es porque cuatro vivos se están quedando con el esfuerzo de los productores”, opinó el ministro. “La explicación que tiene que dar el ministro es por qué por quinto año consecutivo se le está sacando parte de la producción a un sector que produce e invierte y se lo está entregando a los sectores concentrados”, sostuvo Llambías.

La Mesa de Enlace anunció que no exportará cereales y oleaginosas desde la 0 del lunes próximo hasta el domingo 24 con movilización del sector. No forman parte de estas medidas los productos perecederos ni agropecuarios industrializados para consumo interno. Además, para el miércoles 19 programaron una concentración de productores en la ciudad de Bahía Blanca para el esclarecimiento del reclamo. “El cese de comercialización al único que perjudica es al productor con necesidad de vender trigo”, concluyó Domínguez.