ECONOMíA › TEMAS DE DEBATE: MERCADO INTERNO Y EXPORTACIONES
Entre 2003 y 2010, las ventas al exterior crecieron 14,2 por ciento anual, superando el promedio de la convertibilidad. Existe una relación positiva entre la expansión del mercado interno y el crecimiento de las exportaciones.
Producción: Tomás Lukin
Por M. Alejandro Peirano *
Las exportaciones argentinas en el año 2010 mostraron una fuerte recuperación, luego de que la crisis financiera global que comenzó en octubre de 2008 generara una marcada caída en el volumen de las exportaciones mundiales. De acuerdo con cifras del BID, las exportaciones de nuestro país en 2010 crecieron un 24 por ciento, superando los 69.000 millones de dólares, monto levemente por debajo del record exportador del 2008. Así, culminan siete años donde las exportaciones generaron un ingreso genuino de divisas por 400.000 millones de dólares. En otras palabras, entre 2003 y 2010, las ventas de Argentina al exterior crecieron a razón del 14,2 por ciento anual, superando por varios puntos la tasa promedio del período de la convertibilidad.
Lejos de las posturas reduccionistas que buscan explicar este desempeño exportador puntualizando la gran suba de los commodities (principalmente la soja), el empuje del sector automotriz o la tracción que genera Brasil sobre nuestra economía, existen distintos elementos internos que indican que las razones no pueden resumirse a un simple “viento de cola” del exterior.
En primer lugar, se debe señalar que en los últimos siete años existe una relación positiva entre la expansión del mercado interno y el crecimiento de las exportaciones. Esta vinculación es diametralmente opuesta a la estrategia de la década del noventa, cuando se buscaba incrementar las ventas al exterior mediante el deterioro del poder de compra interno generando saldos exportables. La complementación entre el mercado interno y el externo fue posible gracias al conjunto de políticas económicas implementadas a partir del 2003.
En estos siete años, las exitosas políticas de empleo e ingreso, junto con políticas sociales como ser la Asignación Universal por Hijo, que incorporó a casi dos millones de hogares, permitieron constituir un mercado interno que ha dinamizado parte del crecimiento de las exportaciones.
La incorporación de sectores sociales relegados durante los noventa permitió generar un gran poder de compra interno, el cual fue y es utilizado por las empresas nacionales como plataforma hacia la inserción exterior. Gracias a la dinámica del mercado interno, las empresas locales crecen, amplían sus plantas, incrementan escalas de producción e innovan en productos y procesos. En otras palabras, las firmas logran consolidar sus posiciones en el ámbito nacional para luego poder consolidarse en mercados en los que ya actuaban, o bien explorar nuevos destinos.
Estas medidas fueron acompañadas de otras políticas que favorecieron este proceso en las firmas. Entre ellas, pueden mencionarse: un tipo de cambio competitivo para la producción nacional; políticas industriales específicas como aquellas dirigidas a las industrias del software y vitivinícola; la implementación de un cambio de estrategia con respecto a los noventa en los ámbitos de negociación internacional enriqueciendo el debate dentro del Mercosur y la utilización (moderada y sin exagerar) de instrumentos de política comercial en función de la producción nacional. De esta manera, el sector industrial recuperó el dinamismo de décadas anteriores, aportando a la economía producción con mayor valor agregado, creando numerosos puestos de trabajo, logrando reducir el flagelo de la de-socupación e incorporando a miles de familias al consumo.
En este sentido, los cambios también se manifestaron en la composición de las exportaciones. Mientras que en 2003, de cada 100 pesos exportados, 22 correspondían a productos primarios y 26 a productos industriales, en 2010, las cifras alcanzadas muestran que dicha relación se modificó notablemente: las ventas de productos industriales representan el 36 por ciento de las exportaciones totales, mientras que la comercialización de commodities mantiene su participación. A su vez, surgieron y se consolidaron nuevos sectores exportadores de alto valor agregado. Los casos más salientes son los de maquinaria agrícola, software y servicios empresariales.
Las políticas implementadas también dieron sus frutos en lo que respecta a los destinos de exportación. En los últimos siete años, además de incrementar volúmenes exportados a la Unión Europea y el Nafta, se intensificó el comercio con el Mercosur, Colombia, Venezuela, Ecuador y se logró ingresar en nuevos e interesantes mercados: Túnez, Argelia, Marruecos y Egipto son algunos de los ejemplos más exóticos.
Sin lugar a dudas, las cifras aún distan de describir una estructura productiva correspondiente a un país desarrollado, cuya matriz exportadora posea un mayor grado de diversificación en productos y destino y asegure un flujo de divisas independiente de la volatilidad de los mercados de commodities o de las bondades del clima. Sin embargo, los actuales desafíos a superar no deben ocultarnos que la estrategia de ampliación del mercado interno e incremento de exportaciones con valor agregado resultan, a diferencia de lo que se pregonaba en los noventa, un camino viable y provechoso para el país.
* Economista UBA y miembro de AEDA.
Por Pablo Ignacio García *
El superávit de las cuentas externas que viene sosteniendo la Argentina desde el año 2002 gracias a la revolución tecnológica en el agro, el incremento en la demanda y los precios de nuestras principales exportaciones y la política económica del Gobierno (tipo de cambio competitivo y desendeudamiento externo) nos permitieron evitar la histórica contradicción argentina entre expansión de la demanda interna y estrangulamiento externo, conocida como la “restricción externa”.
Esta situación, novedosa para el país, se ve reflejada en la continua expansión de la demanda interna sin la dependencia del financiamiento externo. Sin embargo, para evitar que el sendero de crecimiento encuentre piedras en el camino es necesario anticipar los problemas que puedan surgir por el lado de la oferta. Es el momento de focalizar la atención en el desarrollo de la capacidad productiva a través de la inversión.
Cuando se analiza el proceso inversor en Argentina es importante tener en cuenta las particularidades propias de nuestro país y del momento histórico. La actual etapa de fuerte y continua expansión de la economía por un lado está devolviendo la confianza a los empresarios que a lo largo de su historia han estado más acostumbrados a las crisis que al crecimiento, pero por el otro lado ejerce una fuerte demanda de infraestructura necesaria para acompañar la expansión de la producción y la inversión.
La inversión pública en infraestructura es un factor clave para impulsar el de- sarrollo del sector productivo. Todo empresario, antes de definir dónde instalar una nueva planta productiva o relocalizar una ya existente, lo primero que averigua son las condiciones del suministro de energía, la infraestructura de transporte, la accesibilidad a los principales mercados, puertos o aeropuertos, entre otros factores.
Satisfacer la actual demanda de infraestructura impone grandes desafíos a la hora de planificar la inversión pública, la evaluación de proyectos de inversión destinados a apuntalar el desarrollo productivo y su correcta priorización requiere de nuevas herramientas que complementen los métodos tradicionales. La estimación del valor actual neto (VAN) de la inversión, diseñado desde una lógica privada, sigue siendo la herramienta comúnmente utilizada para definir la viabilidad de un proyecto. Sin embargo, esta herramienta que estima los ingresos directos y futuros derivados de la obra pública en relación a su costo pierde de vista los impactos indirectos de la inversión en el sector productivo, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda.
Analicemos un ejemplo del sector energético. El fuerte crecimiento de la producción de los últimos años demanda cada vez más energía, a su vez Argentina tiene la particularidad de contar con sus principales fuentes de generación de energía eléctrica (Comahue, Yacyretá) alejadas de su principal centro de consumo y producción, que es el área metropolitana de Buenos Aires. Como consecuencia, el sector público debe invertir en grandes obras de infraestructura para el transporte de la energía. Un claro ejemplo es la Tercera línea de transmisión asociada a la Central Hidroeléctrica Yacyretá inaugurada en el año 2008. La misma permitió ampliar la capacidad de transporte de energía del corredor denominado NEA-Litoral-GBA que transporta la energía generada en Yacyretá y Salto Grande para abastecer principalmente el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero también permite importar energía eléctrica de nuestro vecino país Brasil en los momentos de mayor consumo (especialmente los meses de invierno).
La obra en cuestión permitió ampliar la capacidad de transporte de energía eléctrica en aproximadamente 1100 MVA, ampliando la capacidad de transporte de energía del corredor a 3300 MVA aproximadamente. La ampliación fue rápidamente absorbida por el crecimiento de la demanda de energía debida al crecimiento económico. Durante los meses de junio, julio y agosto del 2010 el corredor superó los 3000 MVAh de transmisión durante unas 180 horas, llegando a la marca de 3145 MVAh de energía transportada el 27 de julio de 2010. Pero como mencionamos anteriormente, la clave no pasa sólo por el resultado directo de la obra sino por el impacto indirecto sobre la economía del país. Según estimaciones propias y en base a datos de Cammesa y de las direcciones de estadística de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, estimamos que la energía adicional transportada gracias a la obra contribuyó al Producto Bruto Geográfico del AMBA en un 2,6 por ciento en 2008, un 1,2 por ciento en 2009 y un 4,1 por ciento considerando sólo el período de enero-agosto de 2010.
La comprensión de estos impactos es importante para continuar los esfuerzos por mejorar las metodologías de evaluación y planificación de la inversión pública. A su vez, es recomendable una mayor interacción entre el Sistema Nacional de Inversión Pública y las áreas de Gobierno que promueven la inversión privada y conocen sus necesidades de infraestructura.
* Docente FCEUBA y Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.
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