En el cuarto trimestre de 2010, las familias que pertenecen el decil más alto de la sociedad recibieron ingresos 16 veces más altos que el 10 por ciento más pobre. En 2003, la diferencia era de 37 veces. Así, la caída de la desigualdad entre puntas en los últimos siete años fue del 54 por ciento. Página/12 accedió a un adelanto de datos de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares, que señala que en los últimos tres meses del año pasado mejoraron todos los indicadores de distribución del ingreso. El índice Gini, utilizado por la OCDE para comparar la desigualdad en todos los países pertenecientes a la ONU, cayó a 0,39. Este registro mide el grado de desigualdad de 0 a 1, siendo cero el mejor valor de igualdad y 1 el peor. En 2003 había llegado a 0,54. En siete años se redujo un 29 por ciento. La participación de los ingresos de los trabajadores en la economía, que en 2003 era del 34,6 por ciento, llegó a fin de año al 44,9 por ciento, cada vez más cerca del 50 por ciento alcanzado en el primer gobierno de Perón. Esta mejora en la distribución de los ingresos se da en un momento en que –según datos de OCDE– 19 de los primeros 20 países del mundo por PBI empeoraron sus indicadores de igualdad en la última década. Si se mide el índice Gini sólo entre los trabajadores registrados, el resultado es de 0,30, similar a la media de la UE.

Empleo y subsidios

Aunque es un lugar común entre muchos políticos de la oposición y algunos medios de comunicación que el Estado les quita ingresos a trabajadores para distribuir entre “pobres vagos e inmigrantes”, según un informe del Ministerio de Trabajo, el 88 por ciento de la mejora del índice Gini se debió a la evolución de la masa de ingreso de los trabajadores. Esto resultó de la creación de 4,9 millones de empleos y un alza del 259 por ciento promedio en los salarios. “El marco macroeconómico, que permitió la creación de millones de puestos de trabajo y la suba de salarios surgida de la fuerte mejora en el Salario Mínimo Vital y Móvil y las negociaciones colectivas, fue el principal factor de la mejora en la distribución de los ingresos”, señaló a este medio el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. La mejora en la distribución del ingreso entre los trabajadores se dio en los empleados registrados, no registrados e independientes.

La mejora en la distribución del ingreso resulta en múltiples beneficios: menor conflictividad social, mayor seguridad y mejor salud y educación, entre otros. Pero también mejora la performance económica del país. Por el camino del absurdo (o no tanto) se puede concluir que una persona no puede consumir 20 millones de kilos de carne; pero 40 millones pueden consumir medio kilo por día y así alcanzar el máximo consumo. Por eso muchos países intentan mejorar este indicador. Pero en las últimas décadas pocos obtuvieron resultados positivos. Según el Informe de Desarrollo Humano de la ONU del año 2010, el índice Gini para Namibia es 0,743, la situación de máxima desigualdad en el mundo, mientras que el de Dinamarca es de 0,247, el país más igualitario. La Argentina, con la caída en el último trimestre de 2010 a 0,39, se acerca a países desarrollados con un amplio estado de bienestar, como Gran Bretaña e Italia, que registran un Gini de 0,36, y queda en mejores condiciones de igualdad que Estados Unidos, con un Gini de 0,41, China (0,42), México (0,51), Chile (0,52) y Brasil (0,55).

El informe de la cartera laboral señala que el 56 por ciento de la mejora del índice Gini se debe asimismo a la mejora en la igualdad de los trabajadores registrados; el 24 por ciento es el resultado de la evolución de los ingresos de los trabajadores independientes; el 8 por ciento al mercado de los trabajadores no registrados y el 12 por ciento al segmento de la sociedad que recibe haberes o subsidios públicos.

En el mundo

Con el establecimiento de políticas económicas neoliberales de los últimos treinta años, la desigualdad de ingresos creció en casi todos los países del mundo. Según datos de OCDE, en la Unión Europea el índice Gini empeoró un 25 por ciento entre 1990 y 2010. El valor de la equidad en las agendas nacionales e internacionales se ha instalado tanto en el centro discursivo de la política como en la implementación de políticas públicas. Un informe producido por el G-20 a fines del año pasado señala: “Estamos ante el desafío de lograr un crecimiento económico que no riña con el logro de la igualdad, y en donde la política macroeconómica y social proteja a todos los ciudadanos, superando las condiciones de vulnerabilidad, promoviendo la generación de empleos de calidad y extendiendo los sistemas de protección social. De este modo se reafirma el valor de la equidad como cimiento fundamental para alcanzar el progreso económico y social de los países”.

La reestatización del régimen jubilatorio, el ingreso al sistema de 2,4 millones de nuevos beneficiarios, los 17 aumentos de salario en los últimos siete años y la implementación de dos subas anuales automáticas en los haberes determinó una fuerte mejora en la distribución de los ingresos entre el sector pasivo. En 2003, la concentración de las jubilaciones y pensiones era del 0,63 y en 2010 se presenta la concentración más baja de toda la década, con un Gini en el régimen previsional de 0,36. Esto indica que esta fuente de ingreso se ha extendido a un mayor número de hogares de deciles de ingreso bajo, mientras que durante la década del ’90 presentó una tendencia a la concentración en los hogares de ingreso más alto. Además, las jubilaciones y pensiones aumentaron su participación relativa en el total de los ingresos de los hogares un 27 por ciento desde 2003.

El proceso de empeoramiento distributivo operó durante toda la década del ¾90. Esta tendencia se enmarca en una de más largo plazo que comenzó a evidenciarse desde 1976 con el cambio del régimen macroeconómico implementado por la dictadura militar. A partir del nuevo régimen macroeconómico en 2003 se observa un cambio en la tendencia de la desigualdad, que se vio menguada hacia 2009 por los efectos que la crisis internacional tuvo en la economía argentina, pero que se revirtió en 2010, en gran parte por la implementación de la Asignación Universal por Hijo.

Las transferencias del Estado favorecieron la caída en la desigualdad tanto por el efecto participación como por el efecto concentración. Para enmarcar el análisis de dichos efectos es preciso recordar que, en octubre de 2009, el gobierno nacional modificó el sistema de asignaciones familiares contributivas de los trabajadores asalariados registrados, extendiendo la prestación a los hijos de desocupados y trabajadores informales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) estableció un monto de 180 pesos por cada menor en familias cuyos padres o tutores responsables se encuentren desocupados o trabajen en condición de informales, cifra que luego se elevó a 220 pesos. La AUH tiene una excelente focalización en los hogares de menores ingresos. Por otra parte, la participación de las transferencias del Estado en la composición de los ingresos de los hogares aumentó con la AUH, llegando esta fuente a representar 1,2 por ciento, un 154 por ciento más que el promedio de la década del ’90.

La mejora en la competitividad de la economía y el sostenimiento del superávit externo, la promoción de la inversión pública y privada, y un fuerte impulso a la demanda doméstica como motor del crecimiento económico, fueron aspectos del modelo económico que han tenido un impacto positivo en el nivel de actividad y en el mercado laboral. Además fueron acompañados de las políticas de empleo, ingresos y protección social, que se concibieron en el país como parte constitutiva de las políticas macroeconómicas y permitieron una mejora importante de las condiciones de vida.

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