El conflicto con el núcleo de la producción agropecuaria más rentable, que adquirió mayor intensidad a partir de marzo de 2008 por la resistencia a los derechos de exportación móviles, derivó en un proceso notable: la exteriorización, con alcance masivo, de riquezas y miserias de un sector relevante de la actividad económica. Hasta esa explosión, la realidad del campo se difundía por la suerte del clima y las cosechas, las jornadas de diferentes record en la Exposición de Palermo, las alianzas políticas conservadoras de grupos reaccionarios reunidos en la Sociedad Rural, los festivales de doma y folklore y algunas protestas de productores pequeños y medianos que adquirían repercusión nacional, aunque con escasa reacción en la esfera política, como prueba la desaparición de 80 mil explotaciones entre los censos agropecuarios de 1988 y 2002. La situación del campo estaba reservada a especialistas sectoriales y a un lugar marginal de la difusión informativa con su respectivo anunciante privado. A partir de la actual crisis muchos cientistas sociales redescubrieron la problemática agraria y empezaron a preparar sus investigaciones. El tema agropecuario es dominante si se aspira a comprender el sendero histórico del desarrollo argentino. Sus protagonistas han sido sujetos fundamentales en la construcción del imaginario colectivo sobre el destino de país. La particularidad del momento es que la cuestión agropecuaria ha adquirido una centralidad avasalladora en el debate económico. Ese lugar preponderante se explica por la irrupción de un poder económico que aspira a ser hegemónico, que ha estado presente a lo largo de la historia nacional y que se ha reconfigurado desde mediados de la década del noventa, con más fuerza en la primera década del nuevo siglo, con actores de las finanzas y de la industria. En la batalla contra la Resolución 125 ese viejo-nuevo poder se hizo visible para ocupar y no abandonar el centro del escenario económico-político.

La revolución tecno-productiva, con el ciclo siembra directa-semilla transgénica-herbicidas, y precios de los commodities elevados con una moneda doméstica maxidevaluada, junto a una reversión del ciclo local de valorización financiera, han sido las principales condiciones para la conformación de ese núcleo de poder atravesado por una trama multinacional. Su predominio no desplaza la existencia de una gran heterogeneidad de la estructura agraria con su diversidad de agentes sociales. La actividad agropecuaria está integrada por variados subsectores con sus respectivos procesos productivos que requieren de abordajes específicos. En estos años de discusión sobre la distribución de la renta agraria, esas situaciones que en gran medida involucra a pequeños y medianos productores, como la actual tensión por la comercialización del trigo, han provocado desvíos en hacer evidente el avance de ese viejo-nuevo poder económico.

Pese al agotamiento de adjetivos descalificativos de dirigentes de las entidades patronales del campo, y que en estos años ha sido su más dura pelea política, la administración kirchnerista no tuvo la intención de desarticular el modelo de organización productiva en el agro expresada en ese bloque de poder. En los últimos dos años, ha comenzado una incipiente, a veces contradictoria, revisión, forzada por la derrota de la 125, reconociendo la presencia de otros sujetos agrarios. Esto hace más compleja la comprensión de la tensión política con el núcleo dominante del campo y para descubrir los mecanismos de construcción de ese orden económico. Una enseñanza de este largo conflicto es que mostró cómo reaccionan grupos económicos ante una gestión política que pretende intervenir en cómo se reparten rentas extraordinarias. Excedentes que dependiendo de cómo se distribuyen entre los actores sociales determina el modelo de desarrollo. Esta disputa es por uno agroindustrial exportador, entendiendo industrial por la molienda de la soja en aceite, o por uno de reindustrialización, con un patrón que aún no está revisado en profundidad.

Esa tensión constante fue provocando en el Gobierno una reacción defensiva virtuosa que, para dar respuestas a demandas puntuales de los productores, ha instrumentado medidas y organismos de control que exigen el blanqueo de la actividad. Esa estrategia profundizó la brecha con toda la cadena agropecuaria, ya no sólo por las retenciones, modelo de desarrollo y bloque de poder económico, sino por el elevadísimo grado de informalidad del sector, que quedó en evidencia por la propia dinámica del conflicto. Un porcentaje importante de las operaciones agropecuarias violan las reglas fiscales en el eslabón de la comercialización y de la exportación con el consiguiente empleo de trabajadores en el marco de la informalidad, en algunos casos en condiciones infrahumanas. En esa instancia, además de cuestionar el Estado por fijar retenciones, el reclamo ideológico y político por la acción estatal en el mercado agropecuario está motivado por su intervención en la fiscalización de sus cuentas y relaciones laborales. Por eso no hubo ni habrá medidas oficiales, ni una nueva Junta Nacional de Granos para proteger a los pequeños productores, que aplacará la resistencia de un sector acostumbrado a operar parte de su producción en el circuito informal.

En este proceso complicado, una cuestión básica de cualquier análisis es considerar que a partir de la derrota de la 125 la administración kirchnerista quedó a la defensiva, aunque sin levantar la bandera blanca como aspiraban la Sociedad Rural junto a sus socios históricos y los nuevos entusiastas. La creación de un ministerio del área y la sucesión de medidas, incluyendo subsidios y abundantes fondos de asistencia, a favor de los productores forma parte de ese contexto político. El Gobierno ha brindado beneficios que en cualquier análisis comparativo con otras actividades productivas serían considerados exagerados. Un problema puntual en el eslabón de comercialización del trigo, que se explica por los tradicionales abusos monopsónicos (concentración de compradores, acopiadores, molinería y exportadores) junto a la existencia del circuito marginal de venta, se abordó primero con un acuerdo-compromiso de pagar el “precio pleno” y luego ante la deficiencia de esa iniciativa se liberó las exportaciones y se lanzó una línea de crédito por 840 millones de pesos a tasa cero para los trigueros.

El informe más reciente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria sobre la rentabilidad del productor triguero da cuenta de su bonanza, resultados publicados en Página/12 el jueves pasado. Ese relevamiento está en línea con el elaborado por la Bolsa de Cereales, que en su último reporte destaca que “el inminente cierre de la campaña triguera 2010/11 lograría una productividad de 34,5qq/ha, record histórico del cultivo en nuestro país. Perfilando así una producción final de 15 millones de toneladas, 7,1 millones más que la pasada campaña”. La estación experimental INTA Pergamino calculó que el margen bruto promedio de rentabilidad de la producción triguera, con los descuentos adicionales de molinos y exportadores, se ubica en unos 173 dólares, cuando la media histórica es de 110 dólares. Ese resultado es el segundo mejor, después de 2008, desde la salida de la convertibilidad, y sólo detrás del registrado en 1996 durante esa década. O sea, la cosecha 2010 de trigo es la tercera mejor de los últimos veinte años en rentabilidad para el productor. Para la presente campaña, el INTA estimó que un productor pequeño de hasta 80 hectáreas obtendrá entre 13.840 y 24.000 dólares por el trigo, y uno de tamaño medio, de unas 200 hectáreas, recibirá de 34.600 a 60.200 dólares.

Hoy es el trigo, ayer fue la carne, mañana será el maíz, la leche o el girasol, y después, las retenciones a la soja. En cada uno de esos reclamos, mientras van capturando cada uno de los beneficios otorgados por el Gobierno, como el de los créditos trigueros que referentes del sector recomiendan ansiosos aceptarlos, se expresa la presencia dominante del viejo-nuevo poder económico instalado ya como un actor central de la escena nacional.

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