La Mesa de Enlace inició hoy una nueva protesta contra la política agropecuaria oficial. Los productores no venderán cereales y oleaginosas hasta el próximo domingo a la medianoche. Reclaman la apertura total de las exportaciones para cobrar el precio pleno por el trigo (valor FOB menos derechos de exportación y otros gastos). En el Gobierno les responden que deben denunciar a quienes no lo abonan, pero ellos prefieren evitar un enfrentamiento con molinos y exportadores. “No hay ningún riesgo de desabastecimiento ni de suba de precios por este paro”, aseguró ayer el titular de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, sostuvo que “si hay un problema, hay que resolverlo con sensatez y el diálogo es el único camino”.

La última vez que la Mesa de Enlace había realizado un cese de comercialización fue en agosto de 2009, y si bien la medida se hizo notar en los mercados, hubo poca participación de los productores. El escaso entusiasmo demostrado aquella vez, los buenos precios de la mayoría de los granos y cereales, y las concesiones realizadas por el Gobierno, que repartió subsidios y dio luz verde a los aumentos de la carne y la leche, fueron determinantes para que el año pasado no se convocara a un nuevo lockout. Sólo hubo una protesta a fines de abril de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), pero una vez más contó con la indiferencia de los productores.

En esta ocasión, los precios de la mayoría de los productos siguen siendo muy favorables para los empresarios del agro, pero las regulaciones vigentes en el mercado del trigo llevaron a los dirigentes rurales a concretar una nueva protesta. En el comunicado que emitieron el miércoles se observa que sus reclamos se circunscriben al mercado de granos. Además de la apertura total de las exportaciones de trigo y maíz, piden que se les garantice el precio pleno y se indemnice a los que vendieron por debajo de ese valor, que se paguen las compensaciones atrasadas, el cumplimiento de los planes Maíz Plus y Trigo Plus, el reintegro de las retenciones de IVA y un reordeamiento del comercio exterior, incluyendo la puesta en funcionamiento de una Comisión Bicameral para analizar la transferencia de su renta a las exportadoras.

El gobierno anunció la liberación de los saldos exportables, pero los productores quieren que se elimine el sistema de cupos a través del cual se administran las exportaciones de trigo de acuerdo al stock para garantizar el abastecimiento interno. Afirman que debido a ese sistema no hay certeza sobre cuándo se va a exportar y entonces las cerealeras muchas veces pagan por debajo del precio pleno vigente al momento de la compra y así se cubren frente a una eventual baja de la cotización que pudiera producirse cuando tienen que efectivizar la exportación. El problema es que si después, en lugar de caer, el precio se mantiene o sube, no compensan al productor por lo que le pagaron de menos. Los ruralistas también se quejan porque dicen que muchas veces esa falta de certeza sobre cuándo se va a exportar lleva a las exportadoras a retirarse del mercado dejando sin competencia a los molinos, los cuales tampoco pagan el precio pleno por el cereal. Biolcati afirmó ayer que, a raíz de esa situación, en los últimos cinco años los productores le transfirieron a molinos y exportadores 2500 millones de dólares que deberían haber embolsado.

En el Gobierno responden que los molinos sólo pueden cobrar las compensaciones si acreditan el pago del precio pleno, pero al mismo tiempo reconocen que los productores en muchos casos no cobran ese valor, aunque afirman que esa situación no se va a solucionar con un cese de comercialización sino denunciando a quien paga menos de lo convenido. El problema es que a la mayoría de los productores siempre les resulta más cómodo enfrentarse con el Gobierno que con el acopiador, el molino o el exportador, porque estos son compradores con los que tratan habitualmente y temen que una denuncia derive en represalias comerciales. Además, una parte significativa de la producción de trigo se comercializa en negro y en ese caso, obviamente, el productor no puede ir a denunciar ante el Gobierno que el comprador no cumple con el precio pleno.

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