El gobierno nacional publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto que formaliza el aumento de las tarifas de electricidad y gas natural distribuido por redes. La medida volvió a ser rechazada por los defensores del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, que se presentaron a la Justicia pidiendo un recurso de amparo que congele su aplicación. También hicieron oír sus voces de protesta representantes de la producción. Y no les faltan argumentos: en el caso de las tarifas eléctricas, el incremento que les corresponde a los consumos industriales va del 12,9 al 14,2 por ciento, según la distribuidora que le corresponda.
Vanamente, el jefe de Gabinete reiteró el argumento de que el aumento tendrá una incidencia “mínima” en el bolsillo de los consumidores. La defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, quien ya había radicado una acción contra el decreto que devolvió al Ejecutivo la facultad de disponer aumentos tarifarios provisorios modificando parcialmente la ley de Emergencia Económica, ayer atacó el Decreto 146/03, que dispuso los aumentos del 7,2 y 9 por ciento en promedio en los servicios de gas y energía eléctrica. La acción de amparo que presentó ante la Justicia incluye el pedido de una medida cautelar de “no innovar” para frenar la aplicación del nuevo cuadro tarifario.
El escrito fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y tendrá asignado un juez definitivo a partir del lunes próximo, cuando se reanudará la actividad tras la feria judicial de verano. “Confiamos en que se hará justicia nuevamente y se evitará la puesta en práctica de un tarifazo, que ningún consumidor está en condiciones de soportar”, señaló Oliveira.
Mientras el ajuste en los precios del gas es aplicable en todo el país, mediante el servicio que prestan las nueve distribuidoras regionales, en el caso de la electricidad la resolución sólo tiene efecto en el Gran Buenos Aires y Gran La Plata, áreas atendidas por Edenor, Edesur y Edelap. Las demás distribuidoras dependen de gobiernos y regulaciones provinciales, en cuyo ámbito se decidirá si se aplican aumentos acorde a los dispuestos en el área metropolitana.
Tal como lo planteó reiteradamente el gobierno, el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial justifica el aumento de tarifas en la necesidad de “mantener la prestación en niveles adecuados de calidad y seguridad”. En el caso de las tarifas eléctricas, la meta buscada fue aumentar en un 10 por ciento los ingresos de las empresas. Para ello, teniendo en cuenta que los consumidores de menos de 300 kw/hora por bimestre (categoría residencial T1R1) quedarán al margen del ajuste, las demás categorías sufrirían incrementos de mayor magnitud para alcanzar aquel promedio. Los más afectados resultaron los consumidores de la franja T2, típicamente clientes industriales. Los aumentos previstos para este sector son del 12,9 por ciento para los clientes de Edenor, 13,3 por ciento los de Edesur y 14,2 por ciento en Edelap.
El aumento fue duramente criticado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), que advirtió que “seguiremos resistiendo el tarifazo junto a las asociaciones de usuarios, la Defensoría del Pueblo, los trabajadores y el resto de las organizaciones políticas y sociales”. Su titular, Francisco dos Reis, apuntó que “un aumento en los servicios públicos, que para el sector pyme llegaría casi al 20 por ciento, sería un golpe muy duro para el empobrecido mercado interno”.
Paralelamente, y en rechazo a los anunciados aumentos de los peajes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, un núcleo de entidades encabezado por el Frente Agropecuario Nacional se presentó ante la Justicia. Los responsables señalaron que se había reclamado “la suspensión” de la consulta pública prevista, por su carácter “discriminatorio”, así como la devolución a los usuarios, de los fondos percibidos por las empresas concesionarias, mediante “reiterados aumentos de precios que se produjeronal ser incorporados a la tarifa establecida la tasa de inflación de los Estados Unidos”. La acción judicial busca frenar los aumentos de más del 70 por ciento previstos para las tarifas de peaje de los accesos a Buenos Aires: Accesos Norte y Oeste, y Autopistas Ezeiza-Cañuelas y Buenos Aires-La Plata.