ECONOMíA › PANORAMA ECONóMICO
› Por David Cufré
Después de caer 10,9 por ciento en 2002, la economía argentina encadenó subas del 8,8 por ciento en 2003, 9,0 en 2004, 9,2 en 2005, 8,5 en 2006, 8,7 en 2007 y 7,0 en 2008. En 2009 la expansión del PIB medida por el Indec fue del 0,9 por ciento, mientras que consultoras privadas arriesgaron caídas de entre uno y dos por ciento, igualmente moderadas si se toma en cuenta que a nivel internacional se producía la crisis más aguda en décadas. El instituto de estadísticas presentó ayer el dato preliminar de crecimiento de 2010. Fue del 9,1 por ciento, luego de cerrar el año con un alza del 9,4 por ciento en diciembre en comparación con igual mes de 2009 y del 1,1 en relación con noviembre. El arranque de 2011 confirmó la continuidad de esa tendencia, con varios booms durante el verano, como el movimiento turístico, las ventas de autos, el crecimiento industrial y las exportaciones. La proyección para el año es que el PIB volverá a escalar a tasas chinas, aunque a esta altura ya se puede hablar de tasas argentinas. No hay otro período histórico del país con tantos indicadores en positivo al mismo tiempo, más allá de todas las carencias e inequidades por abordar y de los reparos que puedan merecer las cifras del Indec.
Atribuir esos resultados macroeconómicos al viento de cola del exterior, por los buenos precios históricos de las materias primas, evidencia la pobre capacidad de comprensión del actual proceso. Esa lectura ya era limitada en 2003 y 2004, cuando economistas ortodoxos se empeñaban en identificar los altos niveles de crecimiento de entonces como un veranito o el rebote del gato muerto, ahora la repetición del argumento es puro empecinamiento. Desde las usinas más consultadas por los medios masivos se insiste en negar una evaluación ajustada de lo que ha ocurrido estos años, tal vez porque un reconocimiento explícito de las acciones de política económica llevadas a cabo desde el Estado derrumbaría más de una de las muletillas que repitieron y repiten: no hay seguridad jurídica para la inversión, el clima de negocios no es el apropiado, el país no es confiable en el exterior, el modelo no es sustentable, o más en boga, la inflación es consecuencia de la emisión, el gasto público y las presiones salariales. También se dice que el Gobierno desaprovechó una oportunidad histórica con su estrategia y que si hubiera dispensado un trato más ventajoso al sector privado el crecimiento habría sido superior. Es decir, lo que se hace no alcanza.
Lo que habría que hacer, siguiendo esa lógica, es aplicar una política monetaria contractiva, un ajuste de las erogaciones del Estado y llamar a los sindicatos a bajar las pretensiones salariales o, mejor, desactivar la convocatoria a paritarias y al Consejo del Salario Mínimo. También habría que terminar con el uso de reservas del Banco Central para cancelar deuda y utilizar fondos del Presupuesto para tal fin o bien volver a endeudar al Estado en los mercados voluntarios. Como todas esas medidas tenderían a deprimir el crecimiento, golpearían sobre el mercado interno y acabarían con varios booms, para compensarlo debería producirse una explosión de la inversión orientada a generar saldos exportables más voluminosos que los actuales. Si eso funcionara, y en términos macroeconómicos las tasas de crecimiento se mantuvieran igual que ahora o fueran superiores, lo que esas recomendaciones no terminan de explicar es cómo harían para revertir las nefastas consecuencias sobre la distribución del ingreso y la apropiación de rentas extraordinarias por una minoría.
Hoy parece ciencia ficción una imposición de las recetas de la ortodoxia. Porque lo que se afianzó es un modelo orientado a la producción, al mercado interno, con un tipo de cambio competitivo y, sobre todo, con una intervención cada vez más decidida del Estado en la economía, con una preeminencia de la política sobre visiones tecnócratas.
En lo que va del verano se pudo observar una profundización del Gobierno en esa línea, a través de la reedición del Fondo del Desendeudamiento con reservas del Banco Central, el aumento del 17,3 por ciento para las jubilaciones, la aplicación de la Ley de Abastecimiento para retrotraer aumentos de precios de Shell, Techint y Cablevisión, el avance todavía tímido de creación de canales alternativos de venta masiva de productos de la canasta básica con nuevos mercados concentradores y el programa milanesas para todos, la incorporación de doscientos nuevos productos al sistema de licencias no automáticas de importación para resguardar la producción nacional, la canasta de artículos escolares y, si se quiere, los resarcimientos a usuarios de Edesur, Edenor y Edelap por los cortes de energía del verano.
La industria, el sector rural, los servicios, las actividades ligadas al consumo, la construcción, la inversión y las exportaciones registraron en 2010 mejoras significativas, en la mayoría de los casos recuperando no sólo las pérdidas de 2009, sino superando los máximos históricos anteriores, registrados de 2008. A nivel macro, el Gobierno sigue demostrando que encontró la fórmula, que, como todo, siempre deberá mejorar para encontrar soluciones a los múltiples desafíos todavía pendientes.
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