ECONOMíA › MULTARíAN A INVESTIGADORES ECONóMICOS QUE DIFUNDAN DATOS QUE INDUZCAN A ENGAñO
El propósito es verificar en qué medida las estimaciones privadas de inflación responden a estudios científicos o al propósito de inducir subas. La Secretaría de Comercio advirtió que podrían aplicarse fuertes multas.
Las consultoras privadas que evidencien inexactitudes o errores en la difusión de sus relevamientos de precios, induciendo a algún tipo de engaño, serán multadas. Así lo adelantaron ayer fuentes de la Secretaría de Comercio. Las sanciones podrían alcanzar hasta 500 mil pesos. La semana pasada, la Dirección de Lealtad Comercial, que dirige la matemática María Lucila Colombo, elevó un pedido formal a una serie de consultoras para que precisen detalles sobre la metodología que utilizan, los productos relevados y los establecimientos de donde se obtienen los datos. En la mira se encuentran los estudios Bein y Asociados, Abeceb.com, Economía y Regiones, Rubistein, Melconian, Ecolatina, Finsoport, FIEL y Buenos Aires City.
Desde que las estimaciones del Indec comenzaron a perder credibilidad, cobraron protagonismo los índices que difunden mensualmente las consultoras privadas. Sin embargo, éstas carecen de rigor científico y de recursos para igualar la amplitud de la muestra que puede detentar el organismo oficial. De todos modos, sus números suelen tomarse como válidos por algunos analistas y generar expectativas alcistas a través de la publicación de sus pronósticos. Las estimaciones de inflación realizadas por las consultoras oscilan entre 23 y 28 por ciento para 2010, mientras que el IPC-GBA relevado por el Indec acumuló en ese lapso un alza de 10,9 por ciento.
A principio de mes, Comercio solicitó a un conjunto de consultoras detalles de su manera de calcular sus respectivos índices. La intimación reclama aspectos que van desde la metodología estadística utilizada y las ponderaciones otorgadas a cada rubro, hasta los productos que relevan, los centros de venta donde se obtienen esos precios y la cantidad de encuestadores que realizan el trabajo. Las preguntas también se refieren a la forma de imputar precios cuando un producto, fundamentalmente alimentos, exhibe una marcada variación por estacionalidad. La mayoría de las empresas contestó el cuestionario enviado por la Dirección de Lealtad Comercial.
El requerimiento de información se sustenta en la Ley de Lealtad Comercial, que estipula multas de entre 100 mil y 500 mil pesos si las consultoras no entregan los datos solicitados. Sobre esta misma norma ayer se deslizó la posibilidad de que se sancione con multas de monto similar a los que difundan cifras con errores. El artículo 9 de la Ley prohíbe “manifestar inexactitudes y/o ocultamientos que inducen a error, engaño o confusión respecto de determinadas cuestiones comerciales, produciendo tanto a la población como a los comerciantes incertidumbres respecto de los precios”.
Por su parte, anteanoche la cartera que conduce Guillermo Moreno realizó un requerimiento a la consultora Buenos Aires City, que dirige Graciela Bevacqua, en el domicilio particular de su titular, porque la firma no tiene oficina ni teléfono comercial. El procedimiento fue dispuesto por el organismo para todas las consultoras, y el caso llamó la atención de los funcionarios, porque lo habitual es que las empresas del ramo posean un local habilitado para recibir a sus clientes y organizar las tareas. La consultora Buenos Aires City recibió en los últimos tiempos cuestionamientos de especialistas debido a la difusión de indicadores que contrastaban abiertamente con los señalados por otras empresas privadas y por el Indec.
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