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Expansión agraria

Por Nicolás Arceo *

La adopción de un nuevo patrón de crecimiento tras el colapso del régimen de convertibilidad produjo alteraciones sustantivas en la distribución del excedente en el sector agropecuario pampeano, aunque no implicó una modificación de las tendencias observadas desde mediados de los años noventa en la producción sectorial, cuando se asistió al inicio de una etapa de vertiginoso crecimiento del área sembrada y de la producción. En efecto, durante la posconvertibilidad se profundizó dicho proceso pasando la superficie destinada a la producción de cereales y oleaginosas desde las 26,3 millones de hectáreas en la campaña 2000-2001 a casi 30 millones de hectáreas en la campaña 2009-2010. Este proceso se sustentó en un notorio incremento en la rentabilidad de la producción agrícola y, en particular, de la sojera, que pasó a representar casi el 62 por ciento del área sembrada en la última campaña.

La devaluación de la moneda, y el posterior mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, implicó un sensible incremento de la rentabilidad de la producción agrícola, a pesar de la aplicación de retenciones a las exportaciones desde el año 2002. En otras palabras, el nuevo “modelo productivo” permitió una mayor apropiación del excedente agrario por parte de los productores, que vieron incrementados sensiblemente sus márgenes brutos de producción desde los 209 dólares constantes por hectárea durante el régimen de convertibilidad hasta los 272 dólares en el período comprendido entre los años 2002 y 2010.

Sin embargo, esa elevada rentabilidad en dólares no da cuenta del extraordinario incremento de su capacidad adquisitiva local. Al evaluar los márgenes brutos en pesos constantes, es decir según su capacidad adquisitiva en el mercado local, se observa que los mismos pasaron de un promedio de 581 pesos por hectárea durante el régimen de convertibilidad a 1432 pesos en el período 2002-2010. Es decir, el margen agrícola en pesos constantes prácticamente triplicó los valores verificados durante la etapa previa.

A su vez, el incremento de la rentabilidad se reflejó en un aumento del valor de las tierras agrícolas pampeanas. En el caso de la zona núcleo, el precio promedio por hectárea pasó de 3109 dólares durante la vigencia del régimen de convertibilidad a casi 14.000 dólares en el año 2010. Por lo tanto, el nuevo patrón de crecimiento no sólo implicó una mayor rentabilidad de la producción agrícola, sino que posibilitó además una elevada ganancia patrimonial, la cual fue reforzada por la pesificación asimétrica de los pasivos del sector agrario tras la devaluación de la moneda a comienzos del 2002.

Se debe resaltar que la elevación de la rentabilidad de la producción agrícola fue una consecuencia directa de la política económica, ya que hasta el año 2006 los precios internacionales de los principales cultivos de exportación se mantuvieron por debajo del nivel que habían exhibido en promedio durante el régimen de convertibilidad. Efectivamente, el precio de exportación en dólares constantes de los cuatro principales cultivos pampeanos (ponderados según la superficie sembrada) se ubicó en el período 2002-2006 un 2,9 por ciento por debajo del valor registrado durante la década del noventa.

Por lo tanto, al menos hasta 2006, el incremento de la rentabilidad agraria no obedeció a la existencia de una coyuntura internacional excepcionalmente favorable, tal como se sostiene desde diversas entidades del sector, sino a la reducción de los costos de producción en dólares como consecuencia del nuevo patrón de crecimiento, cuyo eje central fue el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo. La modificación de las condiciones imperantes en el mercado mundial condujo desde 2007 a un vertiginoso ascenso en los precios de los productos agrarios, proceso que, crisis financiera mediante, posibilitó aun en un contexto de paulatina apreciación del tipo de cambio la elevación de los niveles de rentabilidad en la producción agrícola. En el año 2010, los márgenes brutos por hectárea en la producción agrícola evaluados en dólares constantes fueron un 10,6 por ciento más altos que los registrados en el período comprendido entre 2002 y 2006, cuando ya eran de por sí muy elevados en términos históricos.

En síntesis, a lo largo de la posconvertibilidad se verificó un notorio incremento en la rentabilidad de la producción agrícola. En una primera etapa, dicho proceso estuvo asociado a la presencia de un tipo de cambio real excepcionalmente elevado, en tanto que desde 2007 el aumento en los niveles de rentabilidad estuvo determinado por la sensible elevación de los precios de los productos agrícolas en el mercado mundial. Es más, la subida de los precios internacionales a lo largo de los últimos meses permite prever no sólo el mantenimiento sino también el aumento en los niveles de rentabilidad agrícola a lo largo del presente año.

* Investigador de Cifra.

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Ejemplos de intervención

Por Pablo Dragún* y Alejandra Moreno**

Durante el conflicto del Estado nacional con las entidades vinculadas al sector agropecuario suscitado a partir de la Resolución 125/2008, que modificaba el régimen de retenciones a la exportación, surgieron algunas voces que no sólo atacaron la existencia del esquema sino también la lógica de las retenciones, y algunos fueron más allá, afirmando que no debe existir intervención estatal en la operatoria del sector agropecuario. Afortunadamente, una vez corridas las anteojeras de tanto “fogueo mediático”, las retenciones a la exportación ya no son puestas en tela de juicio por la mayoría de los dirigentes, ya que se observa el efecto captador de la renta extraordinaria asociada a un factor fijo de producción, cuestión que fue explicada en profundidad por numerosos economistas y que permite que haya una mayor equiparación de tasas de ganancia. Incluso algunos actores vinculados al agro comentan por lo bajo que el esquema ideal para equiparar rentabilidades y captar las rentas extraordinarias era aquel de las retenciones móviles.

Sin embargo, se mantienen algunas voces que critican la intervención del Estado en la operatoria comercial del sector agropecuario. Afirman que con el libre juego de la oferta y la demanda se producirían mejores resultados y que la existencia de organismos de control y fiscalización dificulta a los pequeños productores antes que simplificarles la tarea. Cabe destacar que el sector agropecuario posee características particulares de mercado con importantes asimetrías. Por un lado, existen muchos oferentes atomizados y pocos compradores, lo que da una característica de oligopsonio. Por otro, una tendencia a la concentración económica por la existencia de fuertes economías de escala, así como en la comercialización internacional, donde existen unos pocos traders que concentran el flujo del comercio. Un tercer factor que es dable destacar es la existencia de un alto componente de riesgo sujeto tanto a variables de mercado como a variables climáticas. Ambas han presentado fluctuaciones violentamente cambiantes en los últimos años. Una última cuestión de suma relevancia la constituye la revolución tecnológica y la proliferación de la agricultura de contratos, que añade una mayor disparidad en la distribución de fuerzas de los agentes que se desenvuelven en un entorno donde el poder está desbalanceado.

Estas características derivan en la necesidad de intervención estatal, no sólo en la Argentina sino en todo el mundo, donde proliferan organismos de regulación y control del sector agropecuario. Algunos ejemplos son el Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (Gipsa) en Estados Unidos, que regula el cumplimiento de las leyes de granos y carnes y controla todo el desempeño de las cadenas; la Comisión Canadiense de Lechería (CDC), que establece cuotas de producción de leche por región y precios sostén; diversos organismos del tipo “junta de granos” en países de Europa del Este (Ucrania, Rusia y Turquía) que monopolizan las compras de granos en el mercado interno y externo utilizando su capacidad de stock para regular el mercado y estabilizar los precios de la industria, entre otras funciones. En la órbita más cercana, se puede mencionar al Instituto Nacional de Carnes (INAC), que es el organismo de regulación del mercado cárnico en el Uruguay que controla las ventas al mercado interno y la exportación, y la Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) en Brasil, que realiza compras de diversos productos en el mercado, especialmente de la agricultura familiar –con la obligación legal de abastecer un 30 por ciento de las compras institucionales estatales de la misma– forma stocks para regular el mercado doméstico y además regula los precios de los productos agrícolas.

Más allá de estos ejemplos puntuales, en todo el mundo el sector es regulado y controlado por el Estado dadas sus características antes descriptas. De hecho, en los momentos en que el Estado argentino se alejó de la función regulatoria, fundamentalmente durante la última dictadura militar y en la década del ’90, se verificó una fuerte concentración de la producción en detrimento de los productores de menor escala, que, cuando no fueron absorbidos por productores más grandes o más capitalizados, quedaron en inferioridad de condiciones para competir.

En conclusión, el adecuado funcionamiento del sector agropecuario requiere de una firme intervención estatal, que garantice el cumplimiento de las normas e impida que se establezcan prácticas abusivas de los actores más fuertes. Un marco regulatorio y políticas públicas activas se hacen necesarias para fortalecer a los pequeños productores para integrarse en torno a las distintas redes de producción agropecuarias. Por ello, cuando se pide “menos Estado” para que funcione mejor el sector, habría que ver quiénes son los beneficiarios reales de dicha ausencia. Una estrategia del sector agropecuario para un desarrollo sustentable se debería realizar con “más y mejor estado”.

* Economista UBA y AEDA.

** Economista UCA y AEDA.