Las últimas disposiciones adoptadas por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Comercio Interior, en relación con los aumentos de precios de Shell, Cablevisión y Techint, se encuentran en sintonía con la línea política inclusiva del Gobierno. La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de defender los bolsillos de los ciudadanos consumidores, para que el crecimiento económico llegue también a los más desfavorecidos, es parte de un modelo de país solidario y distributivo.

Resulta necesario recordar que, producto de políticas económicas anteriores, nuestro país presenta un esquema altamente concentrado, tanto en la producción como en la comercialización de bienes y servicios. La situación dominante de estas empresas implica el padecimiento de mercados poco competitivos, en donde los sectores oligopólicos se encuentran en condiciones de imponer los precios. Las condiciones de venta decididas por estas empresas afectan al ciudadano tanto de manera directa (Shell y Cablevisión) como indirecta (Techint), debido a que el insumo que produce luego es utilizado en la fabricación de productos y bienes para el consumo masivo (alimentos enlatados, electrodomésticos, etcétera).

En reiteradas ocasiones, estas empresas también incurren en prácticas abusivas en perjuicio de las pymes, que no tienen posibilidad de recurrir a otros mercados para lograr mejores condiciones y precios. Mientras se van creando nuevas empresas e industrias, y se amplía la oferta de bienes y servicios para procurar mayor competencia, existen normas específicas, como la ley de Defensa de la Competencia, de Abastecimiento, Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor. De esta manera, el Estado puede intervenir regulando los mercados y cumpliendo con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional.

Los sectores políticos, económicos y mediáticos que no están de acuerdo con este proyecto de una Argentina inclusiva para todos, iniciado en 2003 con Néstor Kirchner y profundizado hoy por nuestra Presidenta, insisten en querer desinformar respecto de las causas y responsabilidades en los aumentos de precios. A su vez se oponen a la aplicación de las leyes que promueven la competencia, la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Economistas y expertos han refutado con mayor autoridad y conocimiento los argumentos referidos a que la suba de precios se debe al aumento del gasto público, a la expansión monetaria y al aumento de salarios. En realidad, estos movimientos al alza que se inscriben en nuestro país, encuentran su causa en la vocación mayoritaria e histórica de los empresarios de maximizar sus beneficios en el corto plazo, sin importar las consecuencias directas. Se apropian de los mejores ingresos de los trabajadores y jubilados, como así también de los de las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, subiendo los precios de los bienes y servicios más demandados por estos sectores.

Es decir, una vez más prefieren ganar más vendiendo menos y más caro que vendiendo más cantidad y a igual precio. Frente a esta puja distributiva, nuestra conducta como ciudadanos consumidores también es co-responsable de lo que suceda en el mercado. Ante la dispersión de precios que encontramos, premiemos con nuestra compra a aquellos que actúan y venden a valores razonables y no a quienes se aprovechan y abusan, en definitiva, de los que menos tienen.

* Embajadora en México. Ex secretaria nacional de Defensa del Consumidor.